La agenda judicial del nuevo gobierno

Ricardo Sáenz
Ricardo Sáenz PARA LA NACION
Para superar los actuales conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, la próxima administración deberá impulsar cambios en el Consejo de la Magistratura, la integración de la Corte Suprema y el modo de asignar las causas
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31 de julio de 2015  

Mucho se ha opinado ya sobre los distintos intentos del gobierno nacional de controlar o influir de algún modo sobre el Poder Judicial, a través de la conformación de los tribunales o el alcance de sus sentencias. Frente a la proximidad del acto eleccionario por el cual los argentinos consagraremos un nuevo presidente, es tiempo de señalar los temas que, mínimamente, deberían constituir la agenda del próximo gobierno. Una propuesta como ésta podrá servir también para bajar un poco la tensión que ha generado esta nueva crisis del Gobierno con la Justicia y, de este modo, abrir un horizonte que nos permita salir de este debate coyuntural e imaginar un escenario de mayor tranquilidad y con espacio para la reflexión.

Así como los partidos políticos definen distintas líneas de acción ante la eventualidad de llegar al gobierno, como políticas económicas, fiscales, sanitarias o de relaciones exteriores, conviene que en el caso concreto de estas elecciones de octubre los candidatos tengan presente las áreas puntuales de conflicto que hoy registra el sistema judicial argentino, por la sencilla razón de que, a partir del 11 de diciembre, quien llegue a ser presidente pasará a ser uno de los actores principales de esos conflictos, que necesariamente heredará.

Si bien con nuestro sistema republicano de separación de poderes podría pensarse que las cuestiones que hacen al Poder Judicial no integran la agenda del Ejecutivo, lo cierto es que la fuerte tradición presidencialista de nuestro país provoca que la posición que adopte el presidente frente a determinadas cuestiones cobre singular importancia, máxime al término de un ciclo donde la influencia del Ejecutivo ha sido muy marcada.

En primer lugar, el nuevo gobierno deberá encarar sin demora la reforma del Consejo de la Magistratura por dos órdenes de razones. Uno constitucional, ya que este órgano no respeta con su actual conformación el equilibrio entre los estamentos que lo componen, y que reclama el artículo 114 de la Constitución Nacional. En efecto, con tres senadores, tres diputados, y el representante del Poder Ejecutivo ya se alcanza la mayoría absoluta, y quedan sólo seis cargos para elegir entre tres jueces, dos abogados y un representante de los académicos. Resulta claramente contrario a la regla constitucional que el Consejo pueda ser manejado sólo con la voluntad del estamento político. La otra razón que torna imperiosa la reforma es que el Consejo se encuentra virtualmente paralizado, pues rara vez se obtienen los dos tercios de sus miembros necesarios para aprobar un concurso de jueces, circunstancia que ha posibilitado la sanción de la controvertida ley de subrogancias, que para el momento en que asuma el nuevo presidente podría haber sido ya declarada inconstitucional.

El gobierno que vamos a elegir en octubre se va a encontrar con la misma conformación del Consejo de la Magistratura que vemos hoy, salvo que tendrá la posibilidad de elegir un nuevo representante del Ejecutivo, lo cual si bien no es un dato menor –podría modificar la mayoría simple– no llegaría tampoco a obtener la de los dos tercios. La reforma que propongo resulta imprescindible para retornar paulatinamente a la normalidad institucional de contar con la mayor cantidad posible de jueces nombrados de acuerdo con las normas constitucionales; es decir, jueces con todas las garantías que demanda con razón la sociedad a la hora que deban decidir sobre su vida, su patrimonio o su libertad.

El otro tema que claramente deberá poner en agenda el próximo presidente lo constituye la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este punto, creo que la Corte tiene que ser de cinco miembros, tal como fue la última voluntad que expresó el Poder Legislativo cuando fijó ese número. Es decir, que a estar a su actual integración, por lo menos habrá que designar a uno de esos jueces. La ventaja del nuevo gobierno es que va a tener la oportunidad de plantear este tema desde otro lugar, no como hoy, que desde algunos sectores se lo percibe como una maniobra para asegurar la impunidad de miembros del Gobierno.

Se designaría así a un juez de la Corte que va a estar muchos años en el cargo, durante varios períodos presidenciales; entonces habrá que elegirlo en otro clima político, de mayor consenso, negociando desde otro lugar y demostrando que la Argentina puede volver a un clima de mayor cordura y salir de la tensión que estamos viviendo. Insisto, el nuevo gobierno va a tener que volver a las políticas de consenso, ya que además no podemos asegurar que quien resulte vencedor contará con las mayorías legislativas que le permitan imponer su voluntad. Podemos estar a las puertas de un nuevo escenario que constituya un verdadero desafío para toda la clase dirigente y, a la vez, una gran oportunidad.

El tercer tema que creo será de importancia central lo constituye el Código Procesal Penal de la Nación. Visto desde la faz jurídica, como ley procesal penal, nos encontramos frente a un cuerpo normativo que ya está sancionado y donde el principio acusatorio tuvo consenso y se encuentra consolidado. La cuestión problemática que plantea es que no existe razón que pueda explicar que una ley federal se aplique sólo en la ciudad de Buenos Aires para el fuero penal ordinario. Recordemos que, según la ley de implementación el Código regirá en la capital de la Nación desde el 1° de marzo de 2016, circunstancia que generó mucha controversia e incluso versiones de que el aplazamiento de su entrada en vigor para el fuero federal tenía su base en una especie de pacto con el Gobierno. Por eso entiendo que quien asuma el próximo mandato debería promover que se implemente el Código en todo el fuero penal federal del país lo antes posible, para unificar el procedimiento en toda la justicia nacional y federal (razón jurídica), y para no quedar envuelto en la sospecha de un pacto espurio con los jueces (razón política).

Por último, en esta lista de temas también es clave la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Considero que hay que aclarar el tema de la asignación de los casos, porque nos han querido hacer creer que el sistema acusatorio (en el que investigan los fiscales) resulta incompatible con una asignación de casos en los que prime el azar y no la voluntad de una persona. De esta manera, hemos pasado de una modalidad de sorteo de causas y de turnos, a un sistema por el cual son los fiscales coordinadores de distrito –designados directamente por el procurador general– quienes asignen los casos. Como muchas veces hemos explicado, en estas situaciones quien termina siendo perjudicado es el justiciable, ya que podrán designarle un fiscal después de cometido el hecho, en violación a sus garantías constitucionales.

Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

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