Jueces desorientados

Laura Zommer
Laura Zommer PARA LA NACION
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26 de diciembre de 2001  

Los jueces nacionales están desorientados. Ningún otro gobernador mantuvo con el Poder Judicial un conflicto tan nítido como Adolfo Rodríguez Saá en San Luis, donde fue acusado de avasallar la división de poderes y desoír principios básicos de la Constitución.

Pero, convencido de que debe cambiar, si desea ser presidente por más de 60 días, o decidido a blanquear su imagen, el nuevo presidente designó como secretario de Justicia y Asuntos Legislativos a Alberto Zuppi, un técnico que hasta ahora ha defendido el imperio de la ley.

Ni bien asumió aclaró que no está dispuesto a negociar sus ideas ni sus principios. A pesar de la irritación que causaron sus palabras en medios castrenses, Zuppi confirmó que el nuevo gobierno "entregará o juzgará" a los represores acusados por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura, porque la reforma de 1994 incorporó el principio de extraterritorialidad en la Carta Magna.

"Un sello de este Gobierno es no permitir la impunidad. La impronta del Presidente es que aquí no hay personas que hayan nacido con coronita", dijo el secretario luego de confirmar la continuidad de la Oficina Anticorrupción -creada por Fernando de la Rúa y criticada por el PJ-.

Los magistrados no son los únicos desconcertados. Las menciones de Rodríguez Saá a las Madres de Plaza de Mayo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, las reuniones que mantuvo con Hebe de Bonafini y con dirigentes de la llamada Línea Fundadora, que encabeza Nora Cortiñas, y la designación de Jorge Taiana como subsecretario de Derechos Humanos tienen mudos (¿y esperanzados?) a los mismos organismos que calificaban de dictatorial la forma en que el ex gobernador puntano se relacionaba con la Justicia.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) no denunció en vano la falta de justicia en San Luis ante organismos internacionales. Dos juezas de la ciudad puntana de Villa Mercedes fueron destituidas en 1998 por no haber consentido una quita del 40 por ciento de los salarios de todos los magistrados, que aprobó la legislatura provincial en contra del principio constitucional que los declara intangibles. Una de ellas, que intentó indagar a un funcionario del círculo político de Rodríguez Saá, debió exiliarse en Costa Rica por miedo a ser detenida.

Con la sanción de otras 15 leyes, el Poder Ejecutivo avanzó sobre el Judicial: se suspendió el régimen de estabilidad de funcionarios judiciales, se disolvieron los colegios de magistrados de San Luis y de Villa Mercedes y luego de una campaña del Diario de la República -propiedad de los Rodríguez Saá renunciaron cuatro de los cinco miembros del Superior Tribunal, entre otras cosas.

Los jueces nacionales están desorientados. No saben qué pasará el año próximo con sus sueldos ni con su independencia.

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