Temas de la Justicia. La tinta del calamar

25 de octubre de 1996

LA NACION

Mientras el país bulle bajo el calor de numerosas denuncias de corrupción y el Gobierno se zambulle en una controversia con el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, el Estado sigue sin contar con las leyes reglamentarias de un programa constitucional serio, aunque en los últimos días parece insunuarse una tendencia a revertir esta última situación. Los montos manejados por el desvío de armas a Ecuador podrían superar los del caso IBM-BancoNación, en el que los sobornos rondarían los U$S 40 millones. El fraude por reintegros de IVA con exportaciones de oro alcanza los U$S 80 millones y no se sabe aún si se pagaron coimas en el caso IBM-DGI, un contrato de U$S 550 millones. Pero cualquier cifra palidece al lado de la llamada Aduana paralela, por la que pasaron mercaderías por un volumen cercano a los U$S 10.000 millones.

Hablar de una aduana "paralela" es un eufemismo que hace pensar en un organismo sano y en otro enfermo, cuando lo que en realidad ocurrió fue que altos funcionarios públicos permitieron -y quizá aprovecharon- el contrabando indiscriminado de varias grandes empresas, mientras exigían a los turistas mostrar sus valijas.

A esta altura, parece imposible que las autoridades de la Aduana no hayan advertido que entraban en el país enormes volúmenes de productos, que podrían estar contenidos en 20.000 contenedores, que alineados ocuparían 150 kilómetros.Pero lo que también es inconcebible es que los organismos de inteligencia del Estado no hayan advertido lo que ocurría y que las más altas autoridades políticas no hayan sido alertadas.

E1 fiscal de la Cámara de Casación Raúl Plee y su adjunto, Gerardo Pollicita, encabezan un grupo de trabajo que cruza información -en dos sistemas, el de la Aduana y el de la Justicia, para evitar ocultamientos- para descubrir conexiones entre las bandas que operan a lo largo del país, la que será entregada a los fiscales con asiento en las provincias.Existen varios pedidos de captura a lo largo del país, incluso de algún importante empresario.

Las autoridades aduaneras asentadas en Río Gallegos acaban de denunciar ante el juez federal de esa ciudad irregularidades por U$S870 millones en reembolso de exportaciones de calamar. La maniobra era simple: buques extranjeros se llevaban ilimitadas cantidades de pescado, a cambio de facilitar la utilización de su documentación por empresas locales, que se quedan con los reembolsos de exportaciones que no hicieron.

Por otro lado, la fiscalía federal de Miguel Ossorio, a cargo de la causa del oro, pidió explicaciones a la DGI en otro sumario para que informe por qué no denunció durante dos años una maniobra defraudadora de U$S 350.000, una actitud que podría haberse repetido en otras ocasiones.

En este contexto de denuncias, el hecho de que en el seno del Gobierno, en el que hay personas alcanzadas por las sospechas, se haya decidido salir a atacar a Cavallo evidencia una actitud poco saludable, pues pone de manifiesto que la lucha contra la corrupción, que hace quince días pretendió encabezar Menem, no tiene verdadero respaldo político y que lo que sólo interesa es sobrevivir.

Una posición mesurada mostraría menos animosidad y dejaría aún más descolocados a los ex asesores del ministro imvolucrados en ilícitos.

Algunos funcionarios esperan que estalle otro escándalo y que, como ocurre desde hace años en la Argentina, la tinta de ese nuevo calamar les permita huir de la actual embestida, pero probablemente, este viejo mecanismo de jugar a las escondidas ya resulte obsoleto y, quienes lo juegen, se expongan a mayores peligros.

Lo cierto es que en Gobierno se tomó nota de que fue una ingenuidad subestimar la capacidad de reacción de Cavallo y pretender que se calle. En la Casa Rosada algunos sostienen ahora que Menem decidirá cortar por lo sano y, cuando ceda la presión de su ex ministro, dispondrá el retiro de varios integrantes del gabinete nacional.

Leyes constitucionales

En medio de este panorama, el oficialismo impulsa la sanción de varias leyes constitucionales, que llevan dos años de mora. Ello servirá para cerrar un frente de críticas a la oposición y también para postergar el tratamiento de varios proyectos institucionalmente menos importantes pero más álgidos, como la flexibilización laboral. La próxima semana se analizaría en el Senado el proyecto de Jorge Yoma sobre Ministerio Público, correcto desde el punto de vista técnico y cuyo único punto oscuro es que prevé la ratificación automática del actual procurador general Agüero Iturbe. Los senadores Augusto Alasino y Yoma procurarán que esto último pase sin sobresaltos por el Senado, pero se frenaría en Diputados.

El secretario de la Jefatura del Gabinete, Juan Carlos Maqueda, sostiene que "ahora, es la UCR la que está en mora en el análisis del proyecto oficial sobre Consejo de la Magistratura", que prevé un cuerpo de 19 integrantes. Gil Lavedra, Arnoldo Klainer y varios diputados radicales afirman que es imprescindible crear un cuerpo "equilibrado", como requiere la Constitución, pero admiten que las posiciones son bastantes cercanas.

Adrián Ventura

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