La grave deuda social del kirchnerismo

Más allá de los eslóganes electorales, la verdad es que la deuda social que dejan los doce años de gobiernos kirchneristas es abrumadora, más aún por haberse contraído en el mejor contexto mundial para la Argentina en un siglo. En el balance se cuentan ciertas mejoras, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) –logro de toda la sociedad–, la caída del desempleo, las jubilaciones o el aumento de la inversión en educación. Pero el resultado está muy por debajo del que habría sido posible, y deja sin sustento la idea de "la década ganada". La carga impositiva no es progresiva, los subsidios a los pudientes son récord histórico, se postergó una vez más el desarrollo del interior del país, en educación los temas pendientes y los fracasos superan a los logros, la creación de empleos productivos ha sido insuficiente, la informalidad, la pobreza y la indigencia son todavía muy altas, se afianzó el narcotráfico y, en fin, se puso en riesgo innecesariamente la sostenibilidad de los propios logros.

Una sorpresa para muchos es que, según la última información disponible, la carga impositiva como proporción de los ingresos del 30% de hogares más pobres es de 36%, algo mayor que la que pesa sobre el 30% de hogares más ricos (34,6%), aun sin considerar el impuesto inflacionario. No sorprende tanto, porque los impuestos sobre los ingresos y la propiedad aportan en la Argentina menos del 20% del total, contra 43,4% en los países desarrollados y 33% en los emergentes. La carga tributaria es también contraria al progreso económico por pésimos impuestos, como la inflación, las retenciones a las exportaciones y el gravamen a los créditos y débitos, todos ellos una rareza mundial.

En 2015 los subsidios otorgados a los sectores pudientes (30 o 40% de la población, según los casos) habrán sumado aproximadamente 189.700 millones de pesos, de los que 84.200 se habrán entregado al consumir energía, agua y servicios sanitarios; 40.000, en dólar ahorro; 35.000, en dólar turista; cerca de 20.000, en educación superior, y 10.500, en transportes. Estos 189.700 millones superan con largueza los 160.000 millones del presupuesto 2015 para programas nacionales que atienden principalmente a hogares y personas de menores recursos. En ese total, las pensiones no contributivas demandan 53.000 millones, los mal llamados "planes" suman 44.000 millones y la AUH, sólo 25.000 millones.

Es lamentable, pero no sorprende, que no se cuantifique oficialmente el impacto negativo de la inflación y del festival de subsidios a los pudientes en la distribución del ingreso. Los impuestos y las transferencias son decisivos para reducir la desigualdad. En Dinamarca, por ejemplo, el índice de Gini que la mide es de 41,6 sin políticas públicas, pero con ellas cae a 24,8 y transforma al país en uno de los más igualitarios del mundo. Nada parecido ocurre aquí.

Los subsidios a la energía y los transportes se otorgan en gran medida en el área metropolitana de Buenos Aires, como si las provincias fueran menos dignas de ese privilegio. Al mismo tiempo, las rentas fiscales se concentran ahora, mucho más que antes, en el gobierno nacional; dado que las provincias son las principales responsables de los servicios de salud y educación, esto ha mermado su potencial para brindarlas. Esta succión de recursos perjudicó el desarrollo económico y social del interior, y su parcial compensación con transferencias discrecionales –que la Nación ha dado sobre todo a provincias o municipios políticamente afines o que procuraba atraer– ha sido un paliativo antidemocrático e insuficiente. El "modelo" ha sido uno de concentración demográfica en las grandes metrópolis.

La inversión en educación aumentó al impulso de la ley de financiamiento. Se pensó en su momento que se había cumplido la meta de invertir el 6% del PBI en educación, ciencia y tecnología en 2010 y un 6% sólo en educación desde 2011. Pero en 2013 el Indec actualizó el cálculo del PBI aumentando su valor nominal y de eso resultó que en 2010 y años siguientes la inversión fue bastante inferior a la meta, en nada menos que unos 250.000 millones de pesos. No hubo mala fe, pero las autoridades deberían haber anunciado planes para recuperar tamaños faltantes. La mayor inversión permitió cierta mejora de los salarios docentes –imprescindible para mejorar la calidad de la educación, pero que debió ser acompañada con una nueva carrera docente –y también el aumento de la crucial escolarización en el nivel inicial. En la enseñanza secundaria, en cambio, la matrícula tuvo incrementos magros pese a haberse legislado su obligatoriedad.

La calidad de los aprendizajes así lograda es variada, pero en muchos casos, muy baja. Las evaluaciones internacionales –PISA para la secundaria y Unesco para la primaria– muestran que los aprendizajes de los chicos argentinos no mejoran y, peor aún, se rezagan en comparación con los de sus pares de la mayor parte de los países latinoamericanos que se evalúan. Esto no debe sorprender porque no pocas políticas oficiales –notoriamente en la provincia de Buenos Aires– se reorientaron a privilegiar la inclusión, loable objetivo, pero aun a costa de la calidad. Se alega que lo contrario es estigmatizar a los chicos, sin advertir que bajar las barreras por considerarlos incapaces de superarse es una estigmatización mucho peor. La reciente reforma de la ley de educación superior comete el mismo error al prohibir los exámenes de ingreso, sin prever siquiera políticas de nivelación de las capacidades de los chicos que tuvieron una educación media de baja calidad y corren serio riesgo de desertar a poco de iniciar el nivel terciario. En fin, la segregación educativa, con su predominio de escuelas pobres para los pobres, no ha mejorado significativamente. Más aún, empeoró en algo tan crucial como el creciente abandono de las escuelas de gestión estatal por parte de chicos de hogares con mayores recursos.

En materia de empleo, se constata que entre 2003 y 2015 se sumaron 1.400.000 empleados públicos, para llegar a cerca de 3.500.000, lo que implica un aumento de 5,8 a 8,3 empleados por habitante y del 16,5% al 21,5% del total de ocupados, con manifiesta caída de la productividad. Desde 2007 el 60% del aumento de empleos fue en el sector público, cifra que llegó al 90% en 2014-15 (FIEL). Fue decreciente, en cambio, no sólo la creación de empleo privado, sino también el peso del empleo formal. Sólo un tercio de las personas que trabajan lo hacen en el sector privado formal, y entre los jóvenes de 18 a 25 años económicamente activos, sólo un tercio de ellos tienen un empleo asalariado formal (Idesa). Como si tales carencias fueran pocas, la creación de empleos productivos formales enfrenta ahora el terrible desafío de competir con las elevadas sumas que paga el narcotráfico a sus "soldaditos".

Por todo esto, no debería sorprender que los déficits de subsistencia de niños y jóvenes de 0 a 17 años sean todavía alarmantes. El 40% de ellos viven en hogares pobres; el 26%, en hogares con necesidades básicas insatisfechas; el 10%, en hogares indigentes, y el 8% sufre inseguridad alimentaria severa. Pese a esto, un 22% carece de protección social, ya sea AUH, salario familiar o planes sociales, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

En fin, otra deuda muy gravosa del kirchnerismo, aunque menos visible, es que sus logros afrontan grandes desafíos de sostenibilidad por la alta inflación, el atraso cambiario, una economía recesiva y con menor ingreso por habitante que en 2011, un Banco Central quebrado, un déficit fiscal desbordado pese a la gran presión tributaria, y la ineficiencia y la notoria corrupción en diversos ámbitos del Estado. Cancelar esta deuda social es una tarea ciclópea pero también factible en el tiempo, y muy convocante. Marcará, también, el futuro político y el juicio histórico de las próximas gestiones nacionales, provinciales y municipales que asumirán en menos de un mes.

El autor es economista y sociólogo