La escuela debe ser el núcleo de la vuelta a la normalidad
Una mamá, que miraba con enfado y preocupación como su hija de 14 años tomaba clases de Educación Física por Zoom, en su cuarto en un día soleado y templado de septiembre, pensaba por qué ella no podía estar tomando la misma clase en un parque, con el resto de sus compañeros, como venía haciendo los fines de semana cuando se encontraba a reunirse con algunos de ellos en la plaza.
Esta situación como otras, que desbordan sentido común, no parecen ser tenidas en cuenta por las autoridades educativas y sanitarias del gobierno nacional a la hora de autorizar protocolos para que algunos chicos, no todos por ahora, puedan volver escalonadamente a clases.
Lo que está pidiendo el gobierno de la Ciudad no es el regreso masivo y competo de las clases presenciales, lo explicó la ministra de educación porteña, Soledad Acuña: "No estamos pidiendo la vuelta a clases, pero sí podemos pensar estrategias de regreso para grupos focalizados, empezando por los que más escuelas necesitan".
Luego de la reunión mantenida en el Palacio Pizzurno, el ministerio porteño anunció que se había llegado a un acuerdo para que estos 6500 chicos, que perdieron contacto con la escuela desde que comenzó la modalidad de educación a distancia, podían volver a tomar clases presenciales en los patios abiertos de las escuelas.
Sin embargo, algo pasó luego de ese anuncio. Horas más tarde el propio ministro Nicolás Trotta desmintió el acuerdo y dijo que "los cuatro acordamos una comunicación conjunta, pero a los 10 minutos ya había una posición que no era la que reflejaba lo que se había debatido" y que "el acuerdo no existe". Paso atrás y a comenzar de nuevo. Si bien se avanzó, aún no hay fecha firme para comenzar.
Acuña y Trotta se muestran dialoguistas, incluso intentan no mostrar desacuerdos en público, donde afirman que ambos buscan y quieren lo mismo. Pero la puja política es evidente y más allá de la estrategia dialoguista que siempre muestran los funcionarios de Rodríguez Larreta, saben que los "protocolos" están atravesados por la puja política.
Sin dudas, los gremios docentes también influyen en la decisión de Nación. Para analizar su comportamiento ya no sirve hacer de cuenta que se trata solo de una postura gremial, gran parte de estos dirigentes sindicales son militantes kirchneristas y por lo tanto opositores políticos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Su postura ya no es secreta y encierra un acuerdo con el gobierno nacional que quedó al desnudo cuando en una reunión virtual con el ministro Nicolás Trotta se habló de "Ellos" (GCBA) y "Nosotros" (gobierno nacional y gremios).
Esa alianza, que tiene argumentos sanitarios serios y atendibles para vetar la apertura de las escuelas, pero que a esta altura ya no son irrefutables, no está poniendo la educación en el centro del interés político que debe tener una sociedad moderna. Muchos especialistas señalan que comprando cinco mil notebooks no se soluciona el tema de la escolarización de esos chicos, los mismos que el ministerio de educación porteño quiere llevar a las llamadas "aulas tecnológicas" o a clases "al aire libre", porque ya perdieron la relación con la escuela y su docente y es necesario recomponerla presencialmente.
Muchos especialistas señalan que comprando cinco mil notebooks no se soluciona el tema de la escolarización de esos chicos, los mismos que el ministerio de educación porteño quiere llevar a las llamadas "aulas tecnológicas" o a clases "al aire libre"
En lugar de bloquear esta iniciativa, deberían pensar que si en CABA, donde existe la mejor conectividad, la mejor relación institucional entre la escuela y las familias y que tiene la deserción escolar más baja del país, se detectaron a más de 6000 chicos que perdieron todo contacto con la escuela, la magnitud de este problema en otros distritos, como en el NEA o el NOA y la provincia de Buenos Aires, debe ser desproporcionado y debería ser atendido cuanto antes.
Cuando en Chile la educación fue el eje central de la vuelta a la normalidad
En febrero de 2010, Chile sufrió uno de los terremotos más grandes de su historia, entre las muertes, desapariciones y daños ocasionados por el sismo se comprobó que la mitad de las escuelas habían quedado inutilizadas. Hubo un acuerdo entre el gobierno saliente de Michelle Bachelet y el entrante de Sebastián Piñera, la tragedia se dio un mes antes del cambio de mando, y el Colegio de Profesores de Chile, principal gremio docente, que asumieron un compromiso público: en dos meses todos los alumnos chilenos debían estar nuevamente en clase.
Tuve la oportunidad de viajar a cubrir esos eventos y presenciar como los chicos volvían en ese tiempo a clases, porque convirtieron las escuelas primarias de jornada completa en jornada simple, pero también porque habilitaron aulas provisorias en iglesias, clubes, cuarteles de bomberos, carpas y hasta en colectivos adaptados como aulas móviles. Además, existió una fuerte demanda social para que el estado se encargue rápidamente de que vuelvan a funcionar las escuelas. A nadie se le ocurría decir que un espacio abierto, o un bus, no eran lugares adecuados para convertirlos en aulas, era obvio que no lo eran, solo que se daba por descontado que era una situación única y de emergencia y que se buscaba un objetivo: La escuela debe ser el núcleo central de la vuelta a la normalidad.
Un terremoto y una pandemia son dos tragedias diferentes, pero que pueden paralizar un país y a una sociedad, y que tienen estrategias de salida distintas. Hoy en Chile tampoco volvieron a clases y, al igual que nosotros, se encuentran debatiendo protocolos, pero aún da vueltas en la dirigencia y en la sociedad el ejemplo de la gesta del terremoto que sirvió para observar cómo se puede actuar tomando a la educación como prioridad en busca de recuperar la normalidad y no como si fuera una actividad irrelevante.
En un contexto de un sistema educativo que abarca a más de 10 millones de alumnos, cuantitativamente que 6000 chicos vuelvan a clase es un balde agua en una piscina, pero a la vez es mucho. Porque de ese modo las autoridades estarían dando una señal clara a la sociedad mostrando que la educación importa y que la escuela es central en el proceso de normalización de las actividades.
En marzo pasado, cuando todo comenzaba, el presidente Alberto Fernández anunció: "El retorno de las clases puede esperar. No me urge". Un anticipo que viene cumpliendo a rajatabla y que nos hace preguntar si está bien que se haya decidido y se sostenga como un dogma inalterable que las clases presenciales tengan que esperar al último turno de las actividades permitidas durante la lucha contra la pandemia.
Pasaron seis meses, ojalá que el presidente haya cambiado de opinión y esté dispuesto a revisar esa decisión, porque a gran parte de la sociedad sí le urge ver las escuelas abiertas.