La pretendida democratización de la Justicia

El gobierno de la Nación estaría trabajando en un plan de "democratización" de la Justicia. Teniendo en cuenta la relevancia de la cuestión, es importante analizar el significado de dicha expresión, para lo cual es necesario relacionarla con los regímenes de gobierno que imperan en nuestro país: el federalismo, la república y la democracia.

El sistema federal impide al gobierno de la Nación decidir acerca de la organización de las justicias locales, así como de la elección y remoción de los jueces provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto la intención de "democratizar" la Justicia debe limitarse a la nacional, que abarca a los jueces federales y a los nacionales comunes u ordinarios de la Capital Federal (civiles, laborales, comerciales y la mayoría de los penales).

El sistema republicano dispuesto por nuestra ley fundamental exige una Justicia independiente del poder político, lo que impide al gobierno ejercer cualquier tipo de presión sobre los magistrados. Todo accionar contrario a este postulado sería absolutamente inconstitucional por antirrepublicano.

¿Cuál sería la relación entre el Poder Judicial y la "democracia"? La única que se podría establecer está vinculada con el modo de elegir a los jueces nacionales, determinado expresamente por la Constitución Nacional: los elige el presidente de la República con el acuerdo del Senado. Si se trata de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, la elección del primer mandatario recae sobre cualquier ciudadano que reúna los requisitos previstos en la ley suprema: ser abogado, argentino con seis años de antigüedad en la nacionalidad y tener treinta años de edad. En el caso de los jueces inferiores, la elección se limita a una terna que elabora previamente el Consejo de la Magistratura, después de convocar a un concurso de oposición y antecedentes.

Democratizar la Justicia significaría, entonces, modificar dicho procedimiento para que los jueces sean elegidos a través del voto, para lo cual, necesariamente, habría que reformar la Constitución. Si la idea fuera posibilitar la destitución popular de los magistrados, también sería necesario reformar la Carta Magna, según la cual los jueces de la Corte son removidos por juicio político, y los inferiores, a través de un procedimiento mediante el cual el Consejo de la Magistratura los acusa por mal desempeño o por la comisión delitos ante el llamado Jurado de Enjuiciamiento.

No existe otra forma de "democratizar" la Justicia, salvo que se considere que la pretendida democratización pase por modificar la composición del Consejo de la Magistratura, incorporando una mayor cantidad de funcionarios provenientes de órganos políticos cuyos integrantes son elegidos por el sufragio. Si bien esto puede ser llevado a la práctica por una ley, ésta sería inconstitucional si no respetara el "equilibrio" que la Constitución exige entre jueces, abogados y funcionarios provenientes del sector político.

Por lo tanto, "democratizar la Justicia" requeriría de una reforma constitucional. Otra forma de hacerlo, que provoque una lesión a la imparcialidad e independencia de los jueces, sería decididamente inconstitucional porque violentaría el sistema republicano de gobierno, cuya principal característica es, precisamente, ésa.

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