La Justicia no es la justicia

Daniel Varacalli Costas
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22 de agosto de 2016  

En los últimos tiempos se percibe en la Argentina una creciente y desesperada apelación a la "Justicia". Recurre a la Justicia el gobernante cuando se trata de castigar la corrupción de otras gestiones y también cuando se intenta justificar la de la propia; la persona que ha perdido un ser querido a manos de un criminal y también la que ha sido embaucada por un comerciante; la autoridad que desea desalojar un lugar público o legitimar una decisión de cierto costo político. Tanto en el discurso de los medios como en el discurso político se habla de "Justicia" cuando en realidad se alude al Poder Judicial, o sea a los tribunales o cortes estatales. No es ingenuo que así se haga, ni obedece a una razón de economía lingüística. Decir "Justicia" en esos contextos es un "expediente fácil". Recurro a esta vieja expresión -nunca más adecuada- que alude a resolver mediante una simplificación una cuestión mucho más compleja. El que dice "Justicia" en lugar de jueces o tribunales se parece al que homologa el amor al matrimonio, la poesía a la rima o el saber a un título universitario.

La realidad es bien otra. El Poder Judicial no es un valor ideal y abstracto como la justicia, escrita ahora como corresponde a su acepción mayor: en minúscula. Es un poder burocrático del Estado integrado por funcionarios, cuyo fin esencial en las democracias modernas es aplicar la ley positiva. Equiparar la ley a la justicia no es correcto. El derecho va siempre detrás de la evolución de la sociedad y se apoya en dogmas que comienzan a ser asimilados en el ámbito académico y a cuya adscripción se premia con el consiguiente prestigio.

Suele darse por hecho que las leyes son justas, pero esto a veces no es así cuando se las ve aplicadas: de hecho, nadie consideraría justo que, para el derecho civil, corresponda una indemnización mucho mayor si un millonario es víctima de un accidente de tránsito que si lo es un marginal; que la misma ley laboral se aplique a una empresa multinacional que a un emprendimiento autónomo, que generalmente termina asfixiado por los costos laborales, favoreciendo la concentración económica; que delitos tributarios o aduaneros tengan más pena que delitos contra la vida. Pero estos son sólo algunos ejemplos entre muchos. Y los jueces deben aplicar la ley, no un concepto ideal de justicia que, por otro lado, sería bastante más peligroso que la contención que la ley intenta dar -cada vez más tenuemente- a sus decisiones.

La apelación a la "Justicia" ha pasado a ser un "fácil expediente" para quienes, teniendo poder, no quieren aplicar la ley para evadir responsabilidades políticas. Ha caído en el olvido que el Poder Ejecutivo es el encargado de aplicar la legislación que promulga: por ejemplo, puede perfectamente desalojar espacios públicos usurpados sin orden judicial. No lo hace porque desea endosar la responsabilidad a un magistrado, bajo el pretexto de que su decisión -en realidad la de otro, si algo sale mal- sea legitimada por la "Justicia".

Pese a las numerosas pruebas de que la "Justicia" cede con demasiada frecuencia a las presiones e intereses de la política, se sigue aludiendo a ella como a una panacea. Se le adjudica mágicamente el poder de que la sociedad funcione bien y se la erige en única garantía de la democracia, un concepto que ha pasado a ser lugar común. Por el contrario, en toda sociedad bien organizada, la Justicia es un órgano de excepción. Reacciona cuando la ley se viola o hay conflictos irresolubles por otras vías menos costosas. Si se recurre a la Justicia todo el tiempo y por toda cuestión, es porque ya no hay civilización. Es civilizada una sociedad que se organiza y preserva más allá de la coerción legal. De otro modo, simplemente no funciona, deja de ser civilización.

¿Qué se esconde entonces bajo esta permanente trasmutación de los tribunales en la "Justicia"? Por un lado, la deficiencia o la ausencia de la política; por el otro, el depositar en un ente burocrático un valor ideal que sólo la sociedad puede hacer valer. Pero se da el hecho de que ser justo es más difícil que ser bueno, algo que está claro desde las parábolas del Evangelio. Siendo bueno se puede ser injusto pero difícilmente quedar mal; haciendo justicia, siempre se queda mal con alguien, porque habrá que afectar intereses. Y si hay algo que esta sociedad y sus políticos no toleran es la frontalidad. Esta idiosincrasia tiene sus raíces en la falta de compromiso en la que se ha educado a varias generaciones y es el origen de lo que en España se llama "buenismo" o ser "bien pensante", y que aquí debería llamarse "seudo-progresismo". Si tanto se apela a la "Justicia" es, en suma, porque hay una incapacidad generalizada de encarnarla en hechos cotidianos.

Es esta idiosincrasia a la que le resulta cómodo homologar a un tribunal de humanos (y demasiado humanos), cuya composición y decisiones siempre han sido, son y serán políticas, nada menos que con la justicia. Aquella que con tanta frecuencia invocan los que han perdido a un ser querido inocente en un hecho delictivo, como los corruptos enriquecidos que buscan una coartada o una cortina de humo en una supuesta "verdad" legal. Si justicia puede ser ambas cosas, evidentemente su reino no es de este mundo.

El autor es periodista, abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires

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