La reelección, una vía a la desmesura del poder

Bernardo Saravia Frías
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27 de febrero de 2015  

La apreciación de la institucionalidad es uno de los mayores aprendizajes que el último decenio ha dejado a la democracia argentina. Su ausencia pertinaz durante este largo tiempo despejó lo enigmático y utópico del concepto, que tomó toda su dimensión y dejó en evidencia que, sin ella, es imposible la proyección estable de un país al futuro.

No es sólo cuestión de recetas económicas, términos de intercambio favorables o habilidades políticas. Ésas son coyunturas de corto alcance que nos han llevado desde 1983 de un tropiezo a otro, bamboleando entre extremos. Se trata de algo más profundo, que no se logra sólo cambiando leyes sino, y sobre todo, a través de hábitos institucionales. Las leyes simplemente limitan acciones, mientras que las instituciones son modelos positivos de acción. De allí que, como criterio político, una tiranía es un esquema de muchas leyes y pocas instituciones, mientras que la democracia es su reverso, muchas instituciones y pocas leyes. La razón es simple: la opresión ocurre cuando las leyes se aplican directamente sobre los ciudadanos y no a las instituciones, que se anteponen y sirven como garantía.

Si se mira en retrospectiva nuestra historia democrática más reciente, se puede identificar un error capital, seguramente el nudo gordiano de la falta de institucionalidad en la Argentina: la reelección. Desde que se reemplazó el sexenio alberdiano de nuestra Constitución Nacional por una cláusula que permite la reelección, se abrió la compuerta a la desmesura en los dos poderes más políticos del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo) y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal), luego de que la fiebre reeleccionista se propagara a las constituciones provinciales. Se profundizaron los mesianismos, el servilismo y la política al dictado. Presidentes, gobernadores e intendentes que no dan importancia a las normas y las sustituyen por su voluntad, al dar por descontada la estabilidad perenne en sus cargos.

No es nada nuevo. Desde la Grecia clásica, la embriaguez del poder ha sido una de las preocupaciones más altas, como lo atestiguan las tragedias de Sófocles y las obras de Platón, al referir a los tiranos. Con el paso del tiempo, el poder irremediablemente se enceguece, da la espalda al saber y a la verdad, y sólo busca perpetuarse. Se vuelve autista y pretende cambiar la realidad a fuerza de leyes que prometen irrealizables felicidades a los convencidos, y amenazas cada vez más graves para los que no están de acuerdo. El poder corrompe, y cuando es absoluto, corrompe absolutamente.

Es en ese punto donde las instituciones dejan de funcionar. Se empieza a cuestionar hasta la ley de gravedad sin sonrojarse. La contradicción en el pensamiento y la inconsecuencia en la conducta se hacen regla para los que gobiernan, con la complicidad de quienes debieran controlar y poner un coto. Y de muchos más, con la excusa del justificativo económico del corto plazo. Antes fueron viajes al exterior y la ilusión de pertenecer al Primer Mundo; esta vez, energía, plasmas y autos para todos.

La democracia es una aventura en libertad, donde se juega a la prueba y el error. Debe aspirar a un funcionamiento arquitectónico, de construcción, y no a uno agonal, de enfrentamiento, respetando y dando lugar al adversario a través del turno electoral, durante el que debe prepararse para gobernar. Y eso sólo se logra con la alternancia, que le da ritmo, cadencia y equilibrio a una república. Ésa es la piedra angular del correcto funcionamiento institucional.

Durante varios años creímos que la institucionalidad era un dato anecdótico, que podía superarse con líderes fuertes y planes económicos. No nos dimos cuenta de que es una conquista cotidiana. Así, transigimos con interpretaciones constitucionales impúdicas o alternancias fictas a través de cónyuges, que permitieron esquivar el límite presidencial de ocho años. Errores que estamos pagando caro, porque un incorrecto desarrollo institucional puede no notarse al principio, pero su ausencia atraviesa al fin todos los planos y termina afectándonos a todos como sociedad, en todo. Hoy muchos buscamos azorados respuestas a los abusos y clamamos por justicia y límites; en menos palabras, clamamos por instituciones.

Es tiempo de aprender de la experiencia. De la mesura y el compromiso. Y sobre todo del ejemplo, porque es con hábitos que se cambia la realidad. Una enmienda constitucional que prohíba la reelección sería sin dudas el principio del fin de un ciclo de abusos. La política debe entenderse de una vez por todas como un servicio, no un recetario para los antojos y las perpetuaciones. Por lo demás, también sería bueno que quienes aspiran al sillón de Rivadavia se obliguen públicamente hoy, como política de Estado, a renunciar por anticipado a cualquier intento reeleccionista, y trasladen ese compromiso a todos quienes los acompañen para cargos electivos en cada uno de los poderes y niveles. Es el momento del Estado de Derecho, de los límites y restricciones al poder.

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