La evasión del IVA es del 89%

Por Nadín Argañaraz Para LA NACION
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4 de mayo de 2003  

En la Argentina cada vez que se pretenden mejorar los "números del Estado" se insiste con alguna de las siguientes recetas (individuales o combinadas): a) reducir aquellos gastos más flexibles a la baja (básicamente inversión pública); b) aumentar alícuotas de impuestos de base amplia; c) crear nuevos impuestos, especialmente los de mayor facilidad de recaudación o d) incrementar la presión del organismo fiscalizador sobre los mismos contribuyentes "de siempre".

Por el contrario, tanto las reformas estructurales del aparato burocrático del Estado como las destinadas a reducir los niveles de evasión tributaria han sido esporádicas y discontinuas. Sin dudas, la evasión es hoy uno de los problemas centrales de la economía argentina, no solamente por el dinero que deja de recaudar el fisco sino también por los efectos negativos que genera en el funcionamiento de los mercados (competencia desleal).

Está claro que la evasión es un delito que debe ser penalizado con todo el rigor de la ley. Pero desde el punto de vista económico resulta esencial analizar los diversos elementos que puede considerar un contribuyente a la hora de decidir si evade o no, quedando para el Estado la tarea de diseñar un esquema de incentivos que transforme a la evasión en una acción no rentable.

Determinantes de la evasión

Un ciudadano evalúa los costos e ingresos, o sea los beneficios, que le genera la decisión de pagar o no sus impuestos (esto no tiene que ver con el caso de mora en el pago).

El ingreso de la acción de evadir es el monto de recursos que no se entregan al fisco (aumento de ganancias o disminución de pérdidas), que depende en muchos casos de los niveles de las alícuotas impositivas. Por ejemplo, en el IVA un mismo nivel porcentual de subdeclaración de ventas genera mayores ingresos por evasión mientras mayor es la alícuota impositiva.

Por su parte, los costos de evadir están relacionados básicamente con la probabilidad del Estado de detectar la maniobra y la pena que establezca en caso de efectivamente descubrirla. Vale mencionar que en la estimación de probabilidad de no tener éxito que realiza el contribuyente, no sólo considera la probabilidad de ser detectado sino también la de una vez detectado, ser castigado. En países en vías de desarrollo estos dos últimos valores generalmente no coinciden, dado que todos los evasores detectados no terminan siendo castigados.

Otro elemento que influye en la decisión de evadir es el grado de aversión al riesgo que tenga el contribuyente. En este sentido, puede ser neutral, averso o amante del riesgo, dependiendo del bienestar que le genera una situación incierta respecto a una cierta. Por naturaleza los agentes económicos son aversos al riesgo, es decir que tratan de evitar la incertidumbre. Mientras mayor sea el grado de aversión, mayor será el beneficio que exigirá para asumir la decisión de evadir.

En el ataque a la evasión, el Estado debe apelar tanto a cuestiones formales de política tributaria como de administración tributaria. El objetivo central debe ser la disminución sustancial de los incentivos a evadir (en el extremo su eliminación total).

Entre las opciones concretas de política que dispone el fisco de destacan: a) reducir el monto de los ingresos por evadir, b) incrementar la probabilidad de detección y castigo y c) aumentar los montos de las sanciones que se aplican al evasor.

La primera opción consiste esencialmente en disminuir las alícuotas impositivas (siempre que no se reduzcan las sanciones), buscando el nivel que maximice la recaudación del impuesto. Estos cambios se relacionan con una reforma tributaria.

La segunda opción se relaciona con la mejora de la administración tributaria y de las instituciones de justicia, de manera tal de incrementar el número de evasores que son detectados y castigados por el fisco. Los beneficios de implementar esta medida son concretos y se asocian a los ingresos que se recuperan de los evasores. Sus costos se relacionan básicamente con el pago al personal asignado a tareas de prevención, inspección y control. Cuando la probabilidad de detección es muy baja (como lo es en Argentina), esta política es muy conveniente, dado que con sólo algunas mejoras en la administración tributaria se logra incrementar considerablemente los costos esperados de evadir impuestos en muchas actividades económicas.

La tercera opción es mucho más económica que la anterior, dado que no tiene costos de implementación, e inclusive puede ser más efectiva dada la aversión al riesgo de los agentes económicos. Una baja probabilidad de perder mucho desanima más a un potencial evasor que una alta probabilidad de perder poco. Pero este camino tiene restricciones, dado que si la probabilidad de detección es muy baja, el incremento de sanciones puede no ser tan efectivo.

En definitiva, no hay una opción única y los incentivos a evadir deben ser atacados a través del uso conjunto de los tres instrumentos mencionados, como mínimo.

Lo interesante de cuantificar los determinantes de la evasión está en la posibilidad de inferir si los incentivos a evadir por parte de un contribuyente son bajos o elevados.

Dada la escasa información disponible en nuestro país, no resulta sencillo el cálculo de los incentivos a nivel microeconómico. Pero sí es posible estimar a partir de variables macroeconómicas el costo fiscal anual de la evasión en el IVA. Los resultados reflejan que se mantiene en niveles elevados y a la vez con una tendencia creciente en los últimos años.

En efecto, se estima que durante 2002 el Estado nacional resignó unos $14.100 millones solamente en concepto de este impuesto. Este monto representa aproximadamente el 47% de la recaudación potencial y nada menos que el 89% de la recaudación efectiva. Este es uno de los motivos por los cuales cuando uno observa una comparación internacional de presión tributaria efectiva, nuestro país no aparece muy por encima de países similares. La apreciación cambiaría sustancialmente si se efectuase una comparación de presión tributaria legal.

Más allá de la relación que pueda existir entre fase del ciclo económico y niveles de evasión, el problema toma una dimensión mayor si se considera que estos últimos vienen creciendo en los últimos años.

No cabe duda que la agenda de política económica del próximo gobierno debe guardar un espacio destacado a la búsqueda de soluciones para el problema de la evasión tributaria. El elevado costo fiscal de la evasión en el IVA marca claramente la necesidad que el Estado utilice de una vez por todas los instrumentos necesarios para atacar el problema. Hay que institucionalizar un sistema de incentivos que premie al ciudadano que cumple con sus responsabilidades tributarias y penalice a quien no lo hace.

Es la oportunidad de llevar adelante una reforma tributaria que persiguiendo otros objetivos también reduzca la evasión. Pero es clave una mejora sustancial de la eficiencia de los organismos recaudadores y del Poder Judicial. Sin esto último, una reforma tributaria sola no bastará.

  • El próximo domingo: el columnista invitado será Javier González Fraga .
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