Itatí, una muestra del avancede la narcopolítica

Pocos casos como el de Itatí ponen al desnudo la oscura pero profunda relación entre el narcotráfico, la política y altos integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad. Se trata de una relación que compromete el futuro de nuestro país. Ante lo ocurrido en la localidad correntina cabe preguntarse cuántos otros Itatí habrá en nuestro territorio.

Una investigación por narcotráfico y más de 50 allanamientos ordenados por el juez federal de la Capital Sergio Torres terminaron con las detenciones del intendente, el viceintendente y el jefe policial de la ciudad del norte correntino y el delegado de la Policía Federal, además de cinco integrantes de diferentes fuerzas de seguridad, incluyendo un comandante de la Gendarmería. Tras la denominada Operación Sapukay, se los acusa de integrar una asociación ilícita conformada por tres bandas narcos de Itatí que traficaban 15 toneladas de marihuana paraguaya por semana.

Del narcotráfico a la narcopolítica hay un trecho fácil de recorrer cuando las autoridades nacionales, provinciales y municipales deciden mirar para otro lado, ya sea por miedo o por intereses económicos. Fue lo que ocurrió durante el gobierno anterior. El narcotráfico había comenzado a avanzar con fuerza en nuestro territorio durante los años 90, pero fue durante los 12 años del kirchnerismo cuando la llamativa y sospechosa pasividad de las autoridades nacionales le permitió asentarse y crecer sin pausa. El crecimiento no sólo fue permitido por la falta de controles efectivos, sino también por las facilidades brindadas para el lavado de dinero. Esos dos aspectos convirtieron a nuestro país en una efectiva base de operaciones.

De ahí que no deba extrañar que el poder del negocio de la droga, basado en las ingentes sumas de dinero que genera y en la violencia que no vacila en desatar cuando es preciso, haya infiltrado las fuerzas policiales y de seguridad y el estamento político y el judicial, pues también hay jueces imputados.

En Rosario, las bandas de narcotraficantes combaten entre sí por los territorios y el ex jefe de la policía santafecina cayó por proteger a los narcos. En todas las provincias y también en la Capital crece el número de efectivos policiales acusados de similares complicidades. ¿Pueden ignorar los gobernadores esa realidad? ¿Podía ignorar la dirigencia política de Santa Fe lo que ocurría en su principal ciudad? ¿Podían ignorar las autoridades correntinas lo que sucedía en una ciudad pequeña como Itatí? En definitiva: ¿cuánto dinero de la droga se vuelca al financiamiento de la política en la Argentina generando lealtades y escudos de protección que terminan por colocar a la política al servicio del narcotráfico y convertir a las instituciones en cómplices y garantes de impunidad? De más está decir que una vez establecidas esas lealtades y servidumbres es imposible salirse de ellas sin graves consecuencias.

Por todo esto, los procedimientos que pusieron al descubierto lo que ocurría en Itatí son dignos de todo encomio. La investigación comenzó con el comercio de marihuana de origen paraguayo en la villa Zavaleta, en Parque Patricios, y de allí llegó a Corrientes. La hidrovía es conocida como la autopista de la droga que baja del Paraguay, especialmente marihuana, y fue una vía a la que se prestó escasa atención durante el kirchnerismo.

A poco de asumir, el actual gobierno emitió una señal positiva al reconocer el apabullante avance del narcotráfico y la necesidad de combatirlo. Al referirse a lo ocurrido en Itatí, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, especialista en la materia, afirmó que allí no sólo se desarticularon tres clanes familiares, sino también la red de connivencia política. "No sólo queremos terminar con las bandas que operan en esa zona, sino también con quienes les dan cobertura y connivencia política", expresó.

Por su parte, el juez Torres pedirá la unificación de 15 causas por drogas que se instruyen en Corrientes y que involucran a la mayoría de los detenidos. Desde 2014, esos expedientes están en manos de Carlos Soto Dávila, titular del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. Torres también quiere incluir en la investigación el delito de lavado del dinero producido por la marihuana, pues se secuestraron numerosos vehículos, lanchas y armas.

Durante demasiados años el Estado les ha dado la espalda a quienes denuncian en soledad a los narcos, como Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias, en Santa Fe. O como el sacerdote Alberto Benegas, quien desde hace nueve años efectúa similares denuncias en la localidad de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de San Martín, pese a las amenazas que recibió y al ofrecimiento de los narcos de construirle una capilla.

La Argentina parece haber empezado a reaccionar contra el imperio de la droga. La continuidad o no de esa reacción indicará hasta qué punto ha avanzado la narcopolítica.