Inflación, clave de las renuncias y del malestar creciente

La gran mayoría de los países de América del Sur padeció tradicionalmente el karma de la alta inflación, hasta el punto de ser llamado el “continente de la inflación”. Ya no es así, pero con dos excepciones obvias y dolientes: la Argentina y Venezuela. Es curioso que dos países cuyos gobiernos se ven a sí mismos defensores de los más pobres lo desmientan practicando la política de alta inflación, la que más castiga a ellos. No hay “planes” capaces de compensarla. Los demás países de nuestra región han superado este flagelo, a tal punto que Sudamérica tuvo una decorosa inflación que promedió 8% anual en este siglo, hasta 2014. A partir de 2015 empezó a aumentar y se potenció con la expansión fiscal por la pandemia. Según el FMI, el año próximo bajaría, pero todavía no se puede cantar victoria y no será fácil retroceder a los valores anteriores.

La sorpresa reciente la han dado naciones con gobiernos de centroizquierda o de izquierda, como Chile, Perú y aparentemente también Colombia. Ellos se guiaron por un lema muy veraz: “La inflación daña principalmente a los pobres y es mala para cualquier sistema socioeconómico”. El caso más notable es el de Perú. El presidente de su Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, nombrado en 2006 por Alan García, fue ratificado por sus sucesores Kuczynski, Humala y, la gran sorpresa, también por el actual presidente Pedro Castillo. Sin dudas esta continuidad es una de las claves de la estabilización, y la gradual desdolarización del Perú. En contraste, la Argentina y Venezuela comparten la dolarización de facto, un camino riesgoso. Ya son tres los países de la región que han dolarizado legalmente: Panamá en 1904 y, en este siglo, Ecuador y El Salvador, mostrando que sus efectos no son tan mágicos, como suele decirse.

La dolarización tiene costos, como se observa en los países nombrados. El principal es la rigidez ante circunstancias críticas del comercio exterior, tales como una caída de los términos del intercambio externo. Nadie lo sabe, pero si la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania cesara, es bastante probable que caigan los precios de nuestras exportaciones, acentuando la escasez de dólares y de recursos fiscales y complicando bastante la situación económica en sus dos debilidades más críticas.

La lucha contra la inflación tiene dos caras. La buena es la estabilidad, que favorece a los más pobres, y la negativa es que ella suele conllevar costos, generalmente transitorios si hay detrás un buen programa económico, tales como menos empleo, al menos el estatal, y una reducción del déficit fiscal a su mínimo histórico y lo mismo cabe para su monetización. Por eso, los planes de estabilización tienen mayores chances de éxito cuanto mayor sea su apoyo político. Sus chances aumentan exponencialmente si hay acuerdos mayoritarios, al menos para un “plan de estabilización y crecimiento”. Así lo mostraron España en los 70 del siglo XX, Israel en la década siguiente, Chile en los 90 y Sudáfrica a principios del siglo XXI. La importancia del apoyo político también se observó en la Argentina, por ejemplo, hubo más planes de estabilización exitosos de los gobiernos civiles que de los militares.

Por eso los vinculamos a la Productividad Inclusiva. Aumentar la productividad por hombre ocupado es la esencia para crecer, y más aún para el desarrollo. Y la inclusión requiere un aumento cualitativo y cuantitativo de la inversión en capital humano, mediante la educación y la formación profesional. Esto se dice fácil, pero es complejo lograrlo. Por ejemplo, la obligación legal de invertir un 6% del PBI en educación se cumplió en un solo año de los últimos doce, incluyendo el actual. La calidad de la inversión ha sido claramente insatisfactoria.

Pese a la gravedad de la situación actual, hay un camino, único, para devolver la esperanza a la Argentina como país y, sobre todo, a los más necesitados. Su parte más difícil puede sintetizarse en pocas palabras: solvencia fiscal y monetaria y crecimiento sostenido.

Economista (UBA) y sociólogo (UCA); presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (junio 2022-2025)