La increíble impunidad de Cristina

Joaquín Morales Solá
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23 de diciembre de 2018  

Cristina Kirchner debería estar presa desde hace 48 horas. No por algunas de sus decisiones políticas, discutible si son justiciables o no, sino por la investigación más profunda que se haya hecho sobre el robo del dinero público durante 12 años. Una segunda instancia judicial, la Cámara Federal conformada por dos jueces, confirmó la decisión de Claudio Bonadio de procesarla y dictarle prisión preventiva. Son ya tres, entonces, los magistrados que concluyeron que ella debe estar en la cárcel. El peronismo del Senado no aportará los dos tercios de los votos que se necesitan para su desafuero y para que definitivamente vaya a prisión. Esa mayoría especial requiere del peronismo; sin él, es imposible alcanzarla. Cristina no es ya una cuestión de la Justicia, sino de la política. Los matices del peronismo se desvanecen cuando se trata de protegerla. Más pronto que tarde, el justicialismo pagará con moneda política esa decisión de auxiliar con increíble empeño a la expresidenta. El peronismo está votando una virtual amnistía para Cristina por descarados hechos de corrupción, no por lo que hizo en la política. La teoría de los senadores peronistas (no hay cárcel para ellos sin sentencia definitiva) no está escrita en ningún lado. Es un acuerdo de palabra que beneficia a los corruptos y perjudica a los inocentes.

Cristina Kirchner ha conseguido, tres años después de perder el poder, retener el protagonismo político, judicial y económico. Su presencia tan destacada como inexplicable en las encuestas explica en parte la espectacular suba del riesgo país, que obligó al gobierno de Mauricio Macri a suspender el programa de obras públicas con la participación conjunta del Estado y los privados. No es ella el único factor que convirtió a la Argentina en un país con satelitales índices de desconfianza. Pero ella es la que agrava los otros factores, que son varios. ¿Ejemplos? La historia del país, con un monumental default declarado alegremente hace 17 años por un peronismo irresponsable y que solo se resolvió hace dos años. La deuda pública, que significa un alto porcentaje del PBI. Un único prestamista (el Fondo Monetario) que ya prestó todo lo que podía. El país está en recesión y la reactivación de su economía será lenta después del severo ajuste dispuesto por el Gobierno. La inversión cayó. Es perceptible también en los mercados cierto hartazgo con la volatilidad permanente de la Argentina. Siempre entre el cielo y el infierno. Los argentinos estamos acostumbrados a respirar bajo el agua, pero los extranjeros no tienen por qué someterse a ese cruel ejercicio. El remate de esa sucesión de factores es Cristina, en un duelo de iguales con Macri cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales. Cristina no es el nombre de una solución; es el nombre del problema.

La resolución de la Cámara Federal permite sacar algunas conclusiones. La primera de ellas es que la Justicia está en condiciones, cuando quiere, de investigar y decidir con rapidez. El juez Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo hicieron y concluyeron la primera fase de la investigación en apenas seis meses. Ese primer tramo, que es el que se decidió el jueves, se refiere a la asociación ilícita y el cohecho, la manera elegante como el Código Penal llama al pago de coimas. Ese tiempo tan corto contrasta con la misma Justicia que esperó 23 años para decidir si Menem era culpable o no en el caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. O con los 14 años que demoró para establecer que el infaltable Luís D’Elía debe ir preso por la toma de la comisaría de La Boca en 2004, que fue filmada y fotografiada. Pruebas no faltaban. Esa causa pudo prescribir, pero el propio D’Elía se encargó de mantenerla abierta cuando le pegó una trompada a un productor agropecuario en la Plaza de Mayo, en medio de la guerra cristinista contra el campo.

La Cámara Federal construyó dos bloques muy claros. Uno es el de los funcionarios y empresarios que se agruparon como una banda para robar dinero del Estado (asociación ilícita); otro bloque es el de los empresarios que fueron extorsionados o coaccionados para pagar coimas (cohecho). La diferencia entre los dos delitos está en la pena mínima más que en la máxima. La pena mínima de asociación ilícita es de tres años; no hay posibilidad de una prisión en suspenso, porque las condenas de tres años o más deben cumplirse efectivamente. La pena mínima del cohecho es de un año y, por lo tanto, la prisión puede ser en suspenso. Es decir, el condenado puede estar en libertad mientras cumple la pena, siempre que no exista otra condena por cualquier otro delito. Sin embargo, es poco probable que un condenado por el pago de sobornos, que no se haya incorporado al régimen del arrepentido, reciba una pena menor a los tres años. Los arrepentidos tienen el beneficio, como en los sistemas judiciales de los países más avanzados del mundo, de una pena menor por los aportes que hicieron a la investigación. La diferencia es esa, pero el cohecho (o el pago de coimas , en su versión más prosaica) significa también una severa condena moral a los que son acusados o condenados por ese delito. Ni siquiera sirvieron para la Cámara los argumentos de la extorsión o la coacción.

Otro aspecto importante del escándalo es el nulo papel que jugó el Gobierno en la investigación. Nadie puede decir que tiene influencia en Bonadio o en los fiscales Stornelli y Rívolo. Pero también es cierto que la administración de Macri se fue enterando de las novedades por los medios periodísticos. Es un progreso institucional importante que marca un contraste definitivo con los años del peronismo, haya sido este menemista o kirchnerista. El Gobierno estuvo tan ajeno al asunto que la familia del Presidente (su padre y su hermano) fueron citados por Bonadio por un informe impreciso del Occovi, un organismo que depende del propio Gobierno y que sirve para el control de las concesiones viales. Macri se enteró por los diarios de que Franco y Gianfranco Macri habían sido citado a los tribunales. Nunca supo nada del informe del Occovi a Bonadio; los Kirchner controlaron en su momento ese organismo con uno de sus principales operadores, Claudio Uberti, miembro de la asociación ilícita que determinó la Cámara Federal.

Una conclusión no menor es el papel que juega el periodismo de calidad en tiempos de información abundante y caótica. Diego Cabot, que se convirtió con este caso en uno de los mejores periodistas del país, retuvo la primicia en sus manos durante más de dos meses, hasta que comprobó él mismo que lo que decía el chofer Oscar Centeno en su cuadernos era cierto o verosímil. Siguió guardando el eventual galardón de la primicia, con el riesgo de perderlo, mientras la Justicia hizo sus propias investigaciones en medio del secreto. Al final de ese proceso, los lectores se enteraron de una verdad irrefutable, corroborada el jueves por una segunda y decisiva instancia de la Justicia. No es poco en un mundo en el que las redes sociales han diversificado las fuentes de información, aunque difunden muchas veces noticias inciertas e improbables como verdades absolutas. El exceso de información (o la mala información) puede parecerse mucho a la desinformación.

A Bonadio, Stornelli y Rívolo les queda mucho trabajo por delante. Este fue solo el primer tramo, que irá pronto a juicio oral. Todavía deben investigarse los delitos de administración fraudulenta y de cartelización de la obra pública , entre varios más. Otra vez funcionarios del kirchnerismo y empresarios desfilarán por los tribunales. Esta historia no terminó.

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