"La corrupción desalienta la inversión"

Que la corrupción esté en boca de los medios, que esté sobreexpuesta y sometida al escarnio de la población, no parece ser razón suficiente para que mengüe o desaparezca. Para Jermyn Brooks, directivo de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, la lucha contra esta clase de prácticas ilegales es antes que nada una decisión política. Hay que tomar el toro por las astas con la implementación de leyes y no con su sola sanción parlamentaria. Los gobiernos –y las sociedades civiles con ellos– deben concentrar sus esfuerzos para modificar de manera efectiva la percepción sobre la corrupción hasta que la propia gente acepte no ser sobornada, ni sobornar.

Brooks estuvo en la Argentina para presentar un informe general de Transparencia Internacional acerca del efecto nocivo que la corrupción tiene sobre el crecimiento de las inversiones. Pero no pudo dejar de tocar temas clave que se vinculan con aquélla y tienen gran actualidad: el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

–¿Cómo se establecen los influyentes índices de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional?

– Lo primero que quisiera aclarar es que no hay país en el mundo que no tenga problemas de corrupción. No es un tema que los países industrializados les endilguen a los del sur, ni creemos que sea un problema particular de América latina, aunque en la región exista una larga tradición de corrupción y sobornos que llega hasta hoy. Cuando en 1995 comenzamos a elaborar el índice de los niveles de corrupción mucha gente nos preguntaba por qué hablábamos de "percepción" y no de hechos. La realidad es que la mayoría de esos hechos no pueden constatarse, pero hay muchas maneras de detectar la falta de claridad. Cuando se trabaja sobre la corrupción debemos confiar en la percepción de la gente, dado que a veces es más verdadera que la propia realidad. Al punto que esta percepción influye, por ejemplo, el comportamiento en el mundo de los negocios.

–¿En qué medida la corrupción desalienta a los inversores?

–A la gente dedicada a los negocios no le gusta invertir en países donde hay altos índices de soborno y corrupción porque eso significa que les será muy difícil planificar sus actividades. Por eso los países más pobres, si también son corruptos –una combinación muy usual– están exacerbando el problema que ya tienen: se están volviendo cada vez más pobres mientras que los países ricos se vuelven cada vez más ricos. Sólo el uno por ciento de las inversiones va a los países realmente pobres. Y la principal razón para ello son las prácticas corruptas.

–¿En qué se fija un inversor potencial?

–Lo más importante es la transparencia en el sector público. Desde el funcionamiento de un ministerio hasta cómo se entregan los permisos de conducir dejan en claro cuáles son las maneras de hacer negocios en un país. Si no hay claridad hay que prever que habrá una coima, que no constará en ningún registro. En muchos países se ve claramente cómo la educación o la salud no funcionan bien por culpa de la corrupción. Pero también está el sector privado. Siempre que hay un soborno, hay también un sobornador. No es bueno para una compañía quejarse de que en tal o cual país es muy difícil trabajar porque hay que pagar tal o cual coima, si efectivamente las pagan. Por eso también hemos comenzado a confeccionar un índice de pagadores de sobornos.Eso nos muestra el otro lado del espejo y nos está llevando a intentar que las propias empresas implementen políticas antisoborno. Me atrevo a decir que probablemente menos del uno por ciento de las 1000 firmas más importantes del mundo tengan políticas explícitas antisoborno. No me refiero a decir "creemos en la integridad", sino a tener una detallada política al respecto, guías para sus empleados sobre cómo manejarse en casos concretos.

-En el ámbito internacional se está estudiando la posibilidad de penalizar a las empresas que consientan a pagar sobornos.

–De hecho hubo una convención antisoborno, que es poco conocida, sobre todo entre las empresas. Fue en 1999 y compromete a los 34 países que la firmaron (que incluye a la Argentina) a aprobar leyes que penalicen a aquellos que pagan sobornos en el extranjero. Si la Argentina descubre un caso en que uno de sus ciudadanos sobornó en otro país para obtener un contrato, la Justicia debe llevar a la persona o a la empresa a juicio. Debe ser hecho en el país de origen del ciudadano. Pero lo importante no es sólo tener leyes en ese sentido, sino preguntarse si realmente esas leyes se están aplicando. Ahora nos encargaremos de monitorear esto para ver si eso está realmente funcionando. Se trata de poner presión a los pagadores de coimas para que no lo hagan en el futuro. Es un tema muy delicado, sin soluciones a corto plazo, en que se combinan el sector público, el sector privado y la población. Lo que hay que tratar es de gradualmente cambiar la mentalidad de la gente al respecto, que se acostumbre a no hacer pagos de ese tipo.

–Transparencia Internacional ha estado investigando corrupciones más sofisticadas, tal como el lavado de dinero. También cómo combatirlo. ¿Qué resultados obtuvieron?

–En Transparencia Internacional comenzamos a investigar la situación del lavado de dinero hace un par de años. Trabajamos con once de los bancos privados más importantes del mundo. Porque es ahí donde se intenta esconder fondos robados o de origen dudoso. Trabajamos con estas entidades (dos de Suiza, tres de Nueva York, dos de Londres, uno de Holanda, Francia, España y Alemania) y logramos que abrieran sus registros unos a otros y cotejaran cómo manejaban el posible lavado de dinero y cuáles eran sus políticas al respecto. No fue fácil porque es una industria muy competitiva, pero al ser una organización no gubernamental pudimos actuar como jueces neutrales en ese proceso. Habría sido mucho más difícil para un consejero del sector privado. Como consecuencia de esto, los once bancos produjeron un conjunto de principios que fue denominado "Conozca a su cliente". En Gran Bretaña, el disparador del interés en hacer esto fue la muerte del dictador nigeriano Sami Abacha. A su muerte se supo que miles y miles de millones de dólares de su familia y allegados políticos (dinero proveniente del lavado) estaban en bancos británicos. Su conclusión fue que debían hacer algo porque eso estaba dañando su reputación. Y lo único que podía hacer que los clientes se quedaran con ellos era demostrando que eran bancos de primera clase. Al mismo tiempo, el Financial Service Authority (FSA), la policía financiera, obtuvo mayor poder para actuar. Ese proceso continuó en los Estados Unidos con la investigación del comité del Congreso que investigó ciertos aspectos de los clientes de bancos neoyorquinos. Y también en Suiza, cuyas autoridades están comenzando a colaborar cada vez más con los bancos extranjeros, incluso basándose más en el sentido de qué es moralmente correcto. Así que estamos en medio de un cambio importante.

–¿En qué medida este contexto fue afectado por los atentados terroristas en Estados Unidos?

–Los atentados galvanizaron la actitud de los gobiernos. Se dieron cuenta de que ahora sí debían enfrentar los problemas del lavado del dinero y su relación con la financiación de actividades terroristas. Aunque hay que ser cuidadoso, porque la financiación de terroristas no es intrínsecamente lavado de dinero. Mucha de la legislación existente, que estaba llevando mucho tiempo en ser puesta en práctica –porque se consideraba que el lavado de dinero o la corrupción no afectaban a centros como Nueva York o Londres–, hoy está por ponerse en marcha. Se volvió, a partir del 11 de septiembre, una prioridad de primer orden.

–¿Hay aspectos novedosos en esta toma de conciencia?

-Estados Unidos ya aprobó leyes, Inglaterra aceleró la ampliación de poderes para el FSA, surgieron nuevas leyes que permiten la supervisión de cada cuenta. En una palabra, se están haciendo muchas cosas. La más importante, ahora, es la evidencia de que el combate contra el lavado de dinero debe ser internacional. El dinero no se lava en los grandes centros financieros, sino en otro lado, y una prioridad es descubrir de dónde proviene. Así que hay que salir del propio país. No vale de nada aprobar leyes sólo en Gran Bretaña o en la Argentina. Tiene que haber cooperación entre los países.

–¿Cuáles son las diferencias y contactos entre lavado y financiación del terrorismo?

–El lavado proviene en primer lugar del negocio de los narcóticos. Después aparece en escena el crimen organizado, que con la caída del muro se amplió a la mafia rusa. Y en tercer lugar la corrupción pública. Ese dinero ingresa en el sistema bancario y rápidamente termina transformado en una mansión en la Costa Brava o en cuentas en Suiza, porque son las más seguras del mundo. Con el dinero terrorista ocurre en la mayoría de los casos lo contrario. Las potenciales organizaciones terroristas que reciben fondos sólo van a cometer un acto ilegal en el futuro. El dinero que utilizan puede ser perfectamente legítimo. Puede provenir de fundaciones religiosas, de individuos ricos. Esto es habitual y se encuentra también en el crimen organizado, que utiliza hoteles, casinos, servicios, todas actividades legales, para ingresar dinero ilegítimo. Hay una gran conexión entre terrorismo y otra clase de crímenes, incluyendo la corrupción.

–El trabajo que realizaron con aquellos once bancos, ¿dio ya resultados concretos?

–El primer paso fue concordar en una serie de principios básicos, como el concepto de "Conozca a su cliente". Vale decir: identificar quién es el cliente y de dónde provino el dinero que depositó. Pero, por supuesto, hay muchos temas secundarios. Hoy, la identidad del cliente puede ser dificultosa. Muchas veces el ingreso viene a través de un banco correspondiente, de tal manera que no se puede saber realmente quién está detrás de la compañía. Es un trabajo muy duro para los bancos, pero deben investigar hasta probar satisfactoriamente quién está detrás. Si no pueden descubrirlo, no deben permitir que abran una cuenta. Exactamente lo mismo se debe hacer con la procedencia de los fondos. Si no se puede determinar con certeza razonable quien está detrás, de dónde vienen, no debería abrirse la cuenta. La mejor protección para un banco es la autorregulación. Si se trata de la persona no indicada, eso puede dañar la reputación del banco en cuestión.

–¿No es una tarea ciclópea para los bancos?

–Sí, pero ahora hay medios efectivos: la primera es que están compartiendo información. Algunos de estos bancos tiene softwares muy sofisticados para monitorear cuentas. Otra cosa que deben hacer, cuando alguien viene a abrir una cuenta, es construir un perfil de transacciones que se espera que pasen por ella. Algunos de esos softwares pueden programarse para que, cuando ocurren movimientos raros en esas cuentas, se produzca un informe inmediato. Otro paso es que deben informar a las autoridades supervisoras de su país. Lo importante es que los bancos se comprometieron a operar de esta manera, según estas bases, donde quiera que actúen en el mundo: si lo hacen en las islas Caimán, que no tiene regulaciones bancarias muy estrictas, estos bancos deberán basarse en esos principios. También deben investigarse a los clientes de los bancos corresponsales, de los intermediarios y brokers . Es un largo proceso que, con suerte, entrará en vigor a fines de este año.

–¿Es optimista respecto de los posibles resultados?

–Somos optimistas respecto de la producción de estas bases y de que los bancos serán rigurosos al manejarse en estas áreas complejas. Si así lo hacen será un gran respaldo a lo que los gobiernos y agencias gubernamentales están tratando de hacer en la materia. Nos gustaría ver a todos los bancos importantes, y luego al resto de las instituciones financieras, adherir a estos principios.

Política

"La actividad económica siempre está ligada al reino político. De eso tuvimos una clara confirmación a partir del 11 de septiembre: los eventos políticos pueden impactar de manera sustancial sobre el rendimiento económico. Ya había un principio de desaceleración, pero los ataques lo profundizaron. En relación a la Argentina, creo que hay mucho por hacer en materia de credibilidad política y de estabilidad. Eso va a crear la base para una mayor confianza y crecimiento económico. Si uno quiere atraer mayores inversiones, crear mayores puestos de trabajo, hay que crear antes que nada estabilidad política; vale decir, posibilidad de planificación. La Argentina, sin embargo, no es hoy el único ejemplo de este problema. Hay países industrializados donde hay inversión negativa: vale decir que la gente no sólo no está invirtiendo sino que está desinvirtiendo. El caso más extremo es el del Japón. Alemania está en un nivel de crecimiento cero de inversiones. En una palabra, hay países poderosos donde tampoco existe la confianza suficiente para invertir y colaborar con el proceso de crecimiento. Sin embargo, en el futuro inmediato de la Argentina, el marco político es lo fundamental".

Perfil

• Jermyn Brooks nació en Inglaterra en 1940.

• Desde agosto de 2000 ocupa el cargo de director ejecutivo y de finanzas de la organización no gubernamental Transparencia internacional, con sede en Berlín y Londres. Este organismo sin fines de lucro tiene como fin asegurar la responsabilidad y transparencia de los gobiernos y reducir la corrupción a nivel nacional e internacional.

• Se recibió en Oxford y comenzó a trabajar como contador en Londres antes de trasladarse a Frankfurt, Alemania.

• En 1962 comenzó a trabajar en la firma Price Waterhouse, de la cual se convirtió en socio senior en 1989.

• Se especializó en la realización de auditorías, finanzas corporativas y consultoría de management.

• Trabajó durante largos períodos en Irán, Turquía y Austria.

• Durante los últimos diez años en Price Waterhouse tuvo la responsabilidad de las relaciones de la firma con empresas como Shell, Erickson, Roche y Volvo. Tuvo también un importante papel en la fusión que Price Waterhouse realizó con su par Coopers.

• Realizó distintas conferencias y estudios sobre la responsabilidad social corporativa y fue un impulsor de la mejora de controles bancarios sobre el lavado de dinero y de la necesidad de una buena contabilidad y auditoría como elementos esenciales para un buen gobierno.