La aritmética que definirá el futuro político

Eduardo Fidanza
Eduardo Fidanza PARA LA NACION
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23 de abril de 2016  

Las encuestas de opinión tienen un sensor preciso para calibrar los desvelos de la sociedad mediatizada. Se trata de la pregunta acerca de cuál es el principal problema del país. Si se observa la evolución de las respuestas a esta cuestión en los últimos años, se concluye que la inseguridad y la economía dominaron las preocupaciones de los argentinos, con esta particularidad: en fases de bienestar material, prevalece la aflicción por los delitos; si la economía empeora, la percepción de inseguridad disminuye. Ese comportamiento se constató con mayor nitidez en épocas críticas: la recesión de 2008 y la devaluación monetaria, en el verano de 2014. En ambos casos, la mención a problemas económicos (inflación, bajos salarios, desempleo) superó a la inseguridad. Al contrario, ésta reapareció cuando la economía experimentó mejoras, como ocurrió en 2010 y 2011.

En sentido estricto, para los gobernantes no es lo mismo una preocupación que la otra. Mientras que la inseguridad no afecta, por lo general, la imagen de los presidentes y el voto, los problemas económicos los hacen tambalear. Las alternativas de la popularidad de Cristina Kirchner ilustran este aserto: ella obtuvo el 54% en 2011, cuando el temor a la inseguridad casi duplicaba a la inquietud por el empleo y los salarios. A mediados de 2008, en cambio, cuando su imagen se derrumbó, la inseguridad afligía a una minoría de la sociedad, que estaba angustiada por la crisis económica. La baja correlación entre conducta electoral e inseguridad tal vez explique por qué ésta, a pesar de mantenerse entre los principales disgustos sociales, nunca fue un issue clave de las campañas para elegir presidente.

En los últimos meses, la evolución de los principales problemas sigue un curso similar: aumenta la preocupación por la economía mientras se desploma el temor al delito. Pero, en ese contexto, surge una novedad significativa: crece mucho la inquietud por la corrupción. Según datos de Poliarquía, la mención de este flagelo se duplicó en comparación con los valores recogidos en 2015. La saga de la deshonestidad kirchnerista, mostrada con crudeza por los medios, impulsa esta tendencia. Pero en ella hay algo más, que rebasa a la anterior administración. Existe una amplia sospecha sobre la conducta de las elites, que no excluye al Gobierno. Por otra parte, la casuística aporta una correlación, digna del costumbrismo argentino: la sensibilidad a la corrupción aumenta si los bolsillos flaquean; en cambio, el bienestar económico anestesia el músculo moral de la sociedad. Lo prueban tanto el despreocupado "deme dos" de los dorados años de Menem (y de los Kirchner) como el lapidario "que se vayan todos" de la crisis terminal de principio de siglo.

El retorno de la corrupción, una preocupación poco relevante durante el período kirchnerista, habilita una pregunta: ¿cuán influyente puede ser esta variable para cambiar el balance del poder político? Es decir, para fortalecer al Gobierno y debilitar a la oposición, o viceversa. Si hay que atenerse a la experiencia, la respuesta es que no incidirá demasiado, excepto, y hasta cierto punto, para Cristina Kirchner y su fracción, por la relevancia de los casos que la involucran. Podría haber un giro distinto si se descubriera algún hecho resonante que afectara directamente al Gobierno. No parece probable, aunque ésta es una época singular: rige una libertad de opinión y de acción inusual e imprevisible, que incluye las ambigüedades del mani pulite doméstico, como lo expuso Carlos Pagni. Por ahora, los casos que se ventilan en tribunales pertenecen a causas anteriores y se concentran en el gobierno que terminó. Así ha actuado la Justicia argentina: avanzando sobre los que perdieron el poder, no sobre los que lo tienen. Menem y De la Rúa pueden atestiguarlo.

Si la corrupción, en definitiva un problema político e institucional, no logra cambiar la ecuación del poder, deberá volverse a la sólida evidencia: el factor decisivo es la economía. Con esta precisión: no la macro, sino la que se expresa en el balance de ingresos y gastos de las familias. Cuando ese recuento es favorable, la sociedad premia al gobierno con el voto, se desentiende de los vicios públicos y protesta por la inseguridad en las encuestas o en la calle, no en las urnas. Que la economía familiar es más importante que la corrupción lo atestigua el descenso de la valoración de Macri el último mes. El aumento de tarifas y la inflación pudieron más que La Rosadita y otras indecencias para determinar su imagen. El Presidente posee dos stocks importantes: la popularidad, que es mayoritaria, y la novedad, un atributo carismático -propio de la luna de miel- que se erosiona con el tiempo. Pero sabe que si la gente no tiene plata, le irá restando apoyo.

Sin embargo, considerar a la economía familiar como la única causa es hacer una lectura simplificada del proceso político. Hay otros elementos, además del bolsillo, que también intervienen: el liderazgo presidencial, la capacidad del Gobierno para sacar o vetar leyes, y la solidez o debilidad de la oposición. Es probable que la aritmética de todos estos factores determine el futuro político del país.

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