La presidencia partida en dos

Natalio Botana
Natalio Botana LA NACION
Una lógica de la acción colectiva consagra la rebelión como el principal método estratégico para acumular poder
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29 de febrero de 2004  

Los acontecimientos recientes en Haití no son originales. Durante dos siglos, esa legendaria república fundada sobre la libertad de los esclavos no tuvo otro destino que la alternancia entre dictadura y anarquía. El trasfondo de esta rotación teñida de sangre fue siempre el mismo: una miseria pavorosa inscripta en una desigualdad no menos inclemente.

Con la llegada de Jean-Bertrand Aristide al ejercicio de la presidencia, no faltaron observadores convencidos de que, por vez primera, Haití habría de romper ese círculo fatal. Se trató, en realidad, de una falsa alarma de optimismo. En estos días, el montaje de la violencia reproduce el enfrentamiento sin cuartel entre facciones armadas y las calles miserables pobladas de víctimas. Ya lo dijo Sarmiento: la barbarie es el desprecio a la muerte. Podríamos añadir: la ausencia del sentido de la ley y del mínimo de coacción legítima necesario para asegurar la paz interior es, también, la indiferencia ante la muerte.

¿Quién lleva las de ganar ante esas imágenes de seres escuálidos, sin agua ni alimentos: la vida o la muerte? Es evidente, a la luz de los hechos que se suceden a un ritmo febril, que esta última está imponiendo su férula. Toda la escena contiene un aquelarre que posiblemente concluya con el derrocamiento y la fuga de Aristide. Otra esperanza, pues, que consume la furia de las pasiones.

De estos hechos derivan, por lo menos, dos problemas de carácter general. El primero tiene para nosotros tintes sombríos, porque si antes lo que ocurría en Haití quedaba circunscripto a la historia particular de una fracción territorial de la antigua isla, madre de la colonización del Caribe, ahora ese cimbronazo amenaza con incorporarse a un patrón de conducta común en muchos países latinoamericanos (entre ellos, desde luego, el nuestro). Queremos decir con esto que se está desarrollando una lógica de la acción colectiva que trasciende las estructuras clásicas del régimen representativo, y que consagra la rebelión como el principal método estratégico para acumular poder.

Un Estado que no lo es

En América latina ya no hay -felizmente- gobiernos civiles en tensión con los golpes militares. Lo que hoy tenemos -salvo excepciones de fuste- son gobiernos civiles que viven como a la intemperie, expuestos a la amenaza constante de la rebelión social. Resultado de los fracasos económicos, de las necesidades básicas insatisfechas, de una cultura que prefiere "tumbar" antes que desplazar pacíficamente al gobernante de turno; lo cierto es que esta repetición de casos (Venezuela vive de nuevo ahora en el umbral de ese disloque) está a punto de convertirse en un sistema de expectativas recíprocas. Hasta el New York Times -¡por fin!- se ha hecho eco de esta urticante cuestión en un editorial del jueves último. A esta clase de gobernantes, depuestos entre tumultos y movilizaciones, los llama "presidentes de medio mandato".

Pero junto con estas inclinaciones de nuestras democracias hacia un nuevo esquema de inestabilidad, hay otro problema, no menos decisivo, que toca directamente al presente y al provenir de Haití. Aunque a primera vista evoque una expresión desatinada, créase o no Haití es un Estado para los estándares del derecho internacional vigente: tiene un lugar asignado en la Organización de las Naciones Unidas, intercambia embajadores, recibe créditos y asistencia. Si se permite este juego de palabras, el estado de ese Estado es patético, porque, en rigor, no hay Estado en Haití, sino un territorio dentro de cuyas porosas fronteras (menudo problema para la República Dominicana) se juega la secular apuesta de la violencia recíproca. Y todo esto protegido por el tradicional concepto de soberanía absoluta de los Estados y de no intervención.

Frente a una situación semejante, tanto la comunidad internacional como la regional no terminan de adoptar una posición coherente. Eso se debe a que todavía no hemos puesto a punto una doctrina que obligue a disponer de los medios de fuerza necesarios para restaurar el orden de los derechos humanos, allí donde esté seriamente afectado por la violencia y la rapiña (la ayuda internacional suele ir a parar a las arcas de los poderosos).

El canciller de Francia, Dominique de Villepin, en una iniciativa diplomática de cinco puntos, ha solicitado la creación de una fuerza internacional para restaurar el orden y respaldar un nuevo gobierno de unidad nacional en Haití. ¿Será posible? Tal vez en estos proyectos, concurrentes o divergentes en esta etapa de transición en el mundo, esté cifrado no sólo el futuro de la democracia, sino también la supervivencia de grandes sectores de la población mundial condenados al hambre, a epidemias congénitas y a una irrisoria expectativa de vida al nacer.

¿Es acaso factible seguir apostando a que los propios gobiernos de esos Estados ficticios puedan llevar a cabo tamaña obra de reparación? Por no haber sabido actuar a tiempo, la comunidad internacional asistió atónita al trágico genocidio de centenares de miles de seres humanos que desgarró a Ruanda hace una década. La comparación no deja de producir escalofríos: dos pequeños países cuyas fronteras son como el cerco de la muerte en masa (va de suyo, en uno más que en otro).

Esta actitud de mirar al costado debe hacernos pensar. Es cierto que en Haití -acción que debe ser valorada- las organizaciones internacionales y regionales hicieron lo posible para montar los rudimentos de un aparato estatal suprimiendo el ejército y echando las bases de una policía aparentemente moderna. Por lo visto, no fue suficiente: los policías no tardaron en convertirse en bandas, con lo cual "el Estado bandido" prosigue muy suelto de cuerpo desplazando al Estado de derecho.

Tal vez, aunque suene a pura conjetura utópica, haya llegado la hora de sugerir la organización, al menos en la medida de nuestra escala regional, de fuerzas de intervención permanentes que adopten como principio de legitimidad la defensa irrestricta de los derechos humanos allí donde una circunstancia de caos colectivo imposibilite su vigencia. Los derechos humanos conforman el gran horizonte normativo del siglo XXI. Pero no hay derechos -ni civiles, ni políticos, ni sociales- si el orden caduca y la ley se extingue. De la instauración de esta clase de orden, devoto de la ley, depende que nuestra región, como he dicho muchas veces, configure uno de esos raros ámbitos en el mundo capaces de hacer realidad el sueño de Kant de la paz perpetua.

Desde luego, este profundo cambio de perspectiva requiere en el mundo un "gran federador", lo que es igual a decir que los Estados Unidos abracen decididamente la tarea de aceptar reglas comunes y de trabajar codo a codo con los países asociados en la tarea de construir un nuevo orden de legitimidades republicanas. Esta visión de las cosas tiene muy pocas probabilidades de plasmarse en los hechos si los Estados Unidos prosiguen desenvolviendo el estilo del sheriff solitario, aferrado al concepto de la guerra preventiva (cuyo banco de pruebas es, sin duda, la traumática posguerra en Irak). Requiere, quizás, el suplemento de espíritu que inspiró a los reconstructores del mundo en San Francisco en 1945. En América latina nos contentaríamos, con más modestia, si ese espíritu se esparciera por nuestra región. Mientras lo aguardamos, hay que seguir impulsando a fondo la integración del Cono Sur.

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