La tragedia del puente Pueyrredón

Por José Manuel Ugarte Para LA NACION
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28 de junio de 2002  

Los tristes sucesos de anteayer merecen un análisis objetivo desde el punto de vista de la eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Interior en su conjunto. Estas líneas pretenden ser un aporte en esa dirección.

Aceptemos en principio que cuando fracasan la persuasión y la disuasión, no antes, puede ser preciso reprimir y que cuando como consecuencia se producen muertes y heridas por empleo de munición de plomo hay una presunción de fracaso de la actuación policial, excepción hecha del caso en que existe empleo franco por parte de los manifestantes de armas de fuego, cosa que en esta ocasión, según las evidencias de que se dispone, no ocurrió.

Comencemos por el principio. Los anuncios altisonantes por parte del Gobierno y de los piqueteros crearon un clima propicio para la violencia.

Nuevamente se optó por no recurrir a los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Interior, N° 24.059. No se convocó al Comité de Crisis previsto en el artículo 24 y, lo que es más importante, no se designó al funcionario político encargado de realizar la supervisión operacional local de las operaciones de seguridad, con facultades para ordenar la iniciación de la aplicación de la fuerza, graduarla y hacerla cesar, conforme dispone el artículo 25. Curiosa renuencia tantas veces reiterada: no hay quien quiera asumir la responsabilidad por el modo en que se efectúa la represión.

Sigamos. Tampoco, pese a ser una operación interjurisdiccional, en que intervenían fuerzas de las dos jurisdicciones involucradas, se designó al jefe de operaciones previsto en el artículo 25 de la ley.

¿Meras fallas formales o legales? No, por cierto. Serias fallas técnicas, como se verá.

En las tomas televisivas, se vio un dispositivo policial consistente en una delgada línea de efectivos de la Policía Bonaerense que pretendía bloquear el avance de una columna, cuando a sus espaldas apareció (¿imprevistamente?) otra columna.

¿No pudo preverse esta situación? ¿No se disponía de capacidad de observación y comunicación alguna?

En esa situación la disuasión y la negociación no eran posibles. La delgada línea policial rodeada de manifestantes no podía disuadir a nadie y, contra toda doctrina, entró en contacto con ellos y en lucha cuerpo a cuerpo, en lugar de replegarse y adoptar otro dispositivo para contenerlos.

En esa circunstancia se generó una acción tumultuosa y desordenada, esa clase de acción en la que todo pasa a ser posible; incluso el empleo de armas de fuego por elementos desbordados que consideran su propia vida en peligro.

A cierta distancia del lugar se contaba con un elemento de Prefectura Naval Argentina bien adiestrado para el restablecimiento del orden. Pero no fue empleado en forma coordinada. La conducción la ejercía la Policía Bonaerense, contra lo establecido en el artículo 25 de la ley N° 24.059.

Para colmo, el jefe del operativo policial se dedicó a dar una conferencia de prensa en las inmediaciones de un grupo de manifestantes. La injustificable agresión de que fue objeto era, no obstante, previsible, ante la falta de adopción de las precauciones más elementales.

Finalmente, dos personas muertas por arma de fuego a buena distancia del lugar del choque completan el cuadro de la tragedia.

Apuntes para una explicación

Ante una situación cuya gravedad era obvia y previsible, era lógico aplicar los mecanismos legales. El Comité de Crisis, designar al funcionario político supervisor y al jefe de operaciones, y emplear en primera línea los elementos de mayor capacidad para enfrentar alteraciones de orden público: hoy, los destacamentos móviles de la Gendarmería Nacional o la Agrupación Albatros, de la Prefectura, o los elementos de Infantería de la Policía Federal.

¿Qué razones evitaron que ello aconteciera? ¿Cuestiones de jurisdicción? ¿Resistencias provinciales a subordinarse a personal de instituciones federales? ¿Dificultades del secretario de Seguridad Interior, anterior secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para ordenar o convencer a sus dirigidos de la conveniencia de emplear en primera línea a personal federal? ¿Resistencia a designar un funcionario supervisor para una situación en la que se preveía que se iban a generar responsabilidades?

No cabe duda de que uno de los aspectos más importantes de la política de seguridad interior es mejorar la capacitación de las policías provinciales para enfrentar alteraciones del orden público. El actual secretario de Seguridad Interior adoptó medidas en tal sentido: en una reunión relativamente reciente del Consejo de Seguridad Interior se expuso sobre un plan destinado a ello. Lamentablemente, por lo que se pudo ver, aún hay mucho camino por recorrer.

La conclusión final es ésta: en situaciones de gravedad, es fundamental emplear los mecanismos legales y criterios estrictamente profesionales para resolver situaciones, obviando aspectos presuntamente políticos que nada tienen que ver con la necesidad del buen gobierno. Restablecer el orden sin pérdida de vidas requiere la adopción de tales criterios.

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