La gran oportunidad perdida

Jorge Oviedo
Jorge Oviedo LA NACION
Cristina Kirchner podría haber logrado que los buitres no tuvieran más remedio que entrar en el canje. El único que podía hacerlo era el juez Griesa, sentando jurisprudencia.
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29 de septiembre de 2014  • 20:35

La Argentina es un país extraño. Integra el poderoso e influyente G-20 y es el único miembro de ese selecto club que no sólo ha sido amonestado por el FMI -el auditor del grupo- por falsificar sus estadísticas y ahora suma el rarísimo privilegio de desacatar las órdenes de un tribunal extranjero al que se sometió voluntariamente.

Nada raro, porque durante años el kirchnerismo insólitamente desoyó e incumplió los arbitrajes desfavorables en el Ciadi. No hubo entonces una declaración de desacato porque el Ciadi es un tribunal arbitral, muy distinto del de Thomas Griesa .

Y durante años -más de una década- desoyó los reclamos de los países del Club de París , a los que luego se les reconocieron sus acreencias muy por encima de lo razonable. Luego, como alguno se atrevió a hacer alguna crítica u otros no acompañaron una iniciativa internacional, fueron insultados por la Presidenta en persona en la Asamblea de la ONU. El cristinismo es así: ve todo blanco o negro.

Las personas que se dejan gobernar por su carácter son capaces de llevar sus causas a la derrota, a pesar de tener, inicialmente, muchos argumentos razonables a favor y el respaldo de personas muy importantes.

El cristinismo es así: ve todo blanco o negro

Es lo que hizo el dictador Leopoldo Galtieri cuando, en una acción temeraria e irresponsables, podría haber logrado triunfos diplomáticos que, claro, no lo conformaban. Porque lo quería todo.

Que el accionar de los fondos buitre es un problema, que convendría encontrar un camino para que no compliquen las reestructuraciones de deudas soberanas, no es un descubrimiento del kirchnerismo, ni una causa que hayan iniciado. Aunque ahora se envuelvan en esa bandera.

La primera teorizadora sobre la necesidad de una ley de quiebras soberanas que impida que las minorías reclamen más que lo que las mayorías acepten es una postura que desde fines de los 90 defiende la economista norteamericana Anne Krueger, a quien como número dos del FMI designada por la administración del más joven George Bush, el entonces presidente Néstor Kirchner destrató y hasta se burló de ella en público.

Esa teoría tiene muchos defensores, que han argumentado públicamente y hasta en el tribunal de Griesa y en las instancias superiores en favor de la Argentina.

Cristina Kirchner podría haber logrado que los buitres no tuvieran más remedio que entrar en el canje. El único que podía hacerlo era el juez Griesa, sentando jurisprudencia.

La Presidenta parece no haber entendido que no estaba en discusión si pagarle o no a los holdouts, sino cuánto era aceptable. Es decir, creyó que había una oportunidad de mostrar que desafiarla a ella y no aceptar sus exigencias, es la ruina. Quiso que el juez le permitiera repudiar la deuda. No pagar un centavo. Y sólo comenzó a decir que ofrecía lo mismo que a los que aceptaron el canje.

La Presidenta parece no haber entendido que no estaba en discusión si pagarle o no a los holdouts, sino cuánto era aceptable

El Gobierno se burla de Griesa diciendo que está viejo, como si fuera responsable de la edad que tiene, o porque, según ellos, "no entiende el problema".

Es cierto que el juez ha tomado medidas discutibles y algunas las enmendó luego. Pero si alguien era responsable de hacerle entender de qué se trataban las cosas según la Argentina, eran el Gobierno y sus abogados neoyorquinos, que están facturando millones por mes por seguir en el litigio.

Abogados con experiencia en tribunales americanos dicen que por ahora es imposible saber quién es el responsable de tan desastrosa estrategia, puesto que hay cuestiones de confidencialidad mientras dura el pleito.

La incógnita es si todo es un pésimo manejo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, por lo cual deberían hacerse responsables por mala praxis, o si todo ha sido producto de las torpes decisiones de las autoridades, que deberían entonces pasarse los próximos años sometidos a procesos penales.

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