La Presidenta teme un acoso judicial cuando deje el poder

La Presidenta sigue gobernando como si acabara de ganar las elecciones con más del 54% de los votos, pero la realidad la golpea casi todos los días y el futuro se le presenta cada vez más oscuro.

El jueves pasado tuvo su día perfecto cuando el juez Daniel Rafecas desestimó la imputación. Entonces, el domingo, se ubicó en el centro del ring y blandió la espada contra sus "enemigos" reales o imaginarios. De paso aprovechó para atacar, de frente, a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hoy sus acciones políticas valen igual que antes del fallo absolutorio y parcial del juez federal que le quitó responsabilidad. Y, según como se lo mire, hasta valen todavía menos. Porque no sólo el fiscal Gerardo Pollicita apeló la decisión de Rafecas, colocando de nuevo la pelota en el centro de la cancha. El martes la Presidenta recibió también una lección de derecho y de cómo funcionan los poderes del Estado por parte de Lorenzetti. Además debió confirmar sus temores más recurrentes: cada vez tiene menos herramientas para evitar que los jueces y fiscales que la investigan a ella y a su familia sigan haciendo su trabajo.

Acostumbrada a ser el centro de todas las cosas, cuando entregue la banda presidencial, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que poner una buena parte de su energía en contratar a los mejores abogados de la Argentina para no terminar como el ex presidente Carlos Menem, negociando leyes por fueros y convicciones, por libertad ambulatoria. Los que tienen tiempo para analizar las jugadas políticas estratégicas del oficialismo sostienen que al final la jefa del Estado deberá presentarse como candidata a algo. Luis D'Elía, por ejemplo, vaticinó, la semana pasada, ante sus hombres de confianza, que el proyecto de llevarla como postulante a integrar el Parlasur y ponerla, en la boleta, por encima del candidato a presidente por el Frente para la Victoria, es la alternativa que más posibilidades tiene. "Si gana nuestro candidato, los votos siempre terminarán siendo de Cristina, y, si pierde, ella se transformará en la jefa de la oposición, con todo lo que esto significa", explicó.

D'Elía está tranquilo. Dice que de las escuchas jamás podría surgir ningún delito. Argumenta que la nueva situación geopolítica internacional lo favorece. Que Cristina y él están del mismo lado que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el papa Francisco. Que el verdadero problema del mundo ahora no es Irán ni Hezbollah, sino ISIS. "Nosotros estamos del lado de la paz, no de la locura. Los que están con la CIA y el Mosad son los fondos buitre. Ésos son los verdaderos enemigos", argumenta. Volviendo a la realidad local, lo que D'Elía no dijo es lo obvio: que a Cristina, su banca en el Parlasur, según el plan premeditado, le permitiría obtener fueros parlamentarios que le evitarían ser privada de su libertad.

Sin embargo, el Parlasur no sería el único escenario posible. Algunos integrantes del Gabinete la imaginan candidata a senadora nacional e incluso a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero casi ninguno la piensa en el llano, con los brazos cruzados, a la espera de la próxima citación que la haga deambular por los pasillos de Comodoro Py. Sólo un ministro que ahora está siendo mimado por la jefa me dijo hace ya varios meses que Cristina Fernández entregaría los atributos y que no asumiría ninguna responsabilidad ejecutiva o legislativa. "Vivió los últimos 12 años de su vida con un vértigo insostenible, vio morir a su marido en la cama de los dos, tuvo que sobreponerse e ir a la reelección cuando el acuerdo entre ellos era que le tocaría a Néstor y sufrió unos cuántos problemas de salud, vinculados con el estrés del ejercicio del poder. Yo no creo que Cristina tenga ganas de ser candidata a nada", concluyó entonces. No era sólo el análisis del ministro. Es también el deseo de su hija Florencia y de su hermana, Giselle, quienes desearían verla más tranquila, lejos de la intensa pelea de intereses y los problemas del Estado. La pregunta es si, al final del día, Cristina podrá elegir o no tendrá más alternativa que seguir haciendo política para neutralizar la persecución judicial y evitar ir presa.

Es sorprendente la soltura con la que hablan algunos fiscales y algunos jueces sobre cómo podría terminar la investigación del juez Claudio Bonadio sobre el presunto lavado de dinero en la empresa Hotesur. Lo hacen con la misma naturalidad con la que se refieren a la situación procesal del vicepresidente Amado Boudou o del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Piensan, casi sin excepción, que el debido proceso los pondrá en una situación de alta sospecha a todos, aunque cualquiera de esas causas alcance la sentencia definitiva de aquí a dos años. Tampoco son demasiado buenas las noticias que llegan desde la política. Porque la propia dinámica del cambio que se viene también podría poner en apuros algunos de los negocios de los empresarios más cercanos al poder, como Cristóbal López.

El candidato a presidente por el Frente Renovador, Sergio Massa, fue el primero en levantar la voz, pero dirigentes de otros partidos, como el candidato a jefe de gobierno de la ciudad Martín Lousteau y muchas figuras de la Coalición Cívica, apoyarían la iniciativa. Todos ellos están de acuerdo con impulsar la estatización del juego. Es decir: los casinos, los bingos y las tragamonedas más grandes y más rentables. Y contarían con el apoyo activo de la Iglesia, incluido el mismo Jorge Bergoglio. Los sacerdotes comparan el daño que hace el juego en las familias más pobres con el narcotráfico y la trata de personas. Prefieren que sea el Estado el que lo maneje, le ponga controles y frenos y también límites a la tasa de rentabilidad. "Siempre me llamó la atención que un gobierno que se dice nacional y popular y que se jactó de estatizar las jubilaciones, YPF, Aerolíneas y ahora los ferrocarriles, no planteara la idea de hacer lo mismo con una de las actividades económicas más rentables de la Argentina como es el juego", le oyeron decir a Massa esta semana. Se calcula que durante 2014 el negocio de los casinos, los bingos y tragamonedas superó holgadamente los 100.000 millones de pesos en todo el país. López y los bingueros más grandes sostienen que nacionalizar el negocio no les va a resultar tan fácil. Primero, porque cada provincia tiene su propia autonomía y legislación. Segundo, porque, al incumplir los contratos en vigor, el Estado los debería indemnizar por montos varias veces millonarios.

A más de cinco años de su muerte, algunas máximas de Néstor Kirchner parecen más vigentes que nunca. La más conocida es: "Para hacer política hace falta platita". La otra es la que afirma que en la Argentina no hay manera de evitar que un presidente, una vez que termina su mandato, se vea obligado a deambular por Comodoro Py. El pensaba que el único remedio era la reelección indefinida. O la sucesión familiar.