Las FARC se quitan la máscara

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7 de mayo de 2003  

Como para que nadie deje de tener presentes los perversos extremos a que lleva indefectiblemente el extremismo, las FARC han cometido un nuevo crimen atroz, que para Colombia adquiere el carácter de un mensaje recordatorio acerca de la crueldad del contrincante al que está enfrentada hoy esa nación hermana. Ya nadie puede abrigar ninguna duda sobre la naturaleza de la lucha que la sociedad colombiana deberá librar para derrotar a ese feroz enemigo de la paz y de la civilización.

Guillermo Gaviria, gobernador del departamento de Antioquia; Gilberto Echeverri, ex ministro de Defensa y un grupo de militares relevantes eran prisioneros de las FARC. En calidad de tales integraban la lista de destacados políticos, de personalidades extranjeras y de miembros de las fuerzas armadas que la organización terrorista propuso canjear por unos tres mil guerilleros rebeldes que en la actualidad se encuentran encarcelados.

Ya se habían dado ciertos pasos en la negociación y el gobierno se disponía, presuntamente, a satisfacer, siquiera en forma parcial, el requerimiento subversivo. Hasta el propio presidente Alvaro Uribe había hecho suya la perspectiva de ejecutar lo que se dio en llamar, con cierto abuso retórico, un "intercambio humanitario". De pronto, sin que nadie lo hubiese previsto, la guerrilla -pretextando la cercanía de tropas del gobierno y la posibilidad de un intento de evasión- ejecutó sin el menor escrúpulo a los dos hombres públicos mencionados y a ocho militares.

La frialdad con que se actuó y el cinismo con que se quiso presentar lo ocurrido fueron realmente aterradores: la guerrilla ha venido a decirle al pueblo colombiano que por mucho que se negocie y por más que se utilicen palabras caras al patriotismo de los hijos bien nacidos del país, su intención de hacer correr torrentes de sangre colombiana no ha declinado en lo más mínimo, ni se ha aplacado su salvaje decisión de apelar a cualquier medio para satisfacer su oscura ambición de adueñarse del poder.

Si por terrorismo se entiende el uso sistemático de la violencia y del amedrentamiento para imponer una voluntad de dominio, pocos ejemplos tan representativos de esa aberración política encontramos en el mundo actual que el de la enconada guerrilla establecida en Colombia desde hace décadas. Apoyándose primero en rivalidades tradicionales, después en el izquierdismo insurgente y, por último, en la infame explotación de la droga, sus objetivos claramente enunciados desde un principio nunca fueron abandonados -aunque por razones tácticas haya generado en cierto momento la ilusión contraria- y el testimonio sangriento que acaba de dar indica que tampoco su empeño por alcanzarlos ha cejado.

Queda ahora para el pueblo y para el gobierno de ese noble país una posibilidad, carente de alternativas: la de enfrentar con renovada indignación a ese enemigo artero, de golpearlo con una fuerza tal que le sea imposible responder. Es evidente, al respecto, que la suerte está echada y que no hay allí sino un necesario límite de rigor y de justicia, traspuesto el cual el extremismo deberá ser llevado a su extinción.

Quizá la ciega brutalidad con que ha actuado esta vez la guerrilla pueda contribuir, al menos, a despertar en Colombia y en América toda la profunda convicción de que ese horror debe cesar y la inexcusable determinación de que la causa de la ley y de la civilización terminará por liberar al continente de esa organización criminal y destructiva.

El esfuerzo supremo que tarde o temprano tendrán que hacer los colombianos deberá ser acompañado en el mundo por todas las personas de bien, pues es inmoral suponer que se puede permanecer indiferente ante los crímenes de una agrupación que pretende negarle indefinidamente a una comunidad nacional el derecho a la paz y a la convivencia. Las naciones hermanas de América tienen el deber de asumir una postura de solidaridad con el país agredido.

Los antecedentes históricos comunes de los pueblos de la región deben ser una fuente permanente de la actitud de comprensión y fraternidad que es necesario adoptar ante este penoso fenómeno. La asistencia que al respecto están brindando los Estados Unidos se inscribe en ese contexto de políticas solidarias, cuya necesidad se hace evidente si se considera que los delincuentes, por su unión con los narcotraficantes, tienen acceso a ingentes recursos, a la vez que se constituyen en un peligro social que no reconoce fronteras.

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