La integración equilibrada del Consejo de la Magistratura

Daniel E. Ostropolsky
Daniel E. Ostropolsky PARA LA NACION
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18 de junio de 2013  • 03:57

Mucho se ha dicho últimamente sobre el Consejo de la Magistratura, a partir de la sanción de leyes llamadas de "democratización de la Justicia", cuestionadas judicialmente.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 logró generalizada aceptación jurídica y política y cerró el ciclo constituyente iniciado en 1810, por lo que defenderla, implica algo más que el apego a una norma, es sostener la unidad social expresada democráticamente por el poder constituyente.

Ninguna mayoría legislativa circunstancial, por amplia que luzca, puede reemplazar a la expresada en lo dispuesto en el texto Constitucional y quien en última instancia determina su interpretación es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, la división de funciones entre los órganos del Poder es un valor esencial del sistema republicano democrático según establece la Constitución Nacional.

La creación del Consejo de la Magistratura de la Nación en 1994 tuvo como propósito limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y despolitizar la selección de magistrados.

Este nuevo órgano, dentro del capítulo del Poder Judicial, contempla la participación de tres estamentos íntimamente vinculados con el quehacer forense (representación política, jueces y abogados) para que interactuando armónicamente, ejerzan las atribuciones que manda la Constitución en el art. 114.

La división de funciones entre los órganos del Poder es un valor esencial del sistema republicano democrático

En el debate de la Convención de 1994 ninguno de los 19 proyectos presentados, previó la elección popular de sus miembros, porque el objetivo propuesto unánimemente era atenuar el carácter político de la selección de los candidatos a ocupar la magistratura.

La Constitución exige que su integración sea equilibrada. Integración es la acción y efecto de formar parte de un todo. Es un concepto dinámico en la que el todo (Consejo de la Magistratura) sólo puede manifestarse como resultado armónico de la participación funcional de todos sus componentes (estamentos).

La integración en el Consejo, comprende y supera al de mera composición, concepto estático que solo refiere a la inicial presencia numérica de sus integrantes sin aludir a la acción participativa de sus miembros. La integración, por el contrario, alude substancialmente a su funcionamiento y al modo de producción de resultados.

En el Consejo no hay miembros –ni mucho menos estamentos– que estén de más ni cuya presencia ni accionar pueda ser omitida o atenuada.

Además, la Constitución exige que la integración sea equilibrada. Equilibrio es contrapeso entre fuerzas diversas, de cuyo producto surge la armonía, en la que ninguna fuerza parcial prevalece sobre las otras.

Estos son principios normativos explícitos en la Constitución. En su texto no se han elegido palabras al azar sino que dicen lo que se ha querido que digan.

Cuando la Constitución determina que el Consejo será integrado asimismo por personas del ámbito científico y académico, completa el concepto unificador de integración equilibrada, por lo que la delegación del número y la forma en la ley debe realizarse razonable y proporcionalmente con la arquitectura constitucional.

Ninguna mayoría legislativa circunstancial, por amplia que luzca, puede reemplazar a la expresada en lo dispuesto en el texto Constitucional

La integración equilibrada estamentaria debe necesariamente estar presente en la composición y toma de decisiones tanto de las comisiones de funcionamiento, como en las mayorías especiales necesarias exigibles para aprobar concursos (postular ternas) y acusar y suspender preventivamente a magistrados.

Lo dicho no es una postura aislada producto de intencionalidad política con "ánimo obstruccionista" ni "destituyente" como suele endilgarse desde el oficialismo a cualquier crítica sin atender a sus fundamentos.

Baste decir que con motivo de la anterior reforma a la ley del Consejo del año 2005, el CELS, conocida ONG muy escuchada por el oficialismo, emitió un muy crítico y hoy vigente documento, a pesar de su llamativo silencio actual, por el que a mas de cuestionar la afectación a la independencia judicial, sostenía "la legitimidad de los integrantes del Consejo está dada por diversas fuentes. En el caso del Consejo de la Magistratura, la legitimidad no proviene únicamente del voto popular."; "También vemos con preocupación que no se requieran mayorías agravadas para designar consejeros en las comisiones. Una mayoría de dos tercios hace que tengan que lograrse acuerdos con un alto grado de consenso sobre cómo conformar una comisión".

Toda legislación que no contemple mantener los principios de integración equilibrada, aún cuando tenga el ropaje formal, carece de la necesaria legitimidad que sólo otorga la adecuación a la ley fundamental de la Nación.

Además, la ley cuestionada merece otras objeciones; por ejemplo, minimiza la representación federal, al permitir que todos los consejeros pertenezcan al mismo distrito, por no exigir alguna base territorial en su integración.

También perjudica la idoneidad, al reducir los requisitos para la postulación a cargos en la Magistratura sin distinción de instancias, posibilita que un joven abogado de 25 años, sin ninguna experiencia judicial ni antigüedad en la profesión pueda acceder nada más ni menos que a ser integrante de las Cámaras de Casación de reciente creación.

De igual modo cercena los requisitos de igualdad e idoneidad cuando en el caso de concursos múltiples (varias vacantes de un mismo fuero) establece que por cada vacante se debe conformar una terna con candidatos distintos en cada una de ellas. Esto posibilita que los que tengan mayor mérito, al menos en un 66% (2 de 3) no accedan al cargo de magistrados, ya que al no haber sido seleccionados en la terna que participan, quedan fuera del concurso, mientras otros, con menor idoneidad consigan ser magistrados. Se puede dar el efecto paradojal que entre los postulantes exista la carrera por el mérito inverso, ya que tendrían más posibilidades de ser seleccionados al integrar las ternas de menor mérito.

Lo cierto es que, ya con la ley hasta ahora vigente, instada por el Poder Ejecutivo, al no respetar la integración equilibrada y haber posibilitado el predominio del estamento político del oficialismo, el que a su solo arbitrio -dar quórum-, al promediar la mitad de la actual gestión, ostenta el triste récord de exhibir los índices más bajos en cantidad de reuniones plenarias como de comisiones del Consejo desde su creación.

Sin duda alguna, la ley 26.855 importa una reforma al texto del art. 114 de la Constitución Nacional y su mantenimiento daría como resultado un Consejo de la Magistratura "no integrado" y "no equilibrado", generando así el peligroso precedente que el texto constitucional se encuentra a merced del Congreso, que de poder constituído emanado de la Constitución, pasa a poder constituyente sobre ella, incompatible con el régimen democrático constitucional argentino.

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