"La ley de medios se aplica sólo como herramienta política de corto plazo"

Entusiasta en el decir pero de opiniones templadas, el ex secretario de Comunicaciones de la Alianza Henoch Aguiar aprecia muchos aspectos positivos de la ley de servicios audiovisuales, que ahora cumple dos años, pero advierte que lo malo está en los detalles. El problema de la letra chica, como siempre. Por ejemplo, dice que la Autoridad Federal no es independiente del Gobierno. O que no resuelve el problema de la diversa concentración poblacional de un país como el nuestro, "a la vez Nueva York y el desierto del Sahara", con respecto a la densidad de las FM. Opina que la ley está siendo aplicada como una herramienta política de corto plazo y que arrastra el defecto de origen de haber sido concebida contra el Grupo Clarín, al cual la Justicia le mantiene suspendida la aplicación del artículo 161, sobre la adecuación de la estructura. Aguiar dice que el Gobierno tampoco les está exigiendo a otros grupos que se ajusten a lo que la nueva ley dispone.

–Recuerdo que usted no era demasiado crítico de la ley de servicios audiovisuales hace dos años, cuando se la debatía.

–En aquel entonces se planteaban dos posturas, dos no: un no a la ley y un no a los cambios de la ley. Unos negaban que fuera absolutamente necesario modificar la ley de radiodifusión, otros decían no a los cambios del proyecto presentado, como si fuera la última obra de arte perfecta que, como el David o la Mona Lisa, no admitiera retoque alguno. Mi postura era sí a la ley y sí a los cambios.

–¿Cuál es hoy su opinión?

–Generar una autoridad de aplicación colegiada está bien. Un Consejo Federal para que la radiodifusión se debata entre las provincias, las licenciatarias, los periodistas… Eso está muy bien, lo mismo que crear un defensor del público (que aún no fue nombrado) y una comisión bicameral que siga estos temas. Sobre todo es buena la apertura para que todos puedan ser emisores, sin restricciones.

-¿Y lo malo?

-Está en los detalles. Problemas específicos que en algunos casos derivan de falta de profundización y en otros, del hecho de que la ley no fue pensada sólo para la radiodifusión sino como herramienta de ataque contra el Grupo Clarín.

-¿Puede precisar los detalles?

-La ley genera una autoridad federal pluralista que no es independiente. Sigue teniendo una mayoría gubernamental para la toma de decisiones. Hay muchas autoridades del área creadas con especial cuidado de que esto no suceda, de modo que el oficialismo siempre deba consensuar con buena parte de la oposición los nombres de aquellos que la integran. Por ejemplo, en el caso español se requiere mayoría parlamentaria de dos tercios para nombrar a los directores del ente de control. Después, hay aspectos de la ley que son buenas para unas partes del país y no para otras. La Argentina en algunas zonas es un país hipercomunicado y en otras, infracomunicado. En los grandes conglomerados urbanos no sólo no entra una radio más sino que debería haber menos para evitar que se interfieran unas a otras y sea posible escucharlas. En San Martín de los Andes no pasan de una quincena de radios. El país es a la vez Nueva York y el desierto del Sahara y la ley no discrimina estas situaciones. Dice que un mismo titular de radio o televisión puede tener sólo diez licencias. ¿Pero qué licencias? ¿De FM o de emisoras abiertas que cubran capitales provinciales? Da lo mismo: diez. Es como si alguien dijera que solamente puede tener diez billetes, no importa que sean de dos pesos o de cien dólares. Esto hace que los principales titulares se disputen las plazas importantes.

-Después de dos años, ¿se verifica el enunciado de que esta ley venía a terminar con "los monoplios mediáticos"?

-La ley está a mitad de camino. Se suponía que iba a permitir la apertura a nuevas voces, organizaciones, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y cooperativas, especialmente habilitadas para brindar servicios. Pero hay espacios de funcionamiento lento. Las cooperativas presentaron sus pedidos hace mucho tiempo y no recibieron los permisos.

-¿Por qué?

-Una medida judicial los suspendió en julio de este año, pero hasta entonces el organismo de aplicación, que es la Autoridad Federal, no terminó de expedirse. Causa cierta sorpresa, porque lo que se creía que sería lo más rápido en la aplicación de la ley no se cumplió.

-¿Entonces todavía no empezó la mentada "desmonopolización"?

-Sí, hay nuevos prestadores, hay nuevos llamados a concurso que se están por sustanciar para frecuencias de televisión digital, se está ordenando el espectro, hay un potencial jurídico abierto, pero los pedidos de licencias para cooperativas no se resolvieron a tiempo. Se llamó a concurso para nuevos prestadores sociales y para los sin fines de lucro, pero allí hubo otra sorpresa, porque el costo de los pliegos fue muy alto, de 70 a 120.000 pesos, dependiendo de la zona. Son cifras importantes sólo para presentar la oferta.

-¿Eso tiene que pagarlo, por ejemplo, una ONG?

-Sí, una ONG que quiera tener televisión digital, más 24.000 pesos por mes para que la señal pueda ser subida y distribuida.

-¿Que los pliegos sean tan caros no afecta el planteo democratizador?

-El Gobierno dice que es para las frecuencias más potentes, que después habrá precios más bajos o simbólicos para frecuencias de 5 o 10 kilómetros. Pero una cosa es la posibilidad jurídica de crear medios y otra, que se arbitren los recursos económicos, el financimiento y las condiciones que permitan ejercerlo. Hay distintas organizaciones, porque unas tienen capital detrás, como los sindicatos, y pueden subsidiar estos medios, y otras son las de fines estrictamente culturales, que no van a tener la posibilidad de acceder a esta porción del espectro.

-El discurso político del Gobierno sostiene que la Justicia obstruye la aplicación de la ley.

-La Justicia intervino con respecto al Grupo Clarín, al cual en este momento no se le aplica el artículo 161, que estipula el plazo de un año para adecuar su estructura a las exigencias de la nueva ley. Hay muchos otros grupos que no responden exactamente a la estructura de topes máximos establecidos?

-¿Cuáles?

-Telefónica, Cadena 3, el grupo Moneta-Garfunkel, el grupo Vila, González, que es mexicano y es titular de medios en la Argentina sin un tratado que lo ampare, De Narváez, Prisa, Haddad. Es decir, otros grupos que por una causa o por otra no responden a las exigencias de la ley y que en un año tendrían que haberse adecuado. El plazo se cumplió y se acaba de prorrogar por dos meses, pero no vimos una intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) estableciendo los parámetros, los niveles de cumplimiento, planificando la transición de los que tenían mayor número de licencias o no respondían a los requisitos de la ley. Hay una especie de fijación por parte de la autoridad respecto de aquel que no sólo era radiodifusor sino adversario político. En el resto de los casos no parece haber el mismo celo para aplicar la ley. Con el grupo que tiene una medida cautelar, la desmonopolización no se puede hacer, obviamente, por intervención de la Justicia, pero en todos los demás tampoco, por inacción de la autoridad regulatoria.

-¿Esa inacción tiene un motivo político o es simple negligencia?

-Hay un poco de las dos cosas. En algunos casos podrían ser aliados del Gobierno. En otros, como Telefónica, el Gobierno no interviene para que se aplique la ley de servicios de comunicación audivisual en el tope máximo ni en la titularidad extranjera de las licencias, pero tampoco lo hace en telecomunicaciones, donde los prestadores dominantes no tienen demasiado control.

-¿El saldo, en definitiva, cuál es?

-Una ley que puede ser buena si es aplicada de manera general no discriminatoria, igual para todos, que en todo caso podrá ser pulida si tiene errores, está siendo aplicada sólo como una herramienta política de corto plazo. El modo en que se originó quizás haya llevado a la Autoridad Federal a preocuparse por temas relacionados con la pelea original en vez de procurar la aplicación de la ley en su conjunto. En el interior del país se sigue difundiendo mucho a los canales de cabecera, cuando debían tener un treinta por ciento de producción propia y un diez por ciento de producción independiente, especialmente en los horarios centrales. Los sindicatos de periodistas y de trabajadores audiovisuales le dieron mucho soporte a la ley precisamente porque iba a generar una explosión de contenidos en el interior del país. Es algo que avanzó, pero está lejos de lo exigido.

-La sensación que uno tiene es que lo que sí creció en estos dos años fue la cantidad -e intensidad- de medios oficialistas amparados por el Estado, junto con la propaganda oficial.

-El futuro panorama de medios debería responder a la lógica del llamado a concursos abiertos, presentación de todos por igual y asignaciones. Vemos que en el caso de la televisión digital terrestre hay pequeñas distorsiones. Si bien se llamó a concurso, muchos empezaron a emitir y a estar presentes en la plataforma con meras autorizaciones experimentales. Eso debería ser objeto de los concursos. Y por otro lado hay señales que no son canales de aire, subidas a esa plataforma, que también deberían ser objeto de concursos.

-Ya sea por vericuetos leguleyos, por atrasos en la aplicación de artículos o porque los desarrollos tecnológicos van más rápido que las legislaciones, lo cierto es que en este campo parece repetirse la tradicional relativización argentina de lo legal y lo ilegal.

-Uno de los debates fuertes en la ley de radiodifusión fue la participación o no de las empresas telefónicas. Recuerde que en el proyecto enviado por el Ejecutivo a Diputados estaban habilitadas para brindar servicios de radiodifusión, lo cual fue luego revertido. Sin embargo, una empresa como Telefónica, que no sólo es de telefonía sino que es extranjera y dueña de medios audiovisuales en distintas partes del mundo, posee medios en la Argentina, como Telefé y otros, cuando no podría tenerlos ni en una participación mínima por su carácter de empresa audiovisual extranjera.

-¿Se está violando entonces la nueva ley de servicios audiovisuales?

-No se impulsó aún su cumplimiento. Cuando una ley se inicia genera un cambio respecto de todo lo anterior. Para eso estaba el año de adecuación, que en muchos casos pasó sin pena ni gloria.

-¿Y allí la Justicia no actúa?

-No, debería actuar el Gobierno. Es propio de la autoridad de control.

-¿Y qué relación con la ley tienen las infinitas versiones que circulan respecto de adquisiciones de medios por parte de empresarios cercanos al Gobierno?

-Una relación muy fuerte, porque la ley dice que sólo se puede vender medios cuando uno tiene un número por encima del tope establecido. Aquellos que estaban adentro de los cupos no pueden transferir las licencias. Hay un artículo muy específico que habla de intransferibilidad de licencias. En caso de venderse alguna participación, nunca puede ser mayor del 49 por ciento.

-En algún momento la Corte Suprema deberá decir, a raíz del planteo hecho por el Grupo Clarín, si el artículo 161 de la ley es o no constitucional. ¿Qué cree usted que va a pasar?

-Al recibir la medida cautelar la Corte ya mantuvo su postura tradicional, que es no expedirse sobre el fondo del asunto hasta que no le llegue el juicio ordinario. Me parece que una ley puede modificar a futuro las condiciones de titularidad de las licencias audiovisuales, pero es muy difícil hacer marcha atrás sobre derechos adquiridos. Quien era titular de una radio o un canal, sea el Grupo Clarín o cualquier otro, no tenía un derecho ilimitado. Tenía derecho a 15 años más 10 de prórroga, que a su vez tuvieron una prórroga suplementaria, porque Néstor Kirchner dictó en 2005 un decreto por el cual suspendió por diez años el cómputo del plazo de todos los servicios de comunicación audiovisual. O sea, que en la práctica se transformó en quince más diez más diez. Eso por actos legítimos del Estado?

-¿No es absurdo que el Gobierno esté tan enojado ahora con quienes frenarían la revocación de un plazo que el propio gobierno concedió?

-Hay una incoherencia entre los hechos que sucedieron en el gobierno de Néstor Kirchner y los del gobierno de Cristina Kircher. En el de Néstor Kirchner se les dan diez años más a todos los medios, no se plantea ningún debate sobre la ley de radiodifusión y se autoriza la fusión de Cablevisión y Multicanal, que permite superar el millón de usuarios. En el gobierno de Cristina se quiere dar marcha atrás sobre la concentración, sobre la fusión y sobre la prórroga. Lo que no implica que la medida de ahora no sea legítima.

-¿Cuál es la situación con los canales analógicos de televisión y las frecuencias de radio?

-En radio FM tenemos un problema mayúsculo. Cuando se debatió la ley, el Comfer tenía dos mil y pico de medios, la AFIP identificaba seis mil titulares de medios en el país y el último censo que hizo la Afsca parece haber detectado alrededor de 15.000. Con lo cual tenemos una sobreabudnancia de radios, que probablemente no responden a un criterio técnico lógico de ubicación. Lo que debería hacer el Gobierno es un plan técnico de radiodifusión sonora para las radios y un plan técnico para la televisión digital. Y en ambos casos llamar a concurso para que los que estén de más en las zonas sobrecargadas se vayan y puedan entrar muchos más en las zonas donde hay poco o nada.

-Si hablamos de contenidos, ¿usted cree que se avanzó en pluralismo?

-Uno podría preguntarse: "¿Está bien 6,7,8 ?". Sí, es un programa excelente como otros. Pero también debe estar 8-7-6, su inverso. Que esté lo propio y lo contrario, que se represente la pluralidad.

-¿Y espera que eso suceda en el futuro?

-No sé si va a suceder, pero sería importante que así fuera. Lo mismo pasa con la distribución de la publicidad oficial. Es muy difícil que un sistema de radiodifusión termine siendo verdaderamente plural si el Estado, que es a la vez regulador y emisor, porque tiene medios propios, y es anunciante, trabaja para su propio beneficio. Regular una distribución de la publicidad oficial transparente y abierta, lo más justa posible, es un requisito clave para que el sistema sea más democrático.

Mano a mano

Abogado cordobés, radical, Aguiar lleva el nombre bíblico Henoch por su abuelo paterno, el primer intendente de Córdoba capital que tuvo el radicalismo. La especialización en los intríngulis de la radiodifusión no le viene de los siete años que vivió en Francia (es egresado del Instituto de Estudios Políticos de París), sino del entusiasmo que le despertó el tema un cuarto de siglo atrás, cuando era asesor en el gobierno de Alfonsín. Fue el redactor del proyecto de ley de Radiodifusión enviado al Congreso en 1987, claro que sin éxito.

Es un hombre jovial, muy agradable, más técnico que político, de equilibrios infrecuentes y que en sus declaraciones elude los filos cortantes: critica la implementación de la ley de Servicios Audiovisuales pero rescata los propósitos. Nieto por vía materna de un célebre científico, su escasa disciplina dogmática resalta cuando dice que si él hubiera sido diputado habría votado a favor de la ley en general, aunque luego sumara objeciones en particular. Sus correligionarios, en cambio, se retiraron del recinto, junto con los macristas, la Coalición Cívica y el peronismo disidente, lo cual dejó al FpV con la izquierda y los socialistas: salió 111 a 1, con 3 abstenciones (en el Senado, 44 a 24).