La suerte del modelo, en manos de los maestros

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2 de febrero de 2013  

Karina Rabolini tiene en la provincia de Buenos Aires unos 40 puntos de imagen positiva. Por ahora es irrelevante. La mujer de Daniel Scioli suele ponerles freno a estas ensoñaciones bonaerenses: no quiere ser, como pretenden algunos colaboradores de su marido, candidata a diputada en las próximas elecciones. Será en todo caso un último recurso. Si, por ejemplo, por alguna de esas volteretas de la psicología, Scioli se levantara un día con aires de gladiador frente al kirchnerismo.

Pero octubre es un plazo demasiado extenso para una provincia que en dos semanas deberá tener resuelta la paritaria con los docentes. No es sencillo. Los cálculos del Ministerio de Economía bonaerense proyectan que, como están las cosas, sólo podrán pagar un 5% de aumento salarial. Es decir, como si la Argentina tuviera la inflación de Nueva Zelanda, Singapur, el Reino Unido, Brasil, Bolivia, Chile, Perú o Colombia. Una ironía para cualquier modelo productivo de acumulación con matriz diversificada e inclusión social: después de crecer a tasas chinas en diez años, al distrito más rico no le alcanza para los sueldos.

Esta penuria pone a Scioli en un mismo lote que a algunos empresarios. Aquellos que advierten que en la negociación por el sueldo de los maestros -que es nacional y encabeza formalmente el ministro de Educación, Alberto Sileoni- se juega el año económico de la Argentina: de ahí surgirá el piso para provincias y paritarias privadas. Que los gremios hayan considerado insuficiente la elevación del 20% en el mínimo no imponible que acaba de anunciar la Presidenta puso a todos en alerta: en cámaras del Grupo de los Seis se cuestionó internamente que la medida se hubiera tomado sin una estrategia, cuando todavía no empezó la discusión salarial. "Te tomaste la pastilla, seguís teniendo dolor de cabeza y tenés que esperar seis horas para tomar la próxima", graficaron en una multinacional.

Lo de Scioli es, sin embargo, más complejo e inquietante. Sus calamidades presupuestarias ocurren, una vez más, en el momento y en el sitio en que el peronismo juega su contienda electoral. De ahí que cualquier movimiento levante sospechas. Roberto Baradel, secretario general de Suteba, el gremio que nuclea a los docentes bonaerenses y uno de los que, con ATE, soltaron semanas atrás que pretendían un 50% de alza, es un hombre de muy buena relación con la Casa Rosada.

Tampoco ayudó el paso de Amado Boudou por Santa Teresita la semana pasada, cuando el vicepresidente aprovechó un encuentro con 65 intendentes para cuestionar la carta que Scioli le había mandado a Julián Domínguez en reclamo por una mejor coparticipación . "Para mí es un error institucional y un acto de cobardía política; ¿qué tiene que ver Julián Domínguez con esto?", dijo Boudou, en cuyo entorno admitían horas después, ante la perplejidad generada en el PJ, que la embestida obedecía a una orden de la Presidenta.

¿Por qué? ¿Para qué? Domínguez y Julio De Vido se habían entusiasmado con el acto -que excluía tanto a Scioli como al intendente de Tigre, Sergio Massa- pensando en fortificar la relación con los jefes comunales. Pero cualquier kirchnerista debería saber, desde hace rato, que es Cristina la única autorizada a convocar. No fue casual que, en Santa Teresita, los organizadores hubieran insistido hasta la sobreactuación en un eslogan que, después de todo, no parecía venir al caso: "Cristina, única conductora".

El paso de Boudou sirve como tropo de esa dialéctica que el Gobierno intenta terminar de resolver entre el kirchnerismo y el PJ. Al día siguiente, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y activo participante, estaba muy molesto. Sus pares más considerados llamaron enseguida a La Plata: no había sido la idea inicial cuestionar a nadie, explicaron, y agregaron que, hasta la noche anterior, el compromiso era no dejar que se criticara ni a Scioli ni a Massa. Malabarismos bonaerenses. En realidad, en la gobernación importa poco: dicen que si llegan más recursos se aceptarán incluso objeciones más despiadadas.

El fondo de la cuestión es en cambio más abarcador. La Argentina no se ha reactivado lo suficiente, como imaginaban en algunos sectores empresariales, en el último cuatrimestre del año pasado. Es una certeza compartida en áreas técnicas del Ministerio de Economía, donde descuentan un esfuerzo adicional del Gobierno para recuperar el consumo en los próximos meses. ¿Incluirá esta iniciativa a los salarios públicos? Misterio. Algunos sectores del sindicalismo díscolo dan por perdida esta batalla. Y empiezan a trabajar en una apuesta riesgosa y fuerte que ya han transmitido al peronismo disidente: la posibilidad de que Facundo Moyano integre la fórmula presidencial en 2015. "Ojo que está formado, ¿eh? Es un sindicalista moderno", se entusiasmaron cerca de un gobernador.

Así transcurren también las horas empresariales. Con todos convencidos de que, en la peor de las combinaciones que creen posibles, será un año electoral con freno en la actividad y pujas gremiales. Es el escenario al que tendrán que acostumbrarse la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa, que renovarán autoridades en dos meses. Miembros de Celeste y Blanca, la corriente de la UIA que propondrá en abril al reemplazante de José Ignacio de Mendiguren -perteneciente al Grupo Industriales, la línea rival-, se proponen buscar una renovación. "Estamos por la alternancia", fue la conclusión al cabo de dos encuentros recientes en Punta del Este, en las casas de Héctor Méndez y Miguel Acevedo, entre las que se repartieron los anfitriones y Cristiano Rattazzi, Daniel Funes de Rioja, José Urtubey y Alberto Álvarez Saavedra, entre otros.

Como Scioli, el elegido deberá tratar con un gobierno al que no le gusta negociar y, mucho menos, mostrar las cartas. No es nuevo, por ejemplo, que la UIA y la CGT se hayan enterado de la elevación del mínimo no imponible el mismo día de la aplicación de la medida. Y el macrismo venía de corroborarlo hace tres viernes, en una de las reuniones de la Agencia Metropolitana de Transporte en la que se discutía la tarifa de los subtes. Estaban, por la Ciudad, Juan Pablo Piccardo (presidente de Subterráneos), Emilio Monzó (ministro de Gobierno) y Guillermo Dietrich (h., ministro de Transporte); por la provincia, Alejandro Arlía (ministro de Infraestructura) y el subsecretario Carlos Gianella, y por la Nación, Florencio Randazzo (ministro del Interior y Transporte).

Randazzo planteó allí que la tarifa a 3,5 pesos provocaría un colapso en los colectivos y los trenes, que recibirían un aluvión de pasajeros por ser más baratos. La advertencia tenía su lógica: como el último aumento en subtes se aplicó de manera aislada y no como parte de un plan integral con los otros medios de transporte, el servicio perdió un 20% de pasajeros y no pudo, como pretendía Macri, reemplazar los 30 millones de pesos mensuales que le tocaba subsidiar a la Ciudad. Sólo recauda por mes la mitad. Randazzo explicó entonces que tenía unos estudios que anticipaban una segura e inminente migración de los viajeros a trenes y colectivos. "¿Puedo ver los estudios?", preguntó Piccardo. Respuesta del ministro: "No, no te los puedo mostrar".

Es lo que pasa con los réditos en la política, o cuando las elecciones marcan el rumbo económico. Como en la Coca-Cola, la fórmula del éxito no se comparte. El mundo inverso al del maestro, habituado a transmitir conocimiento a cambio de poco y, últimamente, a escuchar que sus ganas de empatarle a la inflación ponen en riesgo al modelo.

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