Judicialización de la política y politización de la Justicia

La politización de nuestra Justicia es tan innegable como lamentable y lo peor que nos puede ocurrir en esta materia es acostumbrarnos al fenómeno perverso que se instaló en nuestros tribunales durante el régimen anterior. Se ha vuelto costumbre al escribir sobre temas judiciales aclarar cuando un juez o un fiscal pertenece o es cercano a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. En la vereda opuesta, hay jueces y sobre todo fiscales que no ocultan su franca oposición a ese alineamiento político y a una de sus principales referentes, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Así, por ejemplo, cuando se informó que el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri en el caso del Correo Argentino, fue de rigor precisar que milita en Justicia Legítima. La labor del juez federal Daniel Rafecas ha estado condicionada por su sintonía con el kirchnerismo, como ocurrió cuando rechazó investigar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner.

Signo del retroceso que significa el hecho de que la política dicte la orientación y el sentido de algunas resoluciones, dictámenes y sentencias judiciales es la urgencia de tener que recordar la imperiosa necesidad de la independencia judicial.

Uno de los fundadores del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Horacio Lynch, llamaba recientemente la atención sobre el activismo judicial. El tema es relevante y pone de manifiesto que todas las instituciones republicanas deben encuadrarse en la función constitucional que les compete, evitando todo desborde y avance sobre los demás poderes y las funciones de cada uno.

Se genera una ecuación según la cual, cuanto mayores sean la discrecionalidad y el autoritarismo de un gobierno con el consecuente apartamiento de nuestra Ley Fundamental, mayor resultará la actividad judicial.

Durante la gestión kirchnerista, los abusos de poder y los desbordes de leyes y decisiones administrativas llegaron a un punto tal que las medidas cautelares tendientes a proteger a los ciudadanos estaban a la orden del día. Al extremo de que la ex presidenta y su seguidora Diana Conti, al fundar el proyecto de limitación a las medidas cautelares contra el Estado, decían que éste apuntaba "a que los intereses corporativos no puedan, a través de medidas cautelares, frenar políticas públicas de indudable beneficio popular".

Al comentar editorialmente ese tema, decíamos que lo que la citada diputada callaba era que los jueces, cuando otorgan medidas cautelares contra el Estado o sus organismos, lo hacen confrontando las medidas cuestionadas con la Constitución nacional y no con las teorías políticas de un dirigente o del gobernante de turno. La Constitución tiene un capítulo de derechos y garantías para los ciudadanos, que les asegura su derecho de propiedad y que nadie pueda ser privado de ella, a ejercer toda industria lícita, a comerciar, a no tener aduanas interiores, a que el impuesto deba respetar ciertos límites, a la igualdad frente a las cargas públicas, a publicar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa, a no estar sujeto a normas que afecten la libertad de imprenta, y a la defensa en juicio, la no discriminación y todas las acciones urgentes para lograr la protección efectiva de esas garantías.

Cuando esos límites son vulnerados, a menudo al ciudadano no le queda otro amparo que el Poder Judicial, y de allí que, ante la falta de respeto a la Constitución, proliferen las medidas judiciales de protección.

El peligro reside en que la recurrencia a estas formas de tutela generen la idea de que al magistrado judicial le competen tareas ejecutivas o legislativas que lo convertirían en intérprete o guardián de determinadas teorías políticas o posiciones ideológicas, que lo muevan a detener medidas de gobierno o normas del Congreso contrarias a dichas posturas.

Un juez de la Ciudad de Buenos Aires llegó a pretender regular cuáles árboles se podían podar y cuáles no, por citar un solo ejemplo de un sinfín de casos similares, que implican una desmesura judicial y un claro avance de dicho poder sobre competencias que le son ajenas por completo.

De allí que los jueces deben ser muy cuidadosos de sus decisiones, y no tomar a su cargo cuestiones que resultan ajenas a su competencia, por urgentes o importantes que parezcan. Recordamos la doctrina de la no judiciabilidad de las cuestiones políticas de la que se ocuparon importantes jurisconsultos años atrás. La jurisprudencia ha evolucionado, pero también es verdad que algunos jueces a menudo abandonan el cauce institucional que les corresponde. Lo propio cabe decir de los otros poderes, cuando avanzan sobre derechos indisponibles, o actúan con arbitrariedad, violando las garantías constitucionales.

"Es tan corrosivo que los jueces se arroguen funciones políticas, como que la política influya en la Justicia", decía con acierto el doctor Lynchaen en una carta publicada por este diario. La etapa de gobierno iniciada hace poco más de un año brinda una oportunidad para que unos y otros poderes del Estado extremen sus recaudos, con el fin de evitar todo desborde de las respectivas competencias. La necesidad de transformación es evidente, pero ésta exige tiempo y cuidados extremos en su ejecución. Sin desbordes no habrá activismo judicial y lentamente se irá canalizando la tarea propia de cada poder del Estado.