Justicia distributiva en el régimen jubilatorio

Por Osvaldo Guariglia Para LA NACION
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28 de agosto de 2001  

En una famosa escena Virgilio, el gran poeta latino, narra cómo el héroe epónimo Eneas abandona Troya en medio del saqueo y del incendio, llevando a su anciano padre, Anquises, sobre sus hombros y a su pequeño hijo, Ascanio, de la mano (Eneida II, 705ss.). La escena sedujo por su impacto a numerosos artistas a lo largo de la historia y ha sido reproducida en incontables obras pictóricas. Con la capacidad expresiva propia de los grandes escritores, Virgilio nos pone frente a los ojos el pacto fundacional sobre el que, desde hace tiempos inmemoriales, se desarrolla la especie humana. El hombre en la plenitud de sus fuerzas (Eneas) asume la responsabilidad de soportar sobre sus espaldas toda la carga que constituye el cuidado de sus ancianos padres, mientras vela, al mismo tiempo, por la crianza de sus hijos, sobre quienes recaerá a su debido tiempo el peso de su propio cuidado.

El sistema jubilatorio que se extendió por todo el mundo durante el auge del Estado de bienestar y sigue aún vigente en la mayoría de los países desarrollados, incluyendo a los Estados Unidos, se basa en este pacto connatural a la especie humana y tiene su sustento teórico en una concepción fuerte de justicia distributiva intergeneracional. Quienes se hallan en la madurez de sus fuerzas y constituyen la población económicamente productiva deben sostener, mediante la deducción de un porcentaje de sus ingresos, a sus conciudadanos de una generación anterior que ya han alcanzado una edad lo suficientemente avanzada como para justificar su retiro de la vida activa.

El pacto intergeneracional debe ser concebido como si hubiera tenido lugar fuera del tiempo, es decir, como si el abuelo, el padre y el nieto hubieran coexistido en un mismo momento, sin que ninguno de los tres supiera a quién le iba tocar cada uno de esos roles. En ese estado de ignorancia sobre el período en el que a cada uno le tocará vivir su vida, los tres estarán en condiciones de acordar imparcialmente que el costo del mantenimiento de los otros dos sea sobrellevado por quien esté en la plenitud de sus fuerzas. De esta manera, quien ha cumplido con su parte del trato durante su vida de trabajo con la generación que lo precedió, espera ser, a su vez, justamente beneficiado por la generación que le sigue cuando llegue a la edad de su retiro. Si en algún momento se quiebra unilateralmente este pacto, la generación afectada puede legítimamente sostener que han sido lesionados sus derechos mediante un arreglo fraudulento que la despoja de su parte en el trato.

Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en la Argentina con la así llamada "reforma previsional" llevada a cabo en 1994. Al restringir el sistema de justicia intergeneracional exclusivamente al régimen vilipendiado con el nombre de "reparto", y al desviar los dos tercios de los recursos obtenibles por deducciones del ingreso salarial a unos fondos privados, se quebró la concepción intrínseca de justicia distributiva que regía el régimen jubilatorio y se desbarató irremediablemente el presupuesto nacional. En dos artículos publicados en LA NACION, un reconocido economista, ex presidente del Banco Central, ha calculado en treinta mil millones de dólares la deuda generada por ese traspaso a manos privadas, lo que ha provocado el monumental déficit presupuestario que hoy nos agobia.

A los perjuicios tangibles se añaden otros intangibles pero no por eso menos graves: la decepción y el descreimiento originados en la quiebra de una idea colectiva de justicia sobre la que se basa la necesaria cohesión y solidaridad de los ciudadanos. Para hacer aún más irrisorio ese estado de cosas, el estado aceptó la transferencia de las cajas jubilatorias de provincias que, como se demuestra a diario, se convirtieron en un botín para repartir entre amigos y clientes de la oligarquía política que detentaba el poder. Esta es, sin duda, una de las supuestas "razones", socialmente aceptadas, en la que se apoyan quienes evaden concientemente sus obligaciones previsionales para con el estado.

La perseverancia en un estado de injusticia obliga, inevitablemente, a cometer injusticias aún mayores: tal es la que se acaba de perpetrar mediante el recorte del 13 por ciento a las jubilaciones y pensiones superiores a quinientos pesos, que hace aún más intolerable la sensación de ilegitimidad y descrédito en que ha caído el Estado democrático de derecho.

Forma de compensación

Desde el punto de vista moral, tal medida es injustificable, incluso bajo el pretexto de la gravedad de la situación financiera actual. Una injusticia sólo puede repararse con una forma de compensación, aun cuando con ella no pueda restaurarse la situación anterior a la comisión del acto injusto.

Lo que la gravedad de la situación fiscal requiere, por un lado, y lo que la demanda pública de equidad exige, por el otro, es un retorno, aunque sea parcial, a un sistema público de seguridad social basado en la justicia distributiva. Esto se puede lograr de un modo rápido y efectivo mediante una nueva ley previsional que divida en dos el monto deducible de los ingresos salariales de quienes aportan a los fondos privados de pensión, de modo tal que una parte sea recaudada por el estado y la otra sea invertida en el correspondiente fondo. En compensación, el estado mantendrá una prestación básica universal, cuyo monto será el mismo para todos los aportantes, tanto del así llamado "sistema de reparto" como del privado. Para el resto del haber jubilatorio individual, cada sistema mantendrá su esquema actual de cálculo, hasta que se extinga, dentro de unos veinte años, el sistema de reparto y queden vigentes sólo el sistema público de prestación básica universal y los fondos privados de pensión. El ingreso jubilatorio provendrá exclusivamente, en ese momento, del aporte del estado como prestación básica universal y del aporte del fondo correspondiente de pensión, de acuerdo con lo que cada individuo haya podido ahorrar en su vida activa, tal como ocurre actualmente en el sistema norteamericano de seguridad social.

El autor es profesor titular de Ética de la Universidad de Buenos Aires.

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