La economía desafía a la política
El proceso electoral en curso debía servir para que las diferentes fuerzas políticas compitieran con propuestas serias tendientes a resolver los problemas que padecemos desde hace décadas. Problemas que en lo económico se expresan como: falta de inversiones, baja productividad, insuficiente creación de empleo, bajos salarios y precios altos en los bienes y servicios esenciales. Y en la dimensión social como: precariedad laboral, desocupación, altos índices de pobreza e indigencia y fuerte presencia del Estado para intentar reparar esas insuficiencias a través de subsidios y otras formas de asistencialismo.
Este panorama socioeconómico es resultado de décadas en que las fuerzas políticas no fueron capaces de imponer una estrategia productiva adecuada para atender con respuestas genuinas las expectativas de la población. Expectativas de bienestar que nacieron cuando nuestro país alcanzó el quinto lugar como potencia económica mundial, con enormes riquezas provenientes de la fácil explotación agrícola y ganadera. Terminado ese ciclo productivo allá por la Primera Guerra Mundial, la clase dirigente no supo sustituirlo por otro que fuera capaz de atender esas demandas de manera sustentable. Yrigoyen se valió de la creación de empleo público improductivo, y cuando, a mediados de siglo, aparece el peronismo, extendiendo a la clase obrera aquel conjunto de expectativas que hasta entonces era propio de las clases medias, apeló a los beneficios derivados de la particular situación creada por la Segunda Guerra Mundial, para después iniciar un asistencialismo desde el Estado todavía vigente y practicado tanto por gobiernos peronistas como por administraciones radicales.
Gobiernos que en lugar de ponerse a la vanguardia del proceso para imponer una política de desarrollo productivo se limitaron a marchar por detrás de las demandas populares, creando nuevos derechos sin contar con recursos genuinos para hacerlos realidad. Con el agravante de que este tipo de respuestas fueron legitimando aquellas expectativas, convirtiéndolas en parte activa de una cultura que fue condicionando, y a su vez consolidando, aquel comportamiento de la dirigencia política.
La interacción entre expectativas sociales altas y respuestas políticas inadecuadas llevó necesariamente a un círculo perverso donde un Estado que no se preocupó de crear las condiciones para generar riquezas y empleo genuino se vio necesitado de mayores recursos para hacer frente a la emergencia social derivada, precisamente, de la política económica aplicada, lo que lo llevó a incrementar la presión impositiva sobre las actividades productivas, desalentándolas aún más, con la inevitable consecuencia de seguir agravando la ya crónica emergencia social, que volverá a incrementar la necesidad de nuevos recursos.
Los excesos de la década anterior hicieron que en diciembre de 2015 una mayoría de ciudadanos pusiera entre paréntesis la cultura populista dominante y votara por una fuerza política que proponía una estrategia económica diferente, intentando armonizar el corto y el largo plazo (la distribución con la producción). A partir de entonces se da un escenario nuevo donde las fuerzas políticas deberían sentirse libres de proponer los cambios necesarios sin los condicionantes culturales que las inclinaban a propuestas populistas con la intención de alcanzar los votos para llegar al gobierno.
Pero en lugar de aprovechar esta liberación derivada de una opinión mayoritaria que permite aplazar el cortoplacismo y competir con propuestas serias que compatibilicen la distribución con una producción generadora de recursos genuinos, la oposición insiste con proclamas populistas. Frente al intento de sincerar los precios, se habla de "ajuste salvaje"; la revisión de convenios colectivos de trabajo que incorporan la idea de productividad sin afectar el salario del trabajador es condenada como "flexibilización laboral", y toda medida que busque dar seguridad jurídica a los inversores se denuncia como la conducta de un gobierno que se puso "la camiseta de los empresarios".
Es cierto que esta nueva estrategia económica puede desviarse hacia políticas que descuiden la distribución, y con ello el mantenimiento o agravamiento de la desigualdad. No se trata de dar cheques en blanco. Pero la tarea de las fuerzas políticas en la oposición debería apuntar a monitorear este proceso de cambios para evitar desvíos, y aun para mejorarlo, en lugar de combatirlo.
Sociólogo