La firma y el documento digital

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10 de diciembre de 2001  

Es probable que muchas personas se estén preguntando qué trascendencia tiene para la sociedad la ley que admite la firma y el documento digital. También es probable que esas personas tengan dudas acerca de si meramente se trata de un nuevo recurso tecnológico o si, es cambio, resulta ser una innovación que entraña un cambio más profundo.

El documento de papel y la firma manuscrita que lo avala están enraizados en las más entrañables tradiciones de nuestra herencia hispánica, con un sesgo más fuerte aún que el que exhiben en el mundo anglosajón. Pero tanto en una cultura como en la otra, el universo del derecho estuvo conectado, durante varios siglos, a la letra escrita sobre papel. Ahora, hay que enfrentarse con una realidad distinta: el valor jurídico de un documento se sustenta en los destellos parpadeantes de una computadora, lo que implica cambios y consecuencias de incuestionable magnitud.

La firma electrónica o, más propiamente dicho, la firma digital, es parte esencial de una plataforma legal necesaria para cualquier país que aspire a ingresar de lleno en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Se trata de un avance técnico esencial, que permitirá -se supone- consolidar la actividad comercial en la red mundial Internet, a la vez que facilitará la interacción de personas, instituciones, la administración pública o la Justicia.

El tráfico comercial e institucional y las relaciones personales adquieren una nueva dimensión. No se trata de un simple ahorro de papeles, aun con la importancia que eso podría tener: constituye un cambio en los conceptos.

En cuanto hace a la modernización del Estado, el desarrollo del gobierno electrónico podrá contribuir a la eliminación de gastos superfluos, la reducción del costo de compras y contrataciones, la disminución de la evasión, el mejoramiento de la prestación de servicios en general y, en definitiva, a una mayor transparencia de los actos del poder público. La práctica no es absolutamente nueva en nuestro país, pues ya se ha incorporado a algún sector de la administración pública y es utilizada en la Comisión Nacional de Valores.

La nueva ley -con algunas limitaciones para testamentos, derecho de familia y algunas cuestiones personalísimas- admite en la Argentina ese mecanismo, equiparado, a los efectos legales, con la firma manuscrita, aunque nada tenga que ver con esta. La firma digital se basa en el juego de un par de claves: una clave privada para firmar y una clave pública para verificar la firma. El sistema permite asegurar la identidad del firmante y que el documento no ha sufrido alteraciones desde que fuera firmado. Al mismo tiempo, acuerda validez al documento electrónico, equiparándolo al documento escrito en soporte papel. De esta forma, introduce modificaciones sustanciales en el Código Civil. Y también modifica el Código Penal, para adecuar los tipos penales a la falsificación de firma electrónica.

La ley asimismo regula la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Dispone que el Estado nacional utilizará las tecnologías y previsiones de la misma en su ámbito interno y en relación con los administrados, y promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas y búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización, extensiva a la normativa y a las sentencias. La ley deberá ser reglamentada en un plazo no mayor a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, invitándose a las provincias a adherirse a ella.

Se ha hablado en esta columna editorial de la conveniencia de generar una iniciativa o plan maestro que defina el rol que la Argentina quiere cumplir en el nuevo mundo digital globalizado de comienzos de siglo. Incluso se ha hecho referencia a una iniciativa concreta, Argentina Digital, elaborada por ITCenit, Centro de Investigaciones en Information Technology. En este sentido, si bien la ley nace vinculada con una voluntad explícita de las más altas autoridades de sintonizar al país y producir la transición hacia el nuevo mundo digital, no ha surgido en un contexto más amplio, integrada a un plan maestro, como hubiera sido deseable.

Se trata de elaborar políticas del Estado, y, quizás, hasta de plantear un proyecto de país para la centuria que se acaba de iniciar, para reemplazar aquél que tuvo la Argentina un siglo atrás. Ese proyecto posibilitó un desarrollo que asombró al mundo pues quedó situada entre los primeros países de la tierra. Agotado, el proyecto no fue reemplazado.

La ley aquí comentada posee, entonces, una trascendencia que se debe celebrar, en tanto forme parte de lo que debería ser aquel plan maestro global. Se espera que ley impulse el comercio electrónico, pero también que acerque al concepto del gobierno electrónico, haciendo votos para que la reglamentación aclare algunos conceptos que, luego la práctica irá adecuando.Es positivo que el Gobierno incorpore nuevos motores al desarrollo del país, acelerando la transición hacia las nuevas estructuras digitales.

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