Las jugadas de riesgo de Alberto Fernández

Luciana Vázquez
Luciana Vázquez PARA LA NACION
Alberto Fernández
Alberto Fernández Fuente: Archivo
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20 de junio de 2020  • 01:20

En el año 1879, en el mes de agosto, en el norte de Santa Fe, a la sombra de un quebracho, hubo un asado. No fue peronista, por supuesto, sino más bien un asado del Partido Autonomista Nacional, el PAN: lo organizó un general que quería agasajar a un grupo de familias inmigrantes recién llegadas desde Italia para trabajar la tierra, poblar el territorio y civilizar la Argentina.

En aquel asado, el General Obligado, así se llamaba el militar, propuso que ese poblado incipiente de "farmers" italianos se nombrara en honor del presidente de entonces, Nicolás Avellaneda, que fue parte del PAN: así nació la ciudad de Avellaneda en Santa Fe, con el destino agrícola marcando su origen y perfilando su devenir.

Sí, es esa misma localidad que hoy protagoniza la resistencia a la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, decididas por el presidente Alberto Fernández, que queda precisamente en el departamento de General Obligado. Allí también está Reconquista, donde un grupo de vecinos expulsó a los funcionarios enviados desde Casa Rosada para la intervención de Vicentin.

Aquel caserío de Avellaneda fue el resultado de una política pública tan exitosa como llena de dilemas: la de conquistar el territorio, colonizarlo y civilizarlo. La inmigración y la entrega de tierras a familias para formar colonias agrícolas fueron herramientas claves de la dirigencia de la segunda mitad del siglo XIX. Además del foco en la austeridad fiscal, Avellaneda pasó a la historia por esa política inmigratoria y agraria. Este es un dato histórico que se vuelve político y afecta al análisis del presente.

Temas centrales que dividen a la opinión pública hoy se instalaron en el debate desde entonces: la propiedad de la tierra, el peso y el aporte de la Argentina agroexportadora, el rol del Estado en ese entramado lleno de tensiones.

Hay ejemplos recientes de esa dimensión histórico-política del factor campo. Lo sabemos: el peso de la historia y la identidad agrícola de algunas zonas de la Argentina mostró su potencia política con el conflicto del campo en 2008 y su efecto electoral en 2009 cuando el kirchnerismo y su candidato estrella, Néstor Kirchner, perdieron las elecciones de aquel año en parte como coletazo de aquella crisis.

Con Vicentin y la bandera de la expropiación, el kichnerismo vuelve a agitar las mismas aguas, o los mismos pastizales del campo, en un contexto político donde nadie tiene la vaca atada. Hay riesgos delicados en esa jugada que encabeza el presidente Fernández.

Por un lado, porque la de Fernández es una presidencia ganada de forma un tanto ajustada si se la compara con el triunfo de Cristina Kirchner en 2011. Por otro lado, porque su triunfo dependió, y su gestión actual depende, de una táctica política tan astuta como costosa: la alianza con su enemiga política hasta entonces, a Cristina Kirchner me refiero, que debió dejar de serlo para convertirse en socia y "amiga" según define el Presidente hoy, y que exige negociaciones continuas en ese liderazgo. Cualquier estabilidad en la hegemonía kirchnerista parece endeble por el momento.

Los balances y desbalances electorales en la Santa Fe de los últimos tiempos son una prueba de eso. Es cierto que después de doce años, el peronismo logró recuperar la gobernación santafesina en 2019 pero el caso Vicentin mostró que aún dentro del mismo gabinete del gobernador Omar Perotti, el consenso político no está ganado para siempre. Algunos de sus ministros manifestaron su rechazo a la estatización decidida por el Presidente, nada menos, y se habló de renuncias.

El electorado santafesino es químicamente inestable. Las presidenciales del año pasado lo dejaron claro: en las PASO, los santafesinos se inclinaron por Alberto Fernández pero finalmente, en la elección presidencial de octubre, Macri recuperó 10 puntos entre los votantes santafesinos y le ganó a la fórmula kirchnerista por un 43,49% contra un 42,68%.

Si el microscopio del análisis electoral se concentra en el departamento del General Obligado, donde está Vicentin, hay más inestabilidades que desafían la consistencia partidaria y la hegemonía kirchnerista asegurada. En General Obligado ganó la fórmula de Fernández y sin embargo, la expropiación, una medida del gobierno votado, igual es resistida en varias de las localidades de ese departamento. Quizás la diferencia ajustada del triunfo de Fernández en ese departamento es otra muestra de la inestabilidad de las hegemonías. No conviene ponerlas en riesgo.

Hay más inconsistencias todavía. En el caso de Avellaneda, cuyo intendente es un radical alineado con el Frente Progresista, la fórmula encabezada por Macri ganó por más del 54 por ciento: en ese sentido, las resistencias presentes a la expropiación son consistentes con los resultados electorales. Pero el caso de Reconquista es distinto.

Allí Macri ganó la elección presidencial aunque su intendente está alineado con el Frente de Todos. Es decir, un municipio que vota kirchnerismo pero a Macri a nivel nacional, y ahora se vuelve activo en la resistencia antikirchnerista cuando una medida toca intereses suprapartidarios: los del campo y los productores.

El rompecabezas de preferencias partidarias de Santa Fe parece hoy la falla de San Andrés: placas tectónicas inestables que operan con una racionalidad circunstancial, o un pragmatismo más atento a su identidad agraria y sus intereses productivos y económicos, menos condicionadas por lealtades partidarias eternas.

Hacia el futuro, queda ver cuánto de la Argentina es parte de esa inestabilidad de la geografía electoral. Por eso la operación Vicentin es una jugada de riesgo. Por un lado, en lo electoral: con que se mueva un porcentaje módico de votos de un lado de la grieta hacia el otro, la balanza de poder cambia completamente. Sucedió el año pasado en Santa Fe. Por otro, por el riesgo de reavivar el enemigo perfecto del peronismo, el campo, con una retórica tan encendida como innecesaria que aliente decisiones electorales antiperonistas.

El riesgo de tomar medidas y reconstruir épicas que vuelven a dirigirse al lado propio de la grieta es obvio: acentuar esa grieta que llevó al kirchnerismo a la derrota de 2015 y desperdiciar el esfuerzo táctico que implicó el pacto político entre los Fernández, de una astucia electoral elogiable. Fue la táctica de pescar votos con red -no con caña; cuantos más, mejor- lo que permitió el triunfo: la red fue un Alberto Fernández presentado como moderado.

Santa Fe aparece como síntesis de los riegos de ciertas decisiones políticas del gobierno actual que pueden atentar contra su hegemonía: desprenderse tan rápidamente, demasiado rápidamente, de la moderación retórica y de la voluntad de mayor pluralismo en sus políticas concretas de gobierno quizás no sea tan oportuno.

Ese es un gran dilema del oficialismo: el cemento que mantiene unida a la coalición gobernantes extrema los posicionamientos ideológicos pero el imán que amplía su base de sustentación política necesita de política públicas y palabras más moderadas y plurales.

Otro caso es Córdoba, donde también empiezan exhibirse los dilemas y riesgos de las políticas más resonantes de la presidencia de Fernández. El caso Vicentin alertó al sector productivo de esa provincia que rechazan la expropiación por inconstitucional e interpelaron particularmente al gobernador peronista Juan Schiaretti, históricamente más distante del kirchnerismo, y a sus senadores y diputados.

El tema del mercado de granos con una posible intervención del estado y la política aerocomercial que el kirchnerismo identifica con otra "soberanía", la de los cielos, es otra de las movidas riesgosas que puede acentuar el desequilibrio de poder en Córdoba.

Córdoba siempre es un desafío para el kirchnerismo a nivel nacional. El año pasado, entre las PASO y la elección presidencial de octubre, la fórmula encabezada por Macri creció 14 puntos hasta alcanzar 61,31% aún en medio de la crisis política y económica. Fue una provincia clave para reducir la brecha de votos con Alberto Fernández. Y los resultados electorales de 2015, cuando Macri obtuvo el mejor resultado del ballotage en esa provincia, con 74% de los votos, dejan margen para desbalancear más el mapa político en caso de que el gobierno nacional tense la cuerda excesivamente.

Hay un análisis político que insiste con que la unidad del peronismo es garantía de triunfos electorales infinitos. En ese sentido, la evidencia plantea que en la medida en que en 2015 fue dividido, no tuvo chances. Y que en 2019 las tuvo por la unidad. Pero empiezan a surgir varias preguntas.

En el centro de la cuestión está el hecho de ser oposición o ser oficialismo. La unidad de la dirigencia pero-kirchnerista, ¿alcanza para volver a ganar elecciones cuando son el oficialismo? ¿O esa unidad sólo es efectiva en un rol de oposición y cuando la responsabilidad de todos los males se pueden atribuir al gobierno de turno, no peronista en ese caso? ¿Esa unidad de las cúpulas peronistas será capaz de conservar su efectividad ante una crisis económica cuya responsabilidad, en general, el electorado atribuye al partido gobernante? ¿Alcanza esa unidad de la dirigencia peronista en sentido amplio y la consolidación de su lado de la grieta, con retórica y medidas simpáticas a sus seguidores, si para ganar es necesario hablar al oído de un sector más libre en sus decisiones electorales? Al campo, por ejemplo.

Son esos sectores, entre otros, los que parecen fluctuar y definir elecciones. Dejarlos a un costado antes de tiempo con el fantasma de una expropiación, por ejemplo, es un riesgo para la Argentina, sin dudas. Pero también para la consolidación de la hegemonía de gobierno que, paradójicamente, también necesita del voto ajeno. Entre la moderación y la radicalización: los riesgos, dilemas y las paradojas de una coalición que se quiere hegemónica.

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