La predilección por la excentricidad de la Justicia bonaerense

La Corte bonaerense ultima detalles para exceptuar a Gustavo Menéndez de cumplir con la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos y dos años y seis meses de prisión en suspenso que le impuso en 2018 la Justicia correccional de Mar del Plata por defraudación al Estado. Una condena dictada 11 años después de iniciarle una causa para investigarlo por ese delito que la Cámara de Garantías de Bahía Blanca ratificó hace 10 meses.

Menéndez pidió licencia como intendente de Merlo y en enero asumió la presidencia del grupo Bapro, que concentra a las empresas de servicios del Banco de la provincia de Buenos Aires. Es decir que administra activos del Estado al que defraudó según la sentencia confirmada en dos instancias. La absolución es la única forma de resolver este flagrante dilema y de conservar los cargos que ocupa. Si el veredicto queda firme, deberá abandonarlos de inmediato.

Esa es la cuestión de fondo del recurso extraordinario que Menéndez presentó y que resolverá la Justicia provincial prescindiendo de dos antecedentes. En el largo período que precedió a su condena, el Tribunal de Casación bonaerense y la Corte Suprema de la Nación rechazaron por inadmisibles los reclamos de Menéndez para que sea declarada nula la investigación en su contra. La predilección de la Corte bonaerense por la excentricidad que condensan sus fallos es menos sorprendente si se repara en un detalle. Son sus cuatro vocales activos quienes regulan la velocidad que se le imprime al trámite para jubilarse iniciado por tres de ellos. Una situación que promueve suspicacias maliciosas. La más frecuente es que Hilda Kogan, Daniel Soria y Luis Genoud modulan la cadencia de ese ritmo a su conveniencia. Genoud es un caso testigo. Había anunciado oficiosamente su retiro en febrero, el mes en el que Martín Insaurralde habría acelerado gestiones con él a través de Julio Pereyra para indultar a Menéndez. Otra superchería. Fundada, tal vez, en la estrecha relación del jefe del Gabinete y el exintendente de Florencio Varela. Localidad de la proviene Genoud, presidente de la Corte. Esa situación, brumosa, también alimenta las especulaciones en el gobierno bonaerense. Como la medida preventiva que adoptó Kicillof antes de designar a Menéndez: reforzar las cámaras de vigilancia en el grupo Bapro. Seguramente una exageración para subrayar que sus movimientos son observados.

Esa fe excesiva en la tecnología de las comunicaciones perjudicó la visita a España de Wado de Pedro. Confió en que la prensa argentina privilegiaría su foto con Pedro Almodóvar y no su disidencia con Máximo Kirchner: lo que terminó por ser noticia. En diálogo con El País, se expresó a favor del acuerdo con el FMI que rechaza el líder de La Cámpora, la organización a la que pertenece el ministro del Interior. Un error de cálculo que debería servir de experiencia al gobernador. Sobre todo por un antecedente.

A Menéndez no lo intimidan las cámaras. Se arroga la instalación de las que controlan el tesoro que tiene en la sala anexa del hotel Hermitage el casino de Mar del Plata. Lo dirigía a fines de 2007, cuando el titular de la Lotería Bonaerense, Franco Laporta, resolvió auditarlo. Así quedó al descubierto que faltaban 600 mil pesos: unos 200 mil dólares de esa época. Esas cámaras captaron a Enrique De Luca saliendo con una mochila del Tesoro.

De Luca era el jefe de administración del casino. Por orden de Menéndez, retiró la suma detectada por los auditores con la intención de reponerla. De Luca recibió la misma pena. Para liberar de ella al titular del grupo Bapro, la Corte debe anularla con el voto de la mayoría: cuatro sobre siete. Con tres lugares vacantes, basta con el acuerdo de los jueces en actividad. Daniel Carral solo sería convocado a votar si hay disidencias.

Carral preside el Tribunal de Casación. Allí debería desempatar el voto dividido de la Sala 3 sobre el pedido de Héctor Maldonado para anular el reconocimiento de la Justicia a Bebote Álvarez y Damián Lagaronne como colaboradores arrepentidos. Álvarez y Lagaronne lo sindicaron como su interlocutor en la causa por supuesta asociación ilícita entre barras y dirigentes de Independiente. Maldonado es secretario general del club y tesorero del sindicato de Camioneros. .

Violini está a favor de aceptar su recurso y Borinsky de rechazarlo. El criterio de Carral es un enigma. En mayo de 2020 falló a favor de aplicar esta figura aunque no esté regulada por una ley provincial. Pero en otro voto de julio rechazó esa posibilidad. Un eclecticismo que escapó a la atención del Consejo de la Magistratura que preside Sergio Torres. Probablemente absorto en las tribulaciones del caso Menéndez. Torres es uno de los cuatro miembros de la Corte.

A otro, Genoud, se le atribuye una notable influencia en los Tribunales de Lomas de Zamora. El 24 de febrero, la sala 3 de su Cámara de Apelaciones convalidó la anulación dispuesta por el juez de Garantías N°4, Sebastián Monelos, a dos pruebas presentadas en la causa penal que investiga al de Garantías N°10, Gabriel Vitale, por fraguar documentación en la estafa piramidal por 60 millones de dólares conocida como Pay Diamond y en la Sala 3 le devolvió a Monelos la causa de Vitale después que 15 jueces de los fueros de Garantías, Responsabilidad Juvenil y de Ejecución se excusaron de intervenir: Monelos fue el primero de ellos. El comportamiento se está repitiendo con la denuncia en su contra de Gladys González, esposa de Leandro Dickinson. Un policía detenido en la comisaría Sexta de Lomas de Zamora por un caso de extorsión investigado por Monelos. Dickinson falleció por Covid- 19 mientras permanecía en esa dependencia. González denunció que no recibió el trato de la población carcelaria de riesgo. Es decir: una morigeración de su detención. Dickinson sufría obesidad mórbida, hipertensión y deficiencia bronquial. Vitale encabezó el lote de excusaciones del fuero de Garantías seguido por Gustavo Gaig, Marisa Salvo y Horacio Hryb de los juzgados N° 3, 5 y 7 y de los titulares de los N°1 y 2 de Responsabilidad Juvenil: Roberto González y Mariano Alessadrini.

Un cuadro donde el fallo de la Corte por Menéndez se aguarda con una expectativa enfocada en su posible contribución para revelar un verdadero misterio. Si el origen de todo este fenómeno procesal tiene su origen en el vértice o está en la base de este Poder Judicial. Mientras tanto, la secretaría de Política Criminal del Ministerio Público bonaerense se concentra en terminar con otra incógnita.

El área a cargo de Francisco Pont Vergés intenta establecer la conexión entre los robos al ex senador provincial (PJ), Horacio Román, el diputado (FDT), Carlos “Cuto” Moreno y el exfiscal platense Tomás Morán, al que se investiga como parte de la mega banda liderada por el exjuez César Melazo. Los asaltos tienen en común algo más que haber ocurrido en sus domicilios particulares de Castelar, City Bell y Arana. Sus autores serían una banda de exconvictos que se apoda a sí misma “Los Robin Hood” y que operaría con una llamativa restricción autoimpuesta. Elegir como móvil de sus atracos únicamente a exfuncionarios a los que se sospecha de haberse enriquecido en estos años gracias al oficialismo.