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La violencia en su peor dimensión

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20 de agosto de 2000  

CON agobiadora regularidad llegan malas noticias de Colombia, país hermano cuyo destino aparece, cada día más, signado por el agravamiento de conflictos que ponen en tensión los valores básicos de la convivencia democrática y la paz social. En los últimos días, la muerte de seis niños, como resultado de un trágico error cometido en el contexto de la acción represiva que desarrolla el ejército contra las organizaciones del crimen, ha vuelto a dar la medida del estado de confusión a que está siendo arrastrada la sociedad colombiana.

Causa rechazo siempre el uso de la violencia, hasta cuando el raciocinio la justifica, e indigna, necesariamente, si se la ejerce contra criaturas. Por supuesto, indigna doblemente -o más aún- si incurren en ese atropello hombres a los que, en Colombia o en cualquier otro lado, se ha encomendado resguardar el orden y preservar las instituciones y la legalidad.

Un agitado trámite de protestas, de exaltación popular y de eventuales investigaciones ha sucedido a ese hecho como inexcusable respuesta de una ciudadanía cruelmente ofendida. Es de desear que ese exteriorizado afán esclarecedor se encauce por los caminos de respeto por la condición humana universalmente aceptados y se esclarezca plenamente este dolorosísimo hecho.

La guerra tiene sus reglas e imposiciones pavorosas, pero el cuadro de alteración de valores que produce se agrava cuando las fuerzas del Estado pierden el control real sobre los medios de que disponen para imponer su ley. EnColombia parece estar recobrando valor aquella vieja advertencia de que se sabe cuándo y cómo comienzan los conflictos armados, pero no cuándo habrán de terminar y cómo se desarrollarán. En el territorio colombiano, los resquemores históricos han fermentado y dado vida a facciones feroces, a regionalismos, a asociaciones de bandoleros que reclaman personería y que no vacilaron en los últimos lustros en aliarse con los intereses vinculados con el tráfico de drogas, así como antes lo hicieron con la subversión izquierdista.

Tras fracasar los arduos esfuerzos hechos por sucesivos presidentes para recuperar el control territorial del país, el actual primer mandatario, Andrés Pastrana, accedió al poder con el compromiso formal de negociar la paz con los insurgentes, propósito que fue asumido por su pueblo como un deseo sustantivo. Aunque inspirado por un noble objetivo, su sola enunciación mostraba hasta qué punto se había quebrantado la autoridad del gobierno y tuvo, lamentablemente, un devastador efecto político: envalentonó a quienes se oponían con las armas en la mano y hasta llevó a convertirse en rebeldes a muchos personajes dudosos que venían respaldando al presidente de turno.

Planteado un principio de convivencia con los principales grupos guerrilleros, mediante la cesión de zonas que iban a servirles de santuarios y el explícito reconocimiento de su carácter beligerante, Pastrana se ve ahora enfrentado a su propio entorno. Las gavillas de paramilitares que antaño ejercitaban la guerra sucia contra la subversión se han transformado de hecho en otro grupo insurgente y no debe extrañar que, ante la creciente precariedad de las estructuras del Estado, haya jefes uniformados dispuestos a seguir políticas autónomas, cuyo riesgo mayor es la posibilidad de que proliferen formas desordenadas de amedrentamiento, como se sospecha que ha podido ocurrir en este deplorable caso de la masacre de niños.

Es cierto que la información proveniente de Colombia, en más de un caso, ha llegado deformada por la pasión de los sectores en pugna. La opinión pública continental desea que haya otros hechos, en ese país, favorables a su reconciliación y su futuro. Con seguridad existen, aunque estén opacados por las noticias que traen el testimonio reiterado de la sangre y el horror. De esos otros hechos que no trascienden, de esa otra Colombia de la que poco se habla, surgirá tarde o temprano la fuerza moral que alzará su voz para anunciar al mundo el fin de los actuales padecimientos.

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