La conciencia olvidada

Claudia Kalinec
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29 de septiembre de 2016  

El 7 de diciembre de 1995 se sancionó la ley 24.605, que proclamó el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, en memoria de siete personas que fallecieron en su casa por un escape de gas cianhídrico, en Avellaneda, el 27 de septiembre de 1993.

Esto sucedió porque en las cloacas se combinaron ácido sulfúrico y sales de cianuro desechados directamente por dos industrias en el sistema cloacal. El gas, producto de esa combinación, salió por una de las alcantarillas del hogar de la familia Nuin y mató a los dueños de casa, a su hijo y a su esposa –que participaron del rescate– y a los tres agentes de emergencia. Siete víctimas hasta que se dieron cuenta de que respirar allí era mortal.

Ese hecho marcó el comienzo de un trabajo en la concientización e información que, si bien le falta un gran recorrido, es un paso fundamental que nos lleva a mirar el presente y el estado de situación actual de los residuos industriales y peligrosos en nuestro país.

En primer término, el grado de desinformación e informalidad es alto e involucra tanto ambientes públicos como privados. ¿Cómo se explica, si no, que haya tantos empresarios que no sepan que son penalmente responsables por sus residuos peligrosos? Hacer caso omiso de esto es legalmente riesgoso y moralmente inaceptable.

Basurales a cielo abierto con residuos que generan enfermedades en las comunidades, desechos líquidos cancerígenos que van a las cloacas y otros accidentes que involucran peligrosidad para la vida siguen sucediendo y aumentando con la mayor actividad industrial.

Con la implementación de normas como las ISO y las Ohsas se empezó a trabajar en disminuir este índice, y actualmente también hay más presencia del Estado en controles fundamentales para prevenir este tipo de accidentes (o sea, para preservar la vida en la Tierra).

El nuevo gobierno trajo un respiro, un cambio de paradigma fundamental: los residuos peligrosos pasan a ser un problema real y no un negociado para algunos. Además, comenzó a revisar el marco legislativo nacional y provincial de la década del 90 para actualizarlo de acuerdo con el estado de conocimientos del mundo de hoy, y también para permitir que las industrias cuenten con un marco normativo moderno que permita el desarrollo de la economía de una manera sustentable.

Otro cambio importante en la administración macrista es la fiscalización y la creación de bases de datos para poder generar estadísticas fehacientes. Esto no sólo a nivel nacional: en muchas jurisdicciones no hay autoridad de control local con poder de fiscalización ni un registro de actividad que genere esta información.

Un resultado inmediato es que muchas empresas informales que vendían tratamiento de residuos peligrosos –que en realidad no realizaban– cerraron sus puertas, algunas con décadas de incierta trayectoria.

El trabajo por realizar es inmenso, pero ya no se puede seguir esperando. No se trata de desechos comunes –que también están en una situación límite–: son residuos peligrosos que representan un riesgo para la vida si se tiran junto con el resto de los desechos y no se tratan adecuadamente, como sucedió en el caso de la familia Nuin. Es cierto, el tratamiento adecuado tiene mayor costo, ¿pero qué costo tiene la vida? La conciencia ambiental no puede llegar hasta el bolsillo.

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