José María Campagnoli: "La Justicia no tiene equipos independientes para investigar a funcionarios públicos"

José María Campagnoli entrena como el crack al que le toca estar en el banco de suplentes durante algunos partidos, convaleciente de alguna lesión. Como ocurrió el año pasado, después de que se quebró las costillas jugando en veteranos al rugby en CUBA, el último campeón.

El fiscal ahora está más delgado que el año pasado, cuando no podía abrochar el primer botón de la camisa y su cuello desaparecía bajo la barba. Corre por Palermo y se prepara para volver luego de cuatro meses de suspensión. Ya regresó a las canchas y al try y ahora anhela retornar a su fiscalía, de donde fue alejado tras investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero.

En este limbo institucional , suspendido por un jurado, espera. Tiene tres opciones: que la Justicia lo reponga en su cargo tras haber presentado un recurso de amparo aún irresuelto, ser absuelto en su juicio político o que simplemente el proceso sea dejado de lado.

Campagnoli cree que su suspensión, dispuesta a pedido de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por un jurado que votó por 4 a 3, "es un intento de disciplinar a los fiscales" para que no investiguen casos de corrupción que rocen al kirchnerismo, pero también "es una señal de que al poder se lo puede tocar y de que es posible hacer una investigación hasta las últimas consecuencias". Y advierte: "Los fiscales y jueces no cuentan con equipos de investigación independientes que puedan ayudar en casos que comprometen a funcionarios públicos".

Campagnoli redobla la apuesta y amenaza con ir más allá: "Por el tiempo que tuve el caso Báez, sólo 20 días hábiles, se pudo hacer el 10 por ciento de lo que se podría haber hecho. Con este mismo equipo y con más tiempo, hubiéramos hecho más", dice.

Corpulento, con la barba larga y canosa, el fiscal se arremanga, como si fuera a pelear, como si hasta la camisa más grande le quedara chica, y reclama la necesidad de una Justicia independiente y fortalecer las instituciones. "Un caso como el mío, donde en cuatro días, desde el pedido de la procuradora hasta la decisión del tribunal de enjuiciamiento, quedé apartado de mi cargo, muestra la fragilidad del sistema", reflexiona, pero a la vez se esperanza con la reacción que provocó su suspensión, pues decenas de miles de personas sumaron sus firmas, convocadas por la legisladora Graciela Ocaña y la organización de abogados Será Justicia, para reclamar que se lo reponga en el cargo. "Esto puede ser el germen del cambio hacia una sociedad con instituciones más fuertes", dice.

En esos 20 días hábiles, Campagnoli identificó y reconstruyó una supuesta red de cientos de empresas, radicadas en la Argentina, en Estados Unidos, en Europa y en algunos paraísos fiscales, supuestamente utilizada para sacar dinero del país, producto de maniobras presuntamente ilegales con la obra pública. El segundo hallazgo que documentó en un dictamen, previo a su suspensión, fue el rastreo de unos 50 millones de dólares que supuestamente Lázaro Báez sacó del país y reingresó blanqueados a través de la compra de títulos públicos argentinos a sus cuentas del Banco Nación.

Campagnoli, que ya pasó los 50, es viudo y tiene cinco hijos, conjuga las dos caras del estereotipo del fiscal de película: el que investiga sin reparos la corrupción, avanzando sin importar lo que tiene adelante, y el que combate el delito común, la inseguridad, más con pose de sheriff que de leguleyo. En este papel fue funcionario kirchnerista entre 2003 y 2004, con Gustavo Beliz en el Ministerio de Justicia. Fue subsecretario de Seguridad, una especie de Sergio Berni de hace 10 años.

En su primer rol viene investigando la corrupción desde hace más de 20 años. Llevó a juicio, con un equipo de colegas, al ex pesidente del Concejo Deliberante José Manuel Pico, condenado a 14 años por enriquecimiento ilícito. Se había fugado a Brasil con la sospechosa ayuda de la SIDE, que lo trajo de regreso.

En el menemismo se ganó sanciones y aprietes. Impulsó la investigación por la venta irregular a precio vil del predio que ocupa la Sociedad Rural y pidió por ello la indagatoria del ex presidente Carlos Menem y del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. La Cámara Federal le dio la razón ahora, 14 años después, al disponer el procesamiento de ambos. Fue quien investigó el caso Spartacus, que determinó el primer juicio político contra el juez Norberto Oyarbide, acusado de proteger ese prostíbulo gay al que concurría.

–¿Oyarbide debe seguir siendo juez federal?

–No soy yo el que tiene que decirlo. En su momento hicimos esa investigación y obtuvimos bastante prueba que lo compromete, que hablaba de protección policial de prostíbulos, y por la que otras partes involucradas en el mismo caso terminaron procesadas. Para Oyarbide, el caso quedó trunco por la votación realizada en el Senado la noche del 11 de septiembre de 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Si bien la mayoría dijo que había que destituirlo, se necesitaban los dos tercios de los votos y no se lograron.

–¿Fue por las interferencias políticas en la Justicia? ¿Como en la demora en 14 años para el caso de la Rural?

–Todo nos lleva a lo mismo: a pensar si tenemos una Justicia independiente o no. Es necesario fortalecer las instituciones y un caso como el mío, en el que en cuatro días, desde el pedido de la procuradora hasta la decisión del tribunal de enjuiciamiento, quedé apartado de mi cargo, muestra la fragilidad del sistema. La reacción que veo en mucha gente que me apoya y tiene esperanzas de que se revierta esta situación puede ser el germen de una sociedad con instituciones más fuertes. El sistema republicano de gobierno tiene tres poderes que deben manejarse de manera equilibrada y cuando un poder avasalla al otro se rompe el equilibrio, que es necesario para que el sistema de gobierno funcione. Un caso como el mío pone al descubierto la fragilidad de las instituciones.

–¿Es más fácil investigar la corrupción del menemismo que la kirchnerista?

–En épocas de Menem me ofrecieron dos o tres ascensos que no acepté, y ahora me suspendieron.

–Es más difícil entonces... ¿Qué diferencia las prácticas corruptas de los 90 y de la actualidad?

–La cuestión va in crescendo. Pasamos del negocio al negociado, que parte de gente de la empresa privada y que se transforma en un acto de corrupción cuando intervienen funcionarios públicos que rompen el equilibrio de oferta y demanda que debe haber en la puja por las licitaciones. Con los años, esto crece y se transforma en una corrupción estructural, que llega a un estadio más grave cuando se manifiesta en algo que no escandaliza a la gente. Cuando se logra anular los resortes para investigar y se logra la impunidad, estamos frente a la megacorrupción, como dice Carlos March, en la que no hay posibilidad de poner un freno con investigaciones y denuncias penales. Deben funcionar los órganos que deben controlar y dar una respuesta para que la cosa no se desmadre. Estamos camino a eso, es cada vez más grave, estamos superando estadios.

–¿La impunidad alcanza tanto al delito común como a la corrupción?

–No hay preparación para investigar casos muy complejos. Al mismo juzgado que tiene un juez designado hace menos de un año le toca un chico con un cigarrillo de marihuana y un escándalo de lavado; con los mismos recursos y su experiencia, tiene que enfrentarlos. Hay una malversación de los recursos con que cuentan el Poder Judicial y las fiscalías. Cuando un juzgado o una fiscalía se topa con una investigación muy compleja, eso equivale a paralizar el resto de las cuestiones. Las investigaciones que llevé adelante las hice con la Secretaría de Investigaciones Penales, una unidad formada por varios chicos valientes, brillantes, inteligentes, que con mucho amor y ganas de cumplir con sus funciones y con cariño por el servicio público dedicaron más horas de las que se dedican habitualmente a trabajar. Eso hay que favorecerlo. Los fiscales y jueces no cuentan con equipos de investigación independientes que puedan ayudar en casos que comprometen a funcionarios públicos. No hay herramientas para hacer una investigación eficaz sobre corrupción pública cuando el juez tiene que trabajar con la Gendarmería, la Prefectura Naval o la Policía Federal, que dependen del Poder Ejecutivo. Las chances de éxito así son relativas. Cuando tuvimos que investigar a la cúpula de la comisaría 49a., que terminó con condenas de prisión importantes, la mayor parte de la investigación la hicimos con chicos de la fiscalía que iban, sacaban una foto, entrevistaban a alguien y hacían la desgrabación de las escuchas telefónicas, porque cuando está comprometido un alto funcionario y las escuchas dependen de un organismo oficial, las chances de éxito son relativas. Armar un equipo de trabajo que sepa manejarse en la función judicial es la clave y eso falta en la Justicia.

–Pero usted hizo eso y terminó suspendido.

–Evidentemente mi suspensión es un intento de disciplinar a los fiscales, pero también es un mensaje para demostrar que se puede investigar, que al poder se lo puede tocar, que es posible hacer una investigación hasta las últimas consecuencias. El tiempo en el cual tuvo el caso la fiscalía fue de 20 días hábiles e hicimos un 10 por ciento de lo que podríamos haber hecho con este mismo equipo, y mirá dónde llegamos.

–La inseguridad fue el foco de su gestión como funcionario del Poder Ejecutivo y como fiscal. ¿Qué opina del plan que anunció el gobernador Daniel Scioli?

–No es la primera vez que se anuncian planes de seguridad que son más de lo mismo, más gente en la calle, más cambios en los códigos. Son parches que no resuelven el problema. Lo primero que hay que hacer es definirlo y saber que estamos viviendo una situación en la que la gente no está conforme ni con el sistema de seguridad ni con el sistema judicial. Cuando estuvimos en 2003 y 2004 hicimos un plan integral de seguridad.

–¿Cómo ve lo que hacía entonces y lo que se hace ahora?

–En aquel momento teníamos un control muy cercano de las fuerzas de seguridad, que trabajaban en función del plan que habíamos preestablecido. Por ejemplo, veíamos que uno de los delitos que más preocupaban era el robo de autos seguido de muerte; entonces, se concentraron los esfuerzos en ver cómo bajarlo. Y sabiendo que las autopartes se reducían en determinados lugares, empezamos a trabajar con lo que llamamos "bloques de legalidad", hostigando determinadas zonas donde hay desarmaderos en todo el país y en la Capital, donde íbamos con la AFIP y otras agencias de seguridad. De ese modo, se bajó un 50% el robo de autos y los homicidios, según las aseguradoras, y se bajó de 40 policías muertos al año a dos. Es un trabajo que se hace desde el Poder Ejecutivo y pudimos bajar el delito con la misma gente y equipos que trabajaron en la fiscalía conmigo hasta hace poco.

–Las dos cosas ocurrieron con el kirchnerismo: su suspensión y la baja del delito. ¿Qué pasó?

–En ese momento estaba consustanciado con poder hacer un cambio, pensábamos que era posible. A pesar de que en el Poder Ejecutivo teníamos el límite de que podíamos cobrar hasta 3000 pesos de sueldo. Yo dejé la fiscalía, donde cobraba un sueldo mayor, para hacer ese trabajo, hasta que nos tuvimos que ir.

–Pero ¿qué cambió?

–Que ahora son todos millonarios y nosotros seguimos pobres...

–Hoy, parte de la discusión por la seguridad pasa por las excarcelaciones. ¿Hay que limitarlas?

–Hay que concientizar un poco sobre qué tipo de Justicia queremos; la que hay hoy parecería no conformar a nadie. Por un lado, la sociedad tiene que pensar que un sistema que regula las excarcelaciones de manera matemática no funciona, porque da lugar a situaciones que uno no quiere. No sólo es responsabilidad de los jueces, sino que los fiscales pueden oponerse a las excarcelaciones; a mí me tocó hacerlo. Si bien los jueces pueden ceñirse a lo que dice la ley, el Código habilita a excarcelar o no. No todo es inexcarcelable, ni todo es excarcelable. Hay que ver la situación en cada caso. Pero no todo pasa por la ley de excarcelación o el Código Penal. Hay una gran deuda del Estado en la eficacia de las investigaciones. Por ejemplo, ante un chico que comete arrebatos en moto junto con otro, probablemente con una investigación eficaz se pueda determinar que cometió otros hechos en la misma zona. Estudiar eso, entrecruzando los hechos no esclarecidos con los hechos sí esclarecidos con sospechosos identificados, permite que cuando hay un detenido sea investigado por otros hechos delictivos y eso complique su posibilidad de salir en libertad.

–¿Qué tanto tienen que ver los linchamientos con la discusión del nuevo Código Penal y los medios?

–El debate es una cosa, los medios son otra y el hartazgo de la gente, que no justifico, aparece en razón de la sensación de impotencia que sufren cuando ven que los delincuentes no tienen ninguna consecuencia, cuando hay tan baja eficacia en el castigo penal. La gente ya no denuncia los hechos porque no tiene confianza en las herramientas que pone el Estado a su disposición cuando sufre un crimen.

–¿De quién es la responsabilidad de una baja eficacia en el castigo penal?

–Es de la falta de una directiva clara a las fuerzas de seguridad en el combate al delito y de la ausencia de equipos independientes para llevar adelante investigaciones, sean de corrupción policial, de corrupción administrativa o de delitos comunes.

–¿La Justicia también tiene responsabilidad en este debate en la inseguridad?

–Los jueces y los fiscales rehúyen de sus responsabilidad en atacar la inseguridad. El tema de la seguridad claramente es asunto del Poder Ejecutivo, pero cuando hay impunidad eso sí tiene que ver con la Justicia, porque la que tenemos revela altos índices de impunidad. Lo que más me preocupa es la escasa eficacia en la investigación penal. No el Código Penal, porque los casos que llegan a tribunal oral son ínfimos, un 2% de los que se denuncian, sin contar la cifra negra de delitos no denunciados. Debatir lo que van a aplicar tres jueces cuando llegue una persona a su juicio no me parece tan preocupante como pensar en el otro 98% de los casos que no se resuelven, que a veces se archivan automáticamente, cuyos datos no se cruzan con otros y no se buscan datos de las personas que se detienen para tratar de esclarecer más delitos.

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