La hora exige modernizar la legislación laboral

Desde esta columna editorial, el 14 del actual señalamos la inconveniencia de dar curso a proyectos de ley que propiciaban tanto la prohibición del despido como la doble indemnización en el marco de una emergencia ocupacional. Las comisiones parlamentarias que los trataron en la Cámara de Diputados y en el Senado aprobaron tales iniciativas para su discusión en el recinto. Sólo los miembros del oficialismo votaron negativamente, sin alcanzar a impedir la continuación del trámite. El presidente Mauricio Macri ha hecho saber que ejercería su poder de veto si una ley con ese propósito fuera sancionada. Algunas entidades empresariales y también otras profesionales, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, han emitido declaraciones para llamar la atención sobre los efectos negativos que una prohibición de despidos provocaría en la inversión y en la creación de empleos. Y, en las últimas horas, el Frente Renovador, de Sergio Massa, abogó por un proyecto superador que no contemple prohibiciones e incluya incentivos fiscales para las Pyme.

La cuestión laboral merece una revisión más amplia que la referida al despido. La legislación de las últimas siete décadas se ha movido en el sentido de un deterioro de la productividad del trabajo y un aumento del costo laboral. En consonancia con los intereses del gremialismo, se ha tendido a proteger a quienes ya están trabajando formalmente, pero creando mayor riesgo empresario y, por lo tanto, haciendo más dificultoso encontrar trabajo a quienes están desocupados. La flexibilización laboral y la tercerización, que crean modalidades atractivas para generar nuevo empleo, son demonizadas en los ambientes sindicales y políticos. Se descalifican esas formas como "contratos basura" o como mecanismos de esclavización, y ya ha habido cambios legislativos para impedirlos.

La centralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo entre un sindicato único por actividad y la representación sectorial empresaria tiene el sello de la Carta del Lavoro de Mussolini, de 1927. Responde a la concepción corporativa que eligió Juan Domingo Perón en su primer gobierno. Esa centralización de las negociaciones se ha mantenido en la Argentina desde entonces.

Dentro de esa concepción corporativa, la central obrera única, la CGT, fue incorporada en su momento a la propia estructura del Partido Peronista. La aparición posterior de otras centrales respondió a opciones ideológicas o políticas de gremios ya existentes. Lo que muy rara vez se permitió fue la descentralización de las negociaciones laborales para llevarlas a nivel de empresa, o al menos privilegiar los acuerdos a ese nivel por sobre los alcanzados en paritarias entre las cúpulas gremiales y empresarias.

El poder de los sindicatos se reforzó con el dominio de las obras sociales. Esta concesión no fue del peronismo, sino del gobierno encabezado por el general Juan Carlos Onganía, mediante la ley 18.610, elaborada en los finales de su gestión de facto, en 1970. Los intentos de permitir la libre elección del seguro de salud entre obras sociales de gremios distintos al del propio trabajador tuvieron un progreso limitado a partir de la presidencia de Carlos Menem. Las dificultades financieras de muchas de estas organizaciones, como consecuencia de malos manejos y corrupción, fueron recurrentemente resueltas con el auxilio de fondos públicos. Puede decirse que la fortaleza política de las dirigencias sindicales permanece incólume con pocas excepciones. También permanecen inalterados sus postulados en materia de política laboral, apartados de lo reclamado por una economía moderna y en desarrollo. Se entiende así la perduración del manejo centralizado de las paritarias, que es una prenda de sostenimiento del poder sindical.

Esta nueva etapa política argentina exigirá competitividad, atracción de inversiones y creación de empleos en el sector privado. No será con la prohibición de los despidos ni con la duplicación de las indemnizaciones como eso se logrará. Tampoco ayudarán las modificaciones de la legislación del trabajo logradas por el incansable diputado Héctor Recalde, que más allá de sus expresados propósitos han encarecido el costo y el riesgo laborales. Muchas inversiones y miles de puestos de trabajo han quedado en los papeles por esos y otros desalientos ocurridos en los últimos años.

En las paritarias sectoriales prevalecen los factores macroeconómicos y políticos. Los incrementos salariales toman como referencia la inflación ocurrida y contemplan factores y reclamos de carácter general que no necesariamente son aplicables a cada una de las empresas del sector. Algunas podrán afrontar lo acordado; a otras, no les resultará posible. El sistema centralizado de paritarias retransmite y apalanca la inflación.

En las negociaciones descentralizadas a nivel de empresa los empleados conocen los límites, al igual que los empleadores. La capacidad negociadora de los trabajadores se preserva mediante el derecho de huelga. Las condiciones de trabajo que están ligadas al equipamiento y a la productividad serán determinantes de cada arreglo. La conflictividad laboral se reduce al haber convergencia de intereses en estos objetivos esenciales. Puede, además, incorporarse un mecanismo de arbitraje como el adoptado en Chile, en el cual el árbitro no puede proponer posiciones intermedias. La consecuencia es que muy rara vez se recurre al arbitraje, ya que ninguna de las partes quiere arriesgar la totalidad de la diferencia.

Las cargas e impuestos sobre el trabajo formal deberían reducirse para disminuir el peso del empleo informal en nuestro país. La flexibilización laboral y la no prohibición del despido ni su encarecimiento deberían complementarse con un seguro de desempleo ágil y razonablemente remunerado. Estos postulados hoy están en las antípodas de las propuestas de las representaciones gremiales y de gran parte del espectro político. Sencillamente, porque sancionar los proyectos aprobados la semana última en las comisiones legislativas cerraría la puerta para el despido de trabajadores, pero también para el ingreso de nuevos trabajadores.

El difícil proceso de corrección de la desastrosa situación heredada reclama cambios de fondo. Las dirigencias política, sindical y empresaria deben aceptarlos superando sus propios intereses en beneficio del país, que no puede darse la alternativa de un nuevo fracaso.