La Argentina y los Estados poco serios

Por Carlos Alberto Montaner
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16 de diciembre de 2001  

MADRID

Es como curarse un dolor de cabeza con un balazo en el parietal. Domingo Cavallo está intentado solucionar los problemas de la Argentina recurriendo a fórmulas que son, precisamente, las que originan los problemas. Cuando el gobierno limita a sus propietarios la posibilidad de extraer los ahorros de los bancos, o cuando, arbitrariamente, confisca los fondos privados de las pensiones y los transforma en bonos de la República, lo que consigue es convertir la habitual desconfianza de los argentinos hacia el Estado en un odio profundo e incurable.

¿Cuántas veces el mismo perro va a morder a los argentinos? Sin el menor respeto por la propiedad privada, que es tanto como burlarse de los sacrificios de las personas prudentes y laboriosas que han preferido ahorrar o invertir en vez de gastar, los gobernantes de ese país, en el pasado, más de una vez, les han intervenido a los argentinos sus depósitos bancarios y se los han cambiado por papeles del Estado, que a las pocas semanas carecían de valor. O han disminuido arbitrariamente el valor de la moneda mediante las decisiones de burócratas a los que les importaba muy poco empobrecer súbitamente a sus conciudadanos al reducirles el precio de sus activos o la capacidad adquisitiva de sus salarios.

¿Cómo extrañarse de que con semejantes gobiernos los argentinos prefieran llevarse sus ahorros al extranjero? ¿Cómo sorprenderse de que en lugar de invertir en empresas industriales elijan la compra de tierras u otros bienes raíces? Es muy difícil operar una empresa cuando los gobiernos cambian las reglas cada vez que les da la gana o cada vez que se presenta una crisis. Y si no se crean empresas, naturalmente, no hay forma de absorber la creciente mano de obra. Es verdad que la economía argentina tiene un grave problema de falta de competitividad, y también es cierto que la incapacidad para reducir el gasto público disparó el endeudamiento externo, y con él los intereses que se abonan por la deuda, pero en el fondo de todo subyace un mal mucho más grave y profundo: los argentinos no confían en el Estado porque éste les hace trampas, viola las leyes y no cumple con las reglas que él mismo dicta.

Se ha probado y escrito un millón de veces: la economía de mercado y la democracia están fundadas en el cumplimiento de los pactos y en el acatamiento de la verdad. Cuando los pactos se cumplen y cuando la sociedad se coloca bajo la autoridad de la verdad, prevalece un sentimiento de confianza que les confiere legitimidad a los gobiernos y facilita las transacciones entre las personas. Entre los corredores de diamantes en Amsterdam era famoso que bastaba mirarse a los ojos y darse un apretón de manos para sellar un acuerdo millonario que las partes invariablemente cumplían. Por eso eran negocios eficientes y lucrativos sin costos colaterales de abogados o notarios. Cuando uno compra bonos del Tesoro de Estados Unidos, o de Suiza, o de Inglaterra, o de cualquier país con un Estado serio, uno sabe que el riesgo de incumplimiento es mínimo. Pero ese tranquilizante dato no suele ser un hecho, aislado sino que es el reflejo del comportamiento general del Estado. Eso quiere decir que se puede confiar en los tribunales, en la policía, en el cuerpo de carteros o en los recogedores de basura. Eso significa que el Estado actúa en beneficio de la ciudadanía, y que los servicios que brinda están de acuerdo con lo que les promete a los ciudadanos a cambio de los impuestos que recibe. Por eso, los ciudadanos que gozan del privilegio de convivir bajo el amparo de Estados serios están siempre dispuestos a defender la legalidad vigente.

¿Se entiende ahora por qué en América latina, por el contrario, cuando un energúmeno, generalmente uniformado, asalta a tiros la Casa de Gobierno, la mitad del país, y a veces más, sale a bailar a la plaza? Obvio: porque los ciudadanos están cansados de las mentiras, de las estafas, de los incumplimientos y de la poca seriedad de los Estados en los que se desenvuelve la azarosa vida pública de cada uno de ellos. Si un intruso entrara por la fuerza en el hogar de estas personas para dictar las normas de convivencia, lo echarían a patadas, porque ésa es la esfera privada, ésa es la de ellos; pero si lo que ese intruso secuestra es la esfera pública, se lo aplaude o se lo ignora, porque ésta no parece propia, no se cree que ha sido libremente segregada por el pueblo para su beneficio. Por el contrario: la perciben, perciben al Estado, como un elemento hostil concebido para perjudicar espasmódicamente al conjunto de la sociedad.

De ahí la estrecha relación que existe entre la supervivencia de la democracia y la eficacia del Estado. Las personas no son demócratas sólo por convicciones. La democracia es un método para tomar decisiones colectivas que afectan, fundamentalmente, la vida pública. Pero cuando el Estado fracasa reiteradamente, las sociedades comienzan a pedir un cirujano de hierro que suture la herida. Es bueno no olvidar nunca esta amarga advertencia dictada por la experiencia. Los Estados poco serios primero pierden el crédito. Luego pueden perder la libertad.

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