La Argentina y los derechos humanos en Venezuela

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25 de marzo de 2017  

Desde el momento de su asunción, el presidente Mauricio Macri se comprometió a defender en todos los organismos regionales e internacionales a las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro. Como testimonio de ese espíritu, vale recordar su abrazo con Lilian Tintori, la mujer del preso político Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, la noche del triunfo electoral en segunda vuelta que lo consagró presidente.

En diciembre de 2015, en su primera participación en el bloque del Mercosur reunido en Asunción, Macri instaba a Maduro a liberar los presos políticos en Venezuela y establecía un contrapunto verbal con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en clara defensa del respeto a los derechos humanos en el país bolivariano.

Transcurrido más de un año desde aquel abrazo en el propio búnker de Cambiemos, salvo declaraciones como las reseñadas y otras en su reciente visita a España, poco y nada se ha hecho.

Muy distinta ha sido la estrategia del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien concedió, por decreto, legalidad de residencia a todos los venezolanos que arribaron a su país escapando de la gravísima crisis humanitaria.

También en Brasil, en sintonía con la dura realidad que atraviesan los hermanos venezolanos, el gobierno de Michel Temer autorizó la residencia temporal para quienes, huyendo del fracasado modelo bolivariano, cruzan en masa la frontera. Canadá mismo ha buscado una solución para amparar a quienes huyen en busca de refugio y facilitará visas a los venezolanos.

Mientras tanto, en la Argentina somos testigos de cómo alrededor de 5000 venezolanos transitan un limbo jurídico ante la carencia de definiciones operativas por parte del gobierno nacional. Al referirse al problema venezolano, la canciller Susana Malcorra ha licuado invariablemente las definiciones del propio presidente Macri. Es oportuno recordar que en ocasión de su campaña para ocupar la secretaria general de la ONU, llegó incluso a utilizar el avión de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, para volar de Nueva York a Quito en compañía de la patológica canciller Rodríguez.

El Gobierno ha mantenido también un preocupante silencio, sin pronunciamiento alguno ni pedido de liberación, ante la detención de Marcelo Crovato, abogado de nacionalidad argentina, y también venezolana, acaecida el 22 de agosto de 2014. Este miembro del Foro Penal Venezolano que defiende a presos políticos encarcelados por el dictador Maduro, fue apresado por los servicios de inteligencia chavistas en el ejercicio de su profesión y continua a la fecha sin el debido proceso, como lo denuncia su esposa, en grave estado de salud.

En la OEA, nuestra canciller ha buscado permanentemente bajar el voltaje a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Venezuela, propuesta por el propio secretario general, Luis Almagro, que debiera derivar en la suspensión temporal de un estado miembro como condena por comportamientos antidemocráticos de un gobierno. En campaña, Macri había prometido expresamente exigir su cumplimiento.

Así las cosas, parece haber un doble estándar: mientras Macri denuncia verbalmente la ausencia del Estado de Derecho y el fin del sistema republicano en Venezuela, la canciller Malcorra guarda silencio o recurre a alambicadas argumentaciones ante la prensa para no condenar de manera explícita el dictatorial autoritarismo de Maduro.

La reciente designación como presidente del máximo tribunal judicial de Venezuela de Maikel Moreno, autor de dos homicidios por los que estuvo condenado y preso, es otra muestra de la consolidación de un gobierno que asume con todo desparpajo su condición inequívoca de dictadura. ¿A qué nuevos sucesos hemos de asistir para que el Gobierno sea consecuente con lo anunciado en campaña e instruya a su canciller en ese sentido?

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