La transparencia como valor democrático

Gobernar con transparencia facilita la evaluación de las políticas y programas gubernamentales, favorece el debate político y contribuye al proceso necesario de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, todo lo cual mejora la evaluación y la valoración de sus responsabilidades políticas y personales. Ahora bien, ¿quiere el Gobierno promover la transparencia sobre su desempeño como un modo de combatir la corrupción? ¿Le importan al Gobierno las exigencias que, en este sentido, hacen los ciudadanos, la prensa y las organizaciones cívicas?

Cada uno de nosotros tiene una respuesta para estos interrogantes. Nuestra percepción es que una gran mayoría de la población respondería por la negativa. ¿Cómo se llega a esta situación?

Cabría pensar que esto es resultado de una decisión del Gobierno. Sorprende, sin embargo, porque la Presidenta, en sus tiempos de senadora, era una apasionada promotora de un régimen legal de acceso a la información pública. Como también lo fue Néstor Kirchner, quien, ya en ejercicio de la presidencia, lo que tiene mucho más valor, se mostró partidario de aquél al tomar una histórica decisión, contenida en el Decreto N° 1172/2003, cuya filosofía y letra ya, lamentablemente, no se honran.

Parecería entonces que cuando se gobierna se produce, en ocasiones, una fractura entre el idealismo proclamado y la acción política que lo contradice.

La escena política de hoy está teñida por la confrontación, lo que seguramente se agudizará en este año de elecciones legislativas. No nos interesa abordar la cuestión en ese marco. Por el contrario, nos anima una mirada conciliadora y profunda de este fenómeno. En esa indagación recordamos al escritor israelí Amos Oz, quien al recibir el Premio Goethe y explicar su difícil acercamiento a Alemania, sostuvo que imaginar al otro es un imperativo moral, una herramienta estética y un potente antídoto contra el fanatismo y el odio.

¿Por qué en un tema tan sensible para la calidad democrática se produjo un cambio de rumbo?

Es difícil de comprender y uno no se resigna a perder la esperanza de que el Gobierno decida salir del estado de claudicación en el que se encuentra en esta materia. En el caso de la Presidenta, haber sido reelecta con el 54% de los votos le genera un mayor compromiso con el fortalecimiento democrático y el deber político y ético de someterse a los modernos mecanismos que, para garantizar los estándares de transparencia de su gestión de gobierno, propenden a facilitar el acceso a la información pública.

No parece haber dudas, sin embargo, de que el fervor por cumplir los preceptos del Decreto N° 1172/2003 se ha perdido. Así, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que es la autoridad de aplicación del mencionado decreto y quien tiene a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de sus obligaciones, parece estar virtualmente paralizada desde el año 2009. En su sitio web oficial ( www.mejordemocracia.gob.ar ) no se incluyen informes anuales de gestión posteriores al del año 2008. Tampoco notas y/o recomendaciones emitidas con posterioridad al mes de agosto de 2009. Mucho menos el "estudio diagnóstico sobre el estado de situación del acceso a la información pública en todos los organismos del Estado nacional", compromiso expresamente asumido por este organismo en su ya lejano Informe Anual 2008.

Aún en un contexto adverso, debemos ser conscientes de que el sistema democrático no permite admitir que la lógica del ejercicio del poder conduzca a asumir que "el pueblo no debe saber de qué se trata", en contradicción con el espíritu de la Revolución de Mayo y la forma republicana de gobierno.

Por ello, es de lamentar que la Argentina no cuente hoy con una ley nacional de acceso a la información pública. Y eso es así porque el proyecto de ley que obtuvo media sanción del Senado de la Nación a fines de 2010, perdió recientemente estado parlamentario luego de no haber sido tratado por la Cámara de Diputados, lo que fue, sin duda, una decisión política del Gobierno.

Mientras esto pasa en la Argentina, muchísimos países están cada vez más comprometidos con la transparencia y la legislación en la materia va ampliando los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los funcionarios para garantizarla.

Estamos en presencia de un derecho que les corresponde a los ciudadanos y a los periodistas en su función profesional. Unos y otros se enfrentan a situaciones que afectan su ejercicio. Son conocidas las dificultades que enfrentan hoy periodistas y algunos legisladores nacionales para acceder a información pública relevante sobre casos de gran trascendencia institucional.

Por todo ello, propugnamos la definitiva toma de conciencia sobre la importancia de esta problemática por parte de los distintos actores políticos y sociales, y la sanción de una ley de acceso a la información pública acorde con los más modernos estándares internacionales en la materia para que se aplique tanto al Poder Ejecutivo como a los poderes Legislativo y Judicial.

Con esa ley, contaríamos con una herramienta muy valiosa para luchar contra la corrupción e implementar principios de transparencia en el diseño, seguimiento y control de las políticas públicas.

© LA NACION

Beltrán Gambier y Juan Ignacio Aicega