La causa ambiental está sola

La cuestión ambiental no tiene un lugar relevante en la agenda política y está lejos de contribuir al desarrollo sustentable y el bienestar de la población. Hoy, como siempre, se beneficia al sector corporativo y a su lógica de rentabilidad por sobre todas las cosas. Leyes de protección de ecosistemas incumplidas; fondos de promoción de actividades sustentables que no llegan; expansión de proyectos mineros por fuera de la ley; una política energética que profundiza el patrón fósil y sostiene la tara nuclear; el avance destructivo del monocultivo de soja transgénica adicta a los agrotóxicos a expensas del bosque nativo y sus comunidades de campesinos y pueblos originarios; empresas -cómodas con el laxo control gubernamental- que arrojan sus contaminantes a las aguas y trabajan contra cualquier nueva legislación que pueda ponerles un freno; conflictos políticos y jurisdiccionales que agravan la ya inadmisible situación de la basura. Éstas fueron las principales características ambientales de 2012 que también se proyectan para este año.

Desde el sector ambiental se denuncia año tras año el incumplimiento de leyes sustanciales para la protección de ecosistemas vitales. La ley de bosques y la ley de glaciares, sancionadas gracias a la participación de la sociedad civil, son ignoradas por gran parte de los gobiernos provinciales con la complicidad del gobierno nacional. La deforestación promovida por el avance del monocultivo de soja y los conflictos sociales que éste genera son un grave problema en provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Las topadoras han avanzado incluso sobre áreas en las que el desmonte está prohibido. San Juan y La Rioja, por su parte, aún no realizaron el inventario de glaciares dispuesto por la ley sancionada en 2010. Mientras la ley de glaciares duerme, decenas y decenas de proyectos de actividades mineras están en alguna instancia de desarrollo sin control ambiental serio.

Las consecuencias de un Estado ausente en materia ambiental también benefician a las empresas del Riachuelo. La norma que regula los vertidos es tan laxa que, si las industrias que descargan sus efluentes en la cuenca más contaminada del país la cumplieran, el Riachuelo seguiría tan contaminado como hoy. Las autoridades no apuntan al cese total de descargas de sustancias peligrosas ni a estándares de calidad de agua más ambiciosos, y fallan además en el control.

El sector de la electrónica logró frenar el año pasado el proyecto de ley que responsabilizaba legal y económicamente a las empresas de la gestión de sus propios productos una vez finalizada la vida útil. El lobby empresarial y la gestión de la ministra de Industria, Débora Giorgi, con sus aliados en el Congreso, logró que el proyecto pierda estado parlamentario luego de 5 años de trabajo y debate. En 2013 gran parte de los 10 millones de teléfonos celulares o de los 400 millones de pilas descartadas irán a la basura para seguir contaminando el agua y el suelo de los vecinos próximos a rellenos y basurales.

En tanto, los residuos domiciliarios y quienes padecen las consecuencias de su mala gestión siguen presos de políticas obsoletas y de peleas que benefician a los sectores de siempre y profundizan un sistema de despilfarro y contaminación. Tal es el caso de la basura del Área Metropolitana de Buenos Aires, que seguramente en 2013 será testigo de la "guerra de la basura".

Mucho se debatió en 2012 sobre la crisis energética en nuestro país, pero muy poco sobre la calidad de las fuentes de las que se proyecta generar más energía. A pesar de tener la matriz energética más sucia de la región, la Argentina plantea profundizar el modelo y correr la frontera fósil hacia los combustibles de extracción no convencional conocida como "fracking", por su nombre en inglés, de gran impacto en el ambiente por la contaminación que genera.

El Gobierno no ha explorado una opción superadora y acorde a los tiempos como alternativa a los fósiles. Continúa con el plan nuclear iniciado por la dictadura militar, que consiste en la finalización de la costosísima y eterna Atucha II, y un "lavado de cara" de la central de Embalse, Córdoba, que debería cerrar definitivamente en 2013 por la finalización de su ciclo de vida útil. A los conocidos problemas de esta fuente de energía cara y peligrosa, se suma la reciente reactivación de la minería de uranio en el país, altamente contaminante y resistida por la población. Nada hay en agenda sobre fuentes limpias y renovables de energía que democraticen la generación.

Es claro que continuar con este sistema sólo sirve a unos pocos que sacan ventaja. Más claro aún es quienes son los que pagan las consecuencias.

© LA NACION

María Eugenia Testa