La naturaleza de la crisis

Por Roberto Cortés Conde Para LA NACION
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27 de diciembre de 2001  

"Votar los gastos públicos con estricta sujeción a las entradas"

Memoria del Ministerio de Hacienda, 1875

La crisis se aceleró en las últimas horas y asumió una dimensión política de extrema gravedad. Aunque en una fase distinta, sigue siendo la consecuencia de serias diferencias entre distintos sectores que el sistema político no ha logrado resolver. Desprovista de antiguos velos monetarios, adquirió, en el enfrentamiento presupuestario que derribó a un gobierno, la cruda expresión de los desacuerdos sobre quiénes deben soportar las cargas del Estado. Esto, independientemente de la retórica política de los últimos días, es lo que deberá resolverse para salir de una crisis que, al haber presionado sobre los poderes del Estado, expone peligrosamente el sistema institucional.

Cada crisis tiene algo de único, aunque todas, a pesar de las distancias y de los tiempos, coinciden en algunas características comunes. La crisis con que se inició el siglo XXI es quizás una de las más serias y de más difícil solución. Tiene algo de inédito. Un país que se había acostumbrado a vivir con una persistente y alta inflación sufre esta vez una prolongada recesión y una deflación que alcanza una magnitud extraordinaria.

Retórica del crecimiento

La gente había aprendido a defenderse de la inflación cambiando dinero por bienes. Pero, ¿qué hacer con este fenómeno nuevo cuando lo que se necesita es que se compre e invierta y nadie lo hace? Algunos mencionan ciertas similitudes con la crisis de 1930 y recomiendan las medidas expansivas que se tomaron para salir de ella. En efecto, la reactivación generaría mayores recursos fiscales que evitarían la agonía de los interminables ajustes. Pero seis décadas atrás el país tenía estabilidad monetaria y de precios e importantes ahorros acumulados. Por lo tanto, el gobierno de entonces pudo devaluar, imponer el control de cambios y sacar recursos de la diferencia de cambios y de la revaluación del oro, con los que gastó y expandió la economía.

Así lo hicieron también los países que no habían sufrido en la posguerra experiencias inflacionarias, como Gran Bretaña y los Estados Unidos, pero no aquellos que habían pasado por las dolorosas experiencias de la depreciación y pérdida del valor de sus monedas, como Francia y Alemania, porque temían que cualquier devaluación impulsara una enorme fuga de capitales que los hiciera recaer en el caos de los años 20.

¿Es ésta una solución posible para la Argentina de hoy? Desgraciadamente, la memoria inflacionaria hace muy difícil recurrir a la devaluación y a la emisión para movilizar la economía, ya que se teme que el público termine no aceptando el dinero sin respaldo y se pase a una moneda extranjera (o en extremo al trueque), como en 1989, o como en Francia y Alemania en la década del 20. La Argentina hoy es más parecida a la Francia y Alemania de los años 20 que a la Argentina de los 30. La opción que muchos reclaman, la de crecer y pagar con los mayores ingresos fiscales que resulten, requiere resolver previamente cómo se financian el gasto y la inversión, pues un aumento de los impuestos -ya altísimos- frenaría aún más el consumo y, si no hay crédito y se recurre a la emisión, podría producirse un rechazo del dinero doméstico. ¿De dónde, entonces, pueden obtenerse los fondos? En la retórica cotidiana se ofrece como alternativa milagrosa el crecimiento, sin especificar de dónde saldrán los recursos para gastar e invertir y lograr el crecimiento.

Se equivoca el diagnóstico si se lo limita a la falta de poder político del Gobierno. El problema es la falta de acuerdo sobre quién pagará los costos. Es cierto que es más fácil llegar a acuerdos cuando se trata de distribuir ganancias, pero el problema es que hoy se debe acordar cómo soportar las pérdidas. Muchos que piden medidas para salir de la crisis se oponen a las que no los beneficien y esperan que sean otros los que carguen con sus costos.

Hoy, el problema no es muy diferente del de las décadas inflacionarias. La inflación escondió, tras un velo monetario, un reiterado y cada vez más agudo conflicto por la distribución de los beneficios del gasto estatal y la carga de sus costos. Cuando el Estado, porque se enfrentaba a duras resistencias de los intereses afectados, no lograba bajar sus gastos o aumentar los impuestos, concluía con una devaluación que licuaba sus pasivos y bajaba sus costos, y disminuía así los salarios reales.

Un problema político

Los mecanismos inflacionarios, reiterados una y otra vez, produjeron, a medida que se acentuaba la inflación, menos ingresos, lo que exigió al Estado una creciente habilidad para sorprender a los habitantes y poder confiscar sus ahorros. Cuando se llegó a límites intolerables, es decir, cuando el público dejó de usar la moneda local y el gobierno no pudo obtener ingresos de ella, se pusieron límites cada vez más estrictos. Se encontró en la convertibilidad un medio por el que se le cerró el financiamiento con emisión, pues el Banco Central sólo podría hacerlo si el público le entregaba dólares que respaldaran el circulante.

Ese verdadero chaleco de fuerza que se impuso al Estado tuvo una respuesta inmediata muy favorable: despertó confianza, la gente llevó sus dólares al Banco Central, volvió a usar dinero doméstico y depositó sus ahorros en los bancos comerciales. Se iniciaba así la década del 90, que parecía concluir con medio siglo de declinación.

Pero la inflación, aunque en principio resulta de la creación de dinero para cubrir déficit fiscales, es, finalmente, un problema político. El que se gaste más de lo que se tiene se debe a que no son los mismos (o, por lo menos, no en las mismas magnitudes) los que reciben los beneficios y los que pagan por ellos. Eso diferencia un régimen político de una persona o una familia. ¿Por qué vamos a renunciar a algo que puede recibir otro o por qué pagar si no estamos seguros de que el otro también lo hará?

Los regímenes políticos maduros y estables han logrado solucionar este problema de acción colectiva en que quedó entrampada la Argentina desde hace medio siglo. En realidad, todo sistema político se funde en un acuerdo sobre gastos e impuestos, es decir, sobre quién pesará el costo de las distintas funciones del Estado y quiénes recibirán sus beneficios ( no taxation without representation ).

Pero la formulación de un acuerdo para resolver esa restricción se obvió durante los años 90 gastando más de lo que se tenía, aunque esta vez emitiendo deuda a partir de la suposición de que alguien la pagaría en el futuro, que el financiamiento continuaría sin límite o que un crecimiento elevado la haría fácilmente soportable. Pocos cuidan el gasto cuando no hay que pagarlo, y en eso consiste la ilusión fiscal que oculta su verdadero costo. De esa manera se consolidó en la década pasada el poder político de la coalición gobernante. La realidad fue, sin embargo, muy distinta.

Pero la convertibilidad exigía (luego se vio) no incurrir en déficit. Si los déficit se financiaban con deuda, y eran sostenidos, el mercado advertiría que el Estado (el deudor) no iba a estar en condiciones de pagar: entonces el mercado dejaría de financiar al Estado cuando llegara a la convicción de que éste iba a terminar repudiando la deuda, directamente o por medio de una devaluación.

Para asegurar la solvencia a largo plazo del Estado es necesario que se despeje el temor de que todo arreglo de la deuda sólo sirva para gastar más y contraer otras nuevas, para lo cual se debe llegar a un acuerdo institucional que establezca que no se gaste más de lo que se recauda. Un acuerdo sobre gastos y recursos (que no otra cosa es el presupuesto) que elimine las presiones generadoras de deuda es también condición para cualquier política que busque reactivar la economía.

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