El violento líder mapuche Facundo Jones Huala, presunto autor de graves delitos en Chile en 2013, finalmente fue extraditado al vecino país para ser juzgado por aquellos hechos de violencia. Su traslado se concretó anteayer.
Sus abogados difundieron la noticia de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habría solicitado expresamente a nuestro país, a su pedido, la suspensión de la extradición en lo que se describe equívocamente como una presunta medida cautelar, que, en rigor, no lo es y que solo tiene la fuerza de una mera recomendación o sugerencia.
El referido organismo no existe más desde 2006, cuando fue trasformado en el actual Consejo de Derechos Humanos a raíz del generalizado descontento que despertaba en la comunidad internacional la excesiva politización y la falta de imparcialidad de su predecesor.
Es necesario recordar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un organismo que carece de facultades sancionatorias y que solo puede realizar meras recomendaciones, que obviamente deben evaluarse con toda seriedad. Se ha dicho que su principal fortaleza es la de ser capaz de generar algún grado de presión política o ética en el plano internacional, movilizando fundamentalmente la vergüenza pública respecto de las conductas que considere inaceptables.
Nuestro país debe medir y tener siempre en cuenta lo señalado en las opiniones y recomendaciones de fondo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el caso particular de Jones Huala, también fue preciso cumplir con el requerimiento de la Justicia chilena, que de ninguna manera podía ser ignorado, debido a la acusación que pesa sobre el dirigente por su presunta participación en delitos graves en territorio chileno.
El requerimiento judicial del país vecino no podía demorarse irrazonablemente. Gobernar es siempre tener que decidir. El inmovilismo no iba a resolver el problema.
