Inaudita e incomprensible decisión de la CIDH

En vez de ocuparse de las persecuciones a la prensa independiente, el organismo de la OEA pedirá explicaciones al Gobierno sobre los cambios a la ley de medios
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19 de marzo de 2016  

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de llamar al Estado argentino a una audiencia pública para tratar, el 8 de abril próximo, en Washington, el "derecho a la libertad de expresión y los cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual" es inaudita, incomprensible y va en detrimento de las auténticas urgencias que la libertad de expresión vive en América latina y en la Argentina.

Es inaudita porque, hasta donde se sabe, no existen antecedentes de que se llame a un gobierno a exponer sobre sus decisiones tomadas antes de que se cumplan 60 días de su asunción. En esta oportunidad, la administración de Mauricio Macri deberá defender la legalidad y pertinencia del decreto de necesidad y urgencia del año pasado que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones y puso en marcha un proceso de debate para fusionar esas normas en una nueva ley.

La comisión que producirá un anteproyecto ya está conformada y la integran prestigiosos especialistas en radiodifusión, telecomunicaciones, derecho constitucional y filosofía: Santiago Kovadloff, Andrés Gil Domínguez, Héctor Huici, Alejandro Pereyra, Henoch Aguiar y Silvana Giúdici. El proceso de trabajo incluye en esta etapa amplias rondas de consulta, y en su tratamiento legislativo promete sumar audiencias públicas.

Pero la decisión de la CIDH es sobre todo incomprensible porque el planteo no tiene relación con la agenda urgente de la libertad de expresión en nuestros países. En América latina, esas urgencias pasan por la defensa de la vida de los periodistas, que son asesinados por el narcotráfico y las bandas criminales en México, Honduras y Paraguay, entre otros países. A eso se suma la persecución que las empresas periodísticas y los profesionales de la comunicación vienen sufriendo a través de decisiones de facto o por medio de leyes restrictivas de la libertad en Venezuela o Ecuador. En este último país, los medios están obligados a publicar pedidos de disculpas a los funcionarios, incluso para retractarse de caricaturas o piezas humorísticas. Allí, el Estado estuvo a punto de disolver Fundamedios, entidad dedicada a la promoción de la libertad de expresión y el periodismo, acusándola de "hacer política" a través de su cuenta de Twitter.

En la Argentina, gracias a que las instituciones aunque imperfectas y condicionadas aún funcionan, la agenda de la libertad de expresión no pasa por la protección de la vida de los periodistas, sino por el desmantelamiento de las barreras que impiden un mejor ejercicio del periodismo: la sanción de una ley de acceso a la información pública y la apertura por default de los datos del Estado, la profesionalización de la gestión de los medios de comunicación estatales y la reglamentación de un esquema claro de distribución de la publicidad oficial, entre otras cosas.

En esa línea, y en contacto con entidades profesionales y empresarias, y organizaciones de la sociedad civil, venía trabajando la nueva administración nacional cuando recibió la convocatoria a la audiencia pública, impulsada por la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, pero solicitada formalmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Sindicato Argentino de Televisión, entre otras organizaciones. Todas estas entidades tienen como directivo o asesor legal a Damián Loreti, autor del texto original de lo que luego se convirtió en ley de medios audiovisuales.

La sanción de una ley de acceso a la información pública que ayude a transparentar el Estado y satisfaga un viejo reclamo de la sociedad en general y del periodismo en particular parece estar cerca. La designación de los periodistas Néstor Sclauzero presidente del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) al frente de los noticieros de la TV Pública, de Ana Gerschenson en Radio Nacional y de Rodolfo Pousá en la agencia Télam expresa, al menos, la intención de profesionalizar la gestión de esas empresas de comunicación, dominadas en la última década por militantes que pusieron los recursos del Estado al servicio del partido kirchnerista. La búsqueda de racionalizar y establecer criterios claros de distribución de la publicidad oficial también está en la agenda del nuevo gobierno, que ha consultado a casi todos los actores involucrados y estudia modelos alternativos en el exterior para adaptar a la situación argentina, por demás compleja.

A todo esto se suma el hecho de que las conferencias de prensa abiertas a todos los medios son habituales y los funcionarios empezando por el presidente Macri y sus ministros se exponen frecuentemente a las preguntas del periodismo, algo poco visto en los últimos años.

En 2013, la CIDH se había hecho eco de un grupo de periodistas que reclamaron precisamente estas cosas ante ese organismo, que es uno de los dos que forman el sistema interamericano de derechos humanos en el ámbito de la OEA. Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Alfredo Leuco, Luis Majul, Mariano Obarrio y Pepe Eliaschev (fallecido algunos meses después) denunciaron la persecución ideológica contra el periodismo y las empresas periodísticas, las presiones económicas y sobre los anunciantes, y el hostigamiento público hacia los profesionales de la comunicación.

Aunque el título no lo exprese, la audiencia del 8 de abril girará en torno de la "concentración de la propiedad de los medios de radiodifusión", tema que es eje de la gestión del nuevo relator de la libertad de expresión, el uruguayo Edison Lanza. El relator fue en su país uno de los autores de la ley audiovisual, inspirada en el texto argentino, y por su trayectoria académica y profesional está estrechamente vinculado a las organizaciones que expondrán contra el decreto del actual gobierno. Si la preocupación está centrada en la concentración de la propiedad de los medios y si ésta puede afectar la libertad de expresión y de información, entonces, la mirada debería desplazarse de la TV abierta, la radio y la prensa gráfica medios tradicionales en plena crisis por la caída de la audiencia a los nuevos administradores de la información, los buscadores de Internet y las redes sociales dominantes, y profundizar en los aspectos técnicos que determinan a qué información es expuesto cada usuario. En eso, el carácter que el propio Lanza le ha dado a su gestión carece de un enfoque digital y por eso pierde de vista la relevancia de estos temas y no considera aspectos básicos como el desarrollo de redes de comunicación que permitan universalizar el acceso a una Internet de calidad para que cada ciudadano sea libre de ejercer su libertad para consumir y producir información como mejor le parezca.

Inaudita, incomprensible y extemporánea, la decisión de la CIDH también pone en riesgo la propia relevancia de este organismo que ha desempeñado un papel central en la democratización del continente.

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