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Justicia 2020, hacia un país justo y moderno

El plan de reforma judicial elaborado y presentado por el Gobierno constituye un acertado conjunto de iniciativas de carácter federal
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23 de mayo de 2016  

Con el plan Justicia 2020, de reforma judicial, que el Gobierno ha elaborado y presentado, comienza a saldarse una vieja deuda y la reforma de la Justicia es asumida como política de Estado.

Mencionar el año 2020 no implica dilatar las soluciones, sino, por el contrario, comenzar a aplicarlas de inmediato, para ver resultados en cinco años. El proyecto menciona como antecedentes iniciativas que, como las surgidas en la Mesa del Diálogo de la Justicia, se remontan a 2002. Y si las propuestas reflejan añejas pero renovadas ideas, con el programa Justo Vos se busca el consenso y su perfeccionamiento con 22 comisiones de trabajo abiertas que ya cuentan con más de 4000 inscriptos. Merece destacarse el carácter federal de las iniciativas, proponiendo hasta coordinar y apoyar los sistemas judiciales provinciales que lo requieran.

La riqueza y la amplitud del plan impiden un análisis pormenorizado. Respecto de los hombres de derecho, magistrados y abogados (y auxiliares de la Justicia), comprende desde la etapa inicial de formación universitaria, con énfasis en la formación ética, hasta las designaciones, y propone jerarquizar y despolitizar los mecanismos de selección, disciplina y remoción de los magistrados.

En la justicia penal, busca promover la investigación de los narcodelitos y del crimen organizado con nuevas herramientas procesales y con una política criminal eficaz. Todo apunta a consolidar y profundizar el sistema acusatorio con procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que garanticen por igual la sanción de los infractores, así como sus derechos y los de las víctimas, la oralidad efectiva en todos los procesos penales y el juicio por jurados en los niveles federal y provincial. Impulsa una reforma integral del Servicio Penitenciario Federal que permita la reinserción social de los infractores y atender la oprobiosa situación de nuestras cárceles.

En lo inmediato, con las leyes enviadas al Congreso, busca recortar el mandato del procurador general, reformar el Consejo de la Magistratura, limitar el poder de los jueces federales y ampliar a otros fueros las causas de narcotráfico, trata y crimen organizado.

Al respecto, advertimos los límites de un sistema acusatorio para que el rol de jueces y fiscales respete lo establecido por la Constitución Nacional, que reserva a los primeros el conocimiento y decisión de las causas, y mantenemos cierto escepticismo sobre la real eficacia del saludable avance hacia la oralidad y al juicio por jurados, ante el panorama actual de un sistema congestionado y colapsado. En lo referido a los derechos humanos, recordamos nuestras opiniones sobre las garantías a quienes se acusa de represores.

Respecto de la justicia no penal, correctamente se propugna separar los conflictos socialmente importantes de los intrascendentes para dar una respuesta adecuada a cada uno, con procesos judiciales más ágiles y un tratamiento más expeditivo de las causas simples que las diferencie de las más complejas. El plan propone rediseñar las estructuras organizacionales de los juzgados, fiscalías, defensorías y asesorías. Sobre este punto sugerimos más jueces, pues son el cuello de botella del sistema, con estructuras más chicas. Acertadamente propone impulsar el legajo digital, la comunicación y la gestión electrónica, y asigna crucial importancia a las propuestas de transparentar y consolidar las estadísticas y los indicadores que son los instrumentos de medición de los sistemas judiciales, junto con políticas activas en materia de modelos y procedimientos de calidad y mejora continua. Todos los conceptos son muy acertados y apreciamos que no se base el cambio únicamente en las consabidas reformas procesales que fracasan, al no modificarse el contexto.

La extensión y la amplitud del plan dejan poco sin contemplar. A modo de colaboración quizá falte que el Estado se mire a sí mismo, reparando en el fenómeno de su excesiva litigiosidad, buscando solucionarlo y, también, que perfeccione su sistema de justicia administrativa, algo que depende del Poder Ejecutivo. Sugerimos atender al fenómeno de las acciones colectivas para responder a los reclamos.En algunas áreas colapsadas, como la justicia laboral con causas originadas en la provincia de Buenos Aires, debe coordinarse el trabajo con el gobierno provincial. Los interminables conflictos de competencia, problema recurrente de la justicia de este país de estructura federal, deben tener una solución instantánea.

La profundidad y la extensión del plan difícilmente encuentren antecedentes en el mundo, si bien es cierto que la magnitud de nuestros problemas es también inusual. Es un plan factible, que apunta a trabajar en común con la Corte Suprema y con el Congreso, aunque no se agote, ni mucho menos, en cambiar algunas leyes. Y no requiere presupuestos extraordinarios, pues, como bien señaló Ricardo Gil Lavedra, "hay recursos pero falta gestión".

La claridad de metas y la riqueza de las iniciativas para alcanzarlas se potencian con el espíritu que inspira a Justicia 2020: una justicia cercana, moderna, independiente y transparente es una visión de la justicia del futuro, una que está cerca de las personas que más la necesitan y en la que los habitantes puedan confiar para responder a sus problemas.

Todo esto reconoce y reubica a la Justicia como la razón de ser primigenia e indelegable del Estado, y destaca la visión del presidente Mauricio Macri de promover al Ministerio de Justicia al calificado equipo de trabajo que encabeza Germán Garavano.

Celebramos que el primer plan completo del nuevo gobierno sea el de Justicia, coincidiendo con quienes, como el canciller Bismark, han visto en el sistema judicial la base de un país moderno. Con acertada visión, el Presidente, al margen de los logros iniciales en materia económica, advirtió que ninguno de los ejes de su administración podrá cumplirse si el Poder Judicial no se actualiza. "Es muy difícil imaginar una Argentina unida, con pobreza cero y sin narcotráfico si no tenemos una Justicia inteligente, activa y de extrema calidad", afirmó, y no podemos más que coincidir.

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