La vida de las ballenas

Entre el 10 y el 14 de septiembre se realizó la 67» reunión plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), en Florianópolis, Brasil, donde las naciones que luchan contra la caza de ballenas y las que proponen el retorno a la caza con fines de lucro debatieron y tomaron decisiones sobre las propuestas presentadas por Estados miembros. En 1986, luego de que la explotación comercial llevara a algunas especies a una situación de peligro de extinción, la CBI introdujo una moratoria sobre la caza comercial de ballenas.

En esta reunión reciente, donde estuvieron presentes un total de 87 países, quedó plasmada la gran división que existe entre dos bloques: el ballenero y el conservacionista. Japón insiste en que las poblaciones de ballenas se han recuperado lo suficiente como para reanudar la caza comercial y hace uso de una laguna legal para cazar ballenas cada año con "fines científicos", así como para vender la carne.

Las naciones conservacionistas tuvieron un rol protagónico al derribar la propuesta de Japón para reanudar la caza comercial y lograr la aprobación de la Declaración de Florianópolis, propuesta por Brasil con el acompañamiento de los países latinoamericanos conservacionistas, más conocido como el Grupo Buenos Aires. Esta declaración propicia dos objetivos esenciales que la Argentina promueve: abolir la caza comercial de ballenas como actividad económica y tener como centro de interés de la CBI la conservación.

Para Japón y sus aliados, la resolución denota la disfuncionalidad de la comisión ya que sostiene que el mandato de la CBI es, al mismo tiempo, conservar y gestionar, es decir recuperar las poblaciones de ballenas, pero cazar de forma sostenible. Noruega e Islandia se resisten a abandonar la caza comercial. Pueblos indígenas de Groenlandia, Rusia y Estados Unidos tienen cuotas que les permiten la caza limitada según sus tradiciones culturales.

Durante la reunión en Florianópolis fracasó la propuesta de Brasil de crear un santuario de ballenas en el Atlántico Sur, pero la moratoria de 1986, que detuvo la caza comercial, seguirá vigente hasta la próxima reunión plenaria de 2020.

La cacería de ballenas no solamente perjudica a las comunidades costeras que realizan su avistaje, sino también la misma productividad de los océanos: un estudio demostró que la eliminación de las ballenas como consecuencia de 100 años de caza comercial privó de 23 millones de toneladas de carbono a los ecosistemas marinos.

Considerando que el espacio vital de las ballenas no posee límites nacionales definidos, resulta claro que su territorio es global y es por ello que las decisiones sobre la explotación o la protección deben ser tomadas a través de un organismo internacional y respetadas por todos los países.

La resolución de la CBI muestra que mas allá de los intereses particulares y del respeto a las escasas comunidades locales que utilizan la carne de ballena para su subsistencia, reanudar la cacería comercial no solo resulta en el siglo XXI una pretensión anacrónica, sino que también carece de licencia social planetaria.