La nueva ley de “vía rápida”

(0)
28 de diciembre de 2001  

Se descuenta que en fecha próxima el presidente de los Estados Unidos obtendrá la autorización del Congreso para negociar acuerdos comerciales internacionales por el sistema tradicionalmente llamado vía rápida, que ahora recibe el nombre de Autoridad para la Promoción Comercial (TPA, en inglés). Un cambio cosmético, con más intencionalidad política que contenido sustancial.

En la Cámara de Representantes, donde ese proyecto consiguió ser aprobado con sólo un voto de diferencia, quedó demostrado que tuvo clima poco favorable, circunstancia que pudo ser superada por el deseo de apoyar la gestión presidencial en el contexto de la lucha contra el terrorismo. El concepto de vía rápida expresa que cuando el presidente le presente al Congreso la negociación realizada, la decisión legislativa por la aprobación o por el rechazo deberá ser resuelta en plazo breve.

Llama la atención el texto voluminoso de la norma, contenido en 68 páginas de densos y detallados párrafos, según los cuales la gestión negociadora de la administración queda condicionada a orientaciones no siempre compatibles con el deseo de liberalizar el comercio, que es precisamente la intención de la Rueda del Desarrollo, de la Organización Mundial del Comercio, recientemente convocada desde Qatar, o negociaciones como la del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y aun otras más, como las entabladas por Washington con Chile y Singapur.

Campea en ese texto la visión proteccionista subyacente en vastos sectores de la sociedad norteamericana. Ese hecho viene a corroborar lo ocurrido al ex presidente Clinton, que desistió de la presentación de un proyecto similar por la evidencia de que no sería aprobado ni siquiera con diversas limitaciones a la concesión de aperturas comerciales.

Según la norma en cuestión, el Congreso está decidido a acompañar las gestiones negociadoras mediante la participación de legisladores y asesores, seguimiento que parece estar destinado a ejercer una supervisión puntillosa, aunque también podría interpretárselo como un modo de facilitar la aprobación final de los acuerdos.

Varios temas en particular han despertado críticas aquí y en otras latitudes. Por ejemplo, la inclusión de una lista de productos sensibles respecto de los cuales se adelanta una negociación restrictiva. Entre ellos, se encuentran los productos agrícolas de alto interés para nuestro país, hoy gravados con altos aranceles de importación o sometidos a cuotas y a barreras no tarifarias. Párrafos destinados a textiles, normas antidumping, laborales y ambientales –algunos no tan irritantes para nuestro país como lo serán para otros– darán motivo a tensiones en caso de que las corrientes proteccionistas de la Unión se manifiesten activamente durante las negociaciones, que se prolongarán, según las instancias de negociación, hasta 2005. Coincidentemente, la autorización por la vía rápida se extiende hasta junio de 2005, prorrogable por dos años más. En lo que respecta a las negociaciones del ALCA, es conocida ya la reacción brasileña, planteada en los duros términos expresados por el presidente Cardoso, que manifestó la incompatibilidad del TPA con los acuerdos de las Américas.

Todas las negociaciones comerciales internacionales mencionadas están en marcha, o en principio de ejecución. Pronto, y especialmente en el caso de Chile, se podrá calibrar si predomina el criterio proteccionista que parece plasmarse en la nueva ley o si las prevenciones resultan exageradas; se sabrá, entonces, si los condicionamientos y la participación del Congreso de los Estados Unidos son elementos restrictivos o si, por el contrario, tienen capacidad suficiente como para atenuar la oposición a liberalizar el comercio entre las naciones.

ADEMÁS

MÁS leídas ahora

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.