La extorsión moral del kirchnerismo

Al Gobierno le interesa presentar la elección que viene como un enfrentamiento entre dos proyectos: el propio y el de un único "adversario imaginado", en buena medida creado por él y a su medida, que expresaría una versión vulgar de lo que podría llamarse el liberalismo-conservador.

Conforme al imaginario ofrecido por el Gobierno, la disputa de este tiempo se daría entre una posición estatista, intervencionista, preocupada por preservar las fuentes de trabajo -que sería la del kirchnerismo- y otra alternativa antiestatista, neoliberal, interesada en espurios negocios privados, aun a costa de renunciar a básicas protecciones sociales y volver a subir los niveles de desempleo.

El escenario imaginado por el Gobierno es simplista y falso en casi todos sus rasgos. Primero, porque hoy ya es parte del sentido común en todo el arco de partidos políticos argentinos que el Estado tiene un papel crucial para cumplir, a los fines de curar y evitar los males que fueron propios de los años 90: la desocupación y las peores consecuencias de la pobreza. Segundo, porque ni el Gobierno es símbolo de estatismo ni la "oposición imaginada" vive aferrada al sueño privatista. La verdad es mucho más compleja; de hecho, el Gobierno acostumbra enredarse en el aparato del Estado con oscuros negocios privados: lo vimos del modo más crudo en su política de transporte (el Gobierno, de la mano de grupos privados, explotando a trabajadores tercerizados); lo vemos en su política energética, capaz de pasar, en cuestión de días, de las arengas nacionalistas a arreglos con Chevron y a la firma de contratos que avalan las peores políticas del fracking .

No se trata sólo de que la dicotomía que propone el kirchnerismo es falsa (los protagonistas difieren mucho de la caricatura que prefiere el Gobierno), sino que además invisibiliza una cantidad de ideas y proyectos valiosos, de impronta igualitaria, que quedan por fuera de esa falsa dicotomía: hay un amplio campo de proyectos igualitarios que perviven por fuera del territorio demarcado por el oficialismo.

En los hechos, el Gobierno defiende hoy una posición cercana a lo que en términos de filosofía política se denomina "utilitarismo". Su propuesta consiste en invocar un vago interés general para respaldar decisiones que suelen afectar, de modo grave, derechos individuales. Se ampara en grandes objetivos en apariencia cumplidos ("la década ganada") y se empeña en diluir dentro de "todo lo logrado" faltas serias o violaciones de derecho concretas. Por eso mismo, nos dicen los amigos del Gobierno, si se han tomado decisiones importantes en materia de derechos humanos, por qué molestarse si un día se nombra al general Milani -acusado de crímenes graves- como jefe del Ejército; si se impulsan cambios en lo que concierne a la política de ferrocarriles, entonces por qué seguir insistiendo en los más de 50 muertos de Once o en los últimos 100 heridos, víctimas de la corrupción ferroviaria; si la producción de soja es récord, por qué preguntarse por las poblaciones campesinas e indígenas brutalmente desplazadas.

Frente al proyecto del Gobierno, existe un amplio campo de posiciones más vinculadas con el igualitarismo (como en la filosofía política, habitualmente en tensión con el utilitarismo) que se expresan a través de voces y grupos de la oposición algo dispersos: es una posición que en parte existe y en parte todavía se debe construir. Preocupada, sobre todo, por la desigualdad generada durante la "década ganada", esta posición irrita al oficialismo porque no puede ser reducida a los planteos del rival conservador que se ha creado el Gobierno. Más todavía, en su interés por la defensa de derechos individuales y colectivos esta posición se empeña en marcarle al partido gobernante las violaciones de derechos que diariamente comete, a la vez que le señala la existencia de umbrales innegociables que ninguna política debe nunca atravesar.

El igualitarismo no necesita adoptar una posición cerrada, destinada a impugnar todas las políticas legislativas impulsadas por el oficialismo, pero considera inadmisible que algunos representantes del Gobierno hayan aceptado cruzar ciertos límites como los que atravesaron al sancionar la ley antiterrorista o al defender el ascenso de Milani. El igualitarismo puede convivir con programas a veces más garantistas, a veces menos liberales en materia de seguridad, pero exige en todos los casos no bajar nunca ciertos umbrales de respeto a las garantías elementales (como, por caso, cuando se asesina o remueve por la fuerza a miembros de la comunidad qom o cuando se utiliza a la Gendarmería para espiar a activistas sociales o cuando se recurre al Ejército para desocupar tierras tomadas). Del mismo modo, el igualitarismo puede convivir con la existencia de funcionarios mejores o peores, pero considera por completo impropio que alguno de ellos se exprese cotidianamente en el lenguaje del macho violador.

Los señalamientos que el igualitarismo le hace al Gobierno nos permiten reconocer la existencia de un ancho territorio que incluye críticas incómodas para el kirchnerismo y que desnuda la caricatura oficialista que ubica a sus críticos en el lugar de una oposición conservadora, antiestatista o neoliberal. El hecho es que hay mucha vida por fuera de la dicotómica disputa entre el oficialismo y la oposición antiestatal. Desde ese amplio espacio igualitario, es posible resistir sin problemas la permanente extorsión moral a la que nos pretende someter el oficialismo al pedir que aceptemos medidas inaceptables en nombre de otras irreprochables ("no hay que criticar el nombramiento de Milani porque «dimos» la asignación por hijos"; "¿quiénes son ustedes para criticar la corrupción de Ciccone, si nosotros «conseguimos» el matrimonio igualitario?").

El igualitarismo tiene muy buenas razones para rechazar la común estrategia oficial de justificar lo injustificable en nombre de lo heroico (exigir privilegios o demandar "correctivos" contra quien cumple con su deber, en nombre de lo que se ha hecho o se ha padecido en el pasado) y para exigir el cumplimiento irrestricto de ciertas reglas y principios, por más que se incumplan en nombre de objetivos que compartimos.

Al oficialismo siempre le interesó identificar a sus críticos con posturas antipolíticas, que muestran aversión a la militancia y temor frente a la participación de las mayorías. Sin embargo, en la práctica, el Gobierno es quien más ha socavado la vida política al reducirla a las elecciones o al premiar actitudes obsecuentes de lealtad y obediencia.

Pero la política, conviene enfatizarlo, merece entenderse exactamente al revés, como aquello que ocurre todos los días, con independencia de las elecciones; como la que se orienta a satisfacer las necesidades del pueblo, con independencia de lo que digan quienes se consideren sus dueños; como la que exige el desafío constante (antes que la obediencia) a los que están en el poder.

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