La inseguridad no reconoce fronteras

EL problema de la inseguridad es demasiado grave y agobiante para el conjunto de la sociedad como para que se pretenda subordinarlo a los condicionamientos que impone la particular división geográfica o administrativa del país.

La inseguridad no reconoce fronteras. Por lo tanto, es impropio tratar de establecer diferencias acerca de las actividades delictivas que a diario ocurren en el ámbito del conurbano bonaerense y las que se producen en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. La delincuencia es un fenómeno que responde a los mismos designios perversos en todo el país. Téngase en cuenta, por ejemplo, el caso del vasto conglomerado poblacional que conforma la región metropolitana. ¿Cómo establecer diferencias entre las fechorías perpetradas en uno u otro lado de la avenida General Paz?

La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son dos jurisidicciones políticas diferenciadas, pero las cuestiones de seguridad que sufre cada uno de esos dos distritos repercuten inevitablemente en el otro. Es lo que acaba de ocurrir, justamente, con el conflicto planteado en torno de la figura del ministro de Seguridad Aldo Rico, cuyas perturbadoras alternativas no afectaron únicamente al territorio provincial.

Mientras sobrevenía la crisis, el gobernador de la provincia, Carlos Ruckauf, prolongó -inexplicablemente- su permanencia en el exterior. Su actitud produjo en la opinión pública, por lo menos, una reacción de desconcierto. No parece lógico que un gobernador esté alejado del país cuando se está desarrollando una crisis institucional en la que está de por medio la seguridad colectiva.

Cuanto puede haber de anecdótico -o pintoresco- en la situación que amenaza culminar con la renuncia de Aldo Rico, no debe ocultar que se trata de otro episodio demostrativo de que el primer Estado argentino sigue sin resolver los dilemas que enturbian el manejo de sus políticas de seguridad. En menos de un año, esa cartera provincial ha tenido cuatro titulares, cuyos respectivos proyectos han oscilado entre la propuesta inquietante de una presunta mano dura y, en el otro extremo, una falta casi total de rigor en el ejercicio de la autoridad. En ese contexto, no es extraño que sigan en veremos las imprescindibles depuraciones de la policía provincial o que las iniciativas gubernamentales para modificar partes sustanciales de las normas procesales penales no logren franquear la oposición parlamentaria.

Como tantas veces se ha hecho notar, la delincuencia que asuela a la Capital Federal suele provenir de las zonas del conurbano y viceversa. Detalle que también tendría que ser tenido en cuenta por los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se confrontarán en las elecciones del 7 de mayo próximo. A pesar de que se trata, sin dudas, del tema más acuciante para la ciudadanía, los discursos proselitistas que se están prodigando durante estos días exponen cierta preocupante falta de consenso sobre el tema de la inseguridad.

Quienes aspiran a conducir los destinos de la ciudad de Buenos Aires no ignoran que día y noche el azote de la delincuencia tiene en vilo a los porteños -lo mismo que a los bonaerenses, por supuesto-, a tal extremo que ha cundido en sectores de la población la aventurada determinación de armarse como recurso de autodefensa, lo que ha sido causa ya de algunos lamentables episodios. Del debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad debería surgir un criterio común sobre la forma en que debe combatirse la inseguridad, a fin de que el tema quede excluido de la competencia electoral.

Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, y en el conurbano, la explosiva mezcla de la aviesa ferocidad delictiva con los ánimos conturbados de la población que es su víctima potencial pueden deparar imprevisibles y penosos desenlaces. De común acuerdo, las autoridades de los dos distritos deberían definir, sin dilaciones, medidas de seguridad eficientes y congruentes que, con rango de políticas de Estado conjuntas, puedan ponerle punto final de una vez por todas al impune accionar de la delincuencia y restablezcan la paz social ahora mancillada.