La tragedia de la integración sudamericana
Para el Gobierno, la elección de diputados del Parlasur es un medio de asegurarse fueros para protegerse de los jueces; para la oposición, un tema que nunca forma parte de la agenda
La tragedia de la integración sudamericana es la misma tragedia de la Argentina y tiene dos aspectos: la oposición no sabe qué hacer con ella; el peronismo, sí. De manera que el Parlamento del Mercosur, supuesto núcleo institucional de esa integración, se ha convertido en objeto de disputa entre quienes quieren transformarlo en un refugio para gente fuera de la ley y quienes no saben qué hacer con él. Como el país, vaya coincidencia.
En todo esto, hay que darle la razón a Perón, que nunca supo cómo construir una república, pero en lo de eternizarse era un campeón: "Sólo la organización vence al tiempo", sostuvo en 1973, en ocasión de la institucionalización del movimiento justicialista, que 40 años más tarde sigue controlando el país. Trasladando el apotegma peronista al problema de la unidad regional se obtiene la verdad que rige todo proceso de integración: "Sin instituciones regionales, no hay integración regional".
No por casualidad, sino por simple derivación del principio integrador a su versión mercosureña ("sin Parlamento del Mercosur no hay Mercosur"), el bloque creado en 1991 ha fallado en todos sus objetivos: "Eliminación de los derechos aduaneros internos, libre circulación de bienes, establecimiento de un arancel externo y una política comercial comunes y coordinación de las políticas macroeconómicas", según el Tratado de Asunción. Desde la violación de su cláusula democrática en ocasión del minué "Expulsión del Paraguay-Admisión de Venezuela-Readmisión de Paraguay", hasta la disminución de los intercambios comerciales, hoy por debajo de las cifras de los 90, el Mercosur es un fracaso mal escondido detrás de palabras altisonantes, estatuas kitsch y abrazos presidenciales acompañados del olvido del compromiso firmado hace dos décadas: un Parlamento con representantes directamente elegidos por los ciudadanos, en funciones desde 2011. Quienes hoy hablan de "adelantamiento de los plazos" sólo demuestran ignorancia o mala fe.
Una oposición favorable a una integración regional basada en instituciones y no en caprichos hubiera hecho de esta discrepancia entre el discurso populista de la Patria Grande y el incumplimiento de los compromisos asumidos una bandera de crítica al Gobierno. Pero no. El tema de la elección directa al Parlasur jamás formó parte de la agenda de una oposición, que hoy parece creer que el populismo se frena discutiendo listas. En cambio, para enfrentar con éxito la maniobra populista se necesita una agenda de integración regional republicana capaz de luchar contra el autoritarismo y la corrupción: elección directa al Parlasur, sin fueros especiales; exigencia de adopción progresiva de poderes legislativos en los temas regionales; inclusión del Pacto de San José de Costa Rica como parte de la Carta Democrática del Mercosur; inspecciones parlamentarias a todos los países con el objeto de controlar la vigencia de la democracia y los derechos humanos; futura ampliación a la Alianza del Pacífico y apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Transnacional Organizado con todos los países latinoamericanos que deseen constituirla y ponerse bajo su jurisdicción.
En lugar de esto, dimes y diretes. Que si los fueros de Cristina la protegerán de la Justicia. Que si el dinero de las dietas parlamentarias no podría usarse mejor. Que para qué elegir parlamentarios para un parlamento sin poderes. Y bien, todos los parlamentos comenzaron como asambleas con escasos o nulos poderes. En todos, la elección democrática de sus miembros antecedió a la adquisición de capacidades legislativas. Por eso es imposible que el Parlasur tenga funciones legislativas sin que antes sus miembros sean elegidos directamente. La historia del único parlamento regional con capacidades legislativas, el europeo, enseña: elecciones directas en 1979, Acta Única en 1986 y tratados de Maastricht (1992) y Lisboa (2007), que otorgan al Parlamento Europeo poderes de codecisión con el Consejo, le confieren la capacidad de aprobar o rechazar el presupuesto de la UE y de controlar el desempeño de sus instituciones.
En cuanto a los fueros: aun si la Presidenta se postulara al Parlasur, sus fueros no la protegerían de ser procesada y condenada, como lo ha sido el senador Menem, aunque no apresada. ¿Es ésta una preocupación merecedora de frenar un elemento estratégico del proceso de integración regional? ¿Pueden esgrimirla con autoridad fuerzas opositoras cuya estrategia divisionista sigue impulsando las posibilidades presidenciales del peronismo sciolista y massista, segura garantía de impunidad? ¿Qué impediría a Cristina Kirchner candidatearse a diputada nacional, como hizo su marido, si la oposición bloqueara la elección al Parlasur? ¿No es más razonable trabajar dentro de él por una Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Transnacional Organizado que persiga el blanqueo de capitales y rompa el vínculo de la política con el narco?
Finalmente, los costos de un Parlamento del Mercosur. Es cierto, la integración regional tiene costos, pero son mucho menores que los costos de la no integración. ¿Cuántos millones de dólares pierden diariamente los países del Mercosur por no tener una unión aduanera y un mercado comunes, coordinación de sus políticas macroeconómicas y defensa conjunta de sus intereses? ¿Cuánto han perdido la Argentina y Uruguay en el absurdo conflicto por las pasteras que llevó a Néstor Kirchner a hablar de "causa nacional" y a Tabaré Vázquez a pedir apoyo a los Estados Unidos para una eventual guerra? ¿No es evidente que ese conflicto jamás hubiera existido con una legislación ambiental común deliberada por un verdadero Parlamento del Mercosur?
Economías de escala, integración de mercados, infraestructura, energía, seguridad, medio ambiente, lucha contra el crimen organizado, democracia y derechos humanos, empleo y ampliación de las capacidades productivas: ninguno de estos temas tiene posibilidades de ser solucionado mediante políticas reducidas a las dimensiones estatales fijadas en el siglo XIX. No comprender la importancia crucial de los mecanismos regionales, subordinarlos a transitorios intereses locales o creer que puede haber integración regional sin instituciones democráticas regionales son tres principios populistas-nacionalistas que están en la base de la tragedia de la integración sudamericana, de la decadencia del Mercosur y de la nuestra. Por el contrario, en el mundo global del siglo XXI la construcción de una sociedad democrática y republicana no se detiene en los confines nacionales. La Argentina y la región necesitan actores políticos a la altura de este nuevo desafío.
El autor, ex diputado nacional, es council chairman del World Federalist Movement