La gobernabilidad futura

Guillermo RozenwurcelPara LA NACION
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16 de abril de 2011  

Casi todos los países de América del Sur atraviesan desde 2003 una situación económica extremadamente favorable, que la crisis de 2008 sólo parece haber interrumpido brevemente. Fundamentos macroeconómicos fiscales y externos mucho más robustos que en el pasado, altas tasas de crecimiento, así como una significativa reducción de las tasas de desempleo y los niveles de pobreza caracterizan el desempeño de la región. El escenario económico mundial, que combinó una fuerte mejora de los precios de exportación y los términos de intercambio; el significativo aumento de los volúmenes exportados y tasas de interés internacionales excepcionalmente reducidas han estado, sin duda, entre los factores determinantes de ese desempeño.

De este modo, la región pasó de sufrir una escasez crónica de divisas, que desde la posguerra había condicionado la dinámica stop and go de su ciclo económico, a una situación de holgura externa que redefinió la naturaleza de sus desafíos macroeconómicos.

La situación, claro está, no está exenta de riesgos e incertidumbres. La actual bonanza combina factores que lucen más persistentes (el crecimiento chino, indio y de otros países asiáticos) con otros que parecen temporarios (el exceso de liquidez en los mercados financieros internacionales). Por otra parte, la elevada inestabilidad se convirtió en un dato duro de la economía globalizada. Además, si bien la cuestión central ya no es administrar la escasez, el desafío que supone administrar la abundancia es igualmente exigente: lograr que nuestros recursos naturales -base de la actual bonanza- impulsen el crecimiento no sólo a corto, sino a mediano y largo plazo, evitando los posibles trastornos de la "enfermedad holandesa" (nombre que designa a las consecuencias negativas provocadas por un aumento en los ingresos de un país), que puede transformar la "bendición" en "maldición", al condenar a la pobreza a vastos sectores de la sociedad, al hacer inviables las actividades no ligadas a la explotación de esos recursos.

Paradójicamente, las condiciones económicas tan adversas que enfrentaba la Argentina cuando comenzó la bonanza externa en 2003 le permitieron aprovechar el viento de cola externo para ubicarse entre las economías de la región de mayor crecimiento durante este período. Ello posibilitó, además, disimular algunas peligrosas inconsistencias de su política económica que, no obstante, continúan profundizándose.

La aceleración inflacionaria, que fogonea la conflictividad distributiva y genera un horizonte incierto para las decisiones de inversión; una estructura de precios relativos que comienza a afectar la competitividad de la economía y cuellos de botella cada vez más evidentes en infraestructura y en energía configuran un cuadro que, tarde o temprano, no podrá seguir sosteniéndose. Si el diagnóstico es correcto, el nuevo gobierno deberá eliminar esas inconsistencias. De no hacerlo, nuestro crecimiento futuro quedará exclusivamente a merced de la buena fortuna y ésta, se sabe, no dura para siempre.

Entiéndase bien: no hay puntos de contacto entre los desafíos actuales y los que llevaron a los recurrentes colapsos hiperinflacionarios o de sobreendeudamiento de las últimas tres décadas. Actualmente, los bajos niveles de endeudamiento público y externo, la importante acumulación de reservas internacionales y el estado de las cuentas fiscales y externas que, aunque han venido deteriorándose gradualmente, aún lucen confortables, felizmente descartan semejante posibilidad. Por otra parte, la dinámica inflacionaria todavía no ha dado lugar a un régimen de alta inflación cuya inercia sólo podría quebrarse con políticas draconianas. Hay, por ende, suficiente espacio de políticas para corregir los desequilibrios acumulados sin recurrir a los temidos ajustes recesivos.

Es clave para ello que el nuevo gobierno se comprometa con un nuevo rumbo de política económica centrado en cuatro objetivos: la desaceleración gradual de la inflación, el freno al proceso de apreciación cambiaria, la recuperación paulatina de las tarifas de los servicios públicos y un fuerte impulso a la inversión pública y privada. Reencauzar la economía en una trayectoria sostenible es perfectamente factible desde el punto de vista de la política económica. Con los grados de libertad disponibles, el sector público no enfrenta restricciones económicas insuperables para adoptar la combinación de medidas necesarias: por un lado, desacelerar el explosivo ritmo de crecimiento actual del gasto público; adoptar una política monetaria compatible con la reducción gradual de la inflación; utilizar activamente el poder del Estado para encauzar las negociaciones salariales y las decisiones de las empresas que fijan precios en un sendero consistente con el objetivo antiinflacionario; por el otro, poner en ejecución un ambicioso plan de inversión pública y un conjunto bien diseñado de incentivos a la inversión privada.

Sin embargo, a diferencia de las salidas de las grandes crisis de nuestra historia reciente, donde se partía de condiciones sociales muy adversas, existía una fuerte demanda por estabilización y la política económica podía revestirse con una retórica discursiva de contornos épicos, hoy el contexto macroeconómico luce favorable y las amenazas económicas son mucho menos perceptibles.

El abordaje gradualista de política económica que es el necesario en las presentes circunstancias, por el contrario, requiere una alta dosis de "sintonía fina" en su implementación y difícilmente pueda revestirse de una retórica heroica. Ello supone una fuerte exigencia sobre la política a secas, que debe ser capaz de combinar firmeza y capacidad de diálogo para arbitrar los conflictos sociales y coordinar las decisiones de los diferentes actores colectivos, evitando desbordes y comportamientos no cooperativos.

El desafío de gobernabilidad que este escenario plantea a un futuro gobierno de alguna de las fuerzas actualmente en la oposición es innegable. Pero como sugiere el importante aumento de la conflictividad social en curso, sería un grave error, tanto para el oficialismo como para el electorado en general, creer que ese desafío se desvanecería si la Presidenta fuera consagrada para un nuevo mandato. Más aun si se tiene en cuenta que, sin una nueva reelección como alternativa, la carrera por la candidatura presidencial para 2016 dentro del peronismo la convertiría, a partir del día siguiente a su asunción, en lo que los norteamericanos gráficamente califican de "pato rengo". © La Nacion

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