Las medidas contra la crisis

Deben ser valorados el realismo y la sinceridad con que el presidente Mauricio Macri les habló ayer a los argentinos. Es innegable a estas alturas que el país vive una crisis económica y financiera de magnitud, generada por la brutal irresponsabilidad de quienes lo administraron mezclando recetas populistas con una descomunal corrupción durante 12 años y por la falta de sustentabilidad del gradualismo que el actual gobierno pretendió aplicar para paliar desequilibrios mayúsculos.

Al fundamentar las nuevas medidas para hacer frente al drama fiscal de la Argentina, el primer mandatario insistió en que no se puede seguir gastando más de lo que se tiene y que cualquier estrategia de crecimiento debe comenzar por un Estado que gaste menos de lo que ingresa.

Valiosos resultan también algunos conceptos presidenciales que insinúan una primera autocrítica sobre su gestión. Admitió el jefe del Estado que su gobierno no fue capaz de avanzar en reformas estructurales y que algunas de las medidas que tomó generaron dudas, que no fueron debidamente aclaradas. Y fue concluyente al afirmar: "Creímos con excesivo optimismo que era posible ir ordenando las cosas de a poco, pero la realidad nos demostró que tenemos que ir más rápido".

Es positivo que el Presidente reconozca ese error, como es de lamentar que, por imperio de las circunstancias, se deba volver a recurrir a una fuerte presión tributaria que el propio Gobierno había empezado a bajar con el fin de alentar la inversión productiva y las exportaciones.

Resulta destacable que la meta del déficit fiscal del 1,3% del PBI para 2019 haya sido recalibrada con el propósito de alcanzar el para muchos inimaginable cero por ciento. La Argentina arrastra desde hace aproximadamente 70 años un déficit fiscal crónico, con muy esporádicos períodos de equilibrio en las cuentas públicas. Lo doloroso, como se encargó de subrayarlo el propio Macri, es que para conseguirlo se recurra nuevamente a nuevos impuestos, en este caso sobre los sectores exportadores, antes que a un mayor esfuerzo por achicar el gasto. Sabido es, por otra parte, que la inestabilidad en materia tributaria y el permanente cambio en las reglas de juego no ayudan a la previsibilidad económica y a la confianza.

Es, por cierto, alentador que se den señales desde el Gobierno como la disminución de los actuales 22 ministerios a 11, medida que debería redundar en una mayor eficiencia. Sin embargo, causa perplejidad que la proporción de la reducción de los gastos operativos en el ajuste fiscal adicional contemplado para el año próximo sea de apenas el 0,2% del PBI, mientras que el impacto proyectado por la recaudación de los nuevos impuestos a las exportaciones sea del 1,1%, de acuerdo con las estimaciones que hizo públicas el Ministerio de Hacienda.

La reducción del número de ministerios debe ser acompañada por la disminución de las casi 3000 reparticiones que integran el Poder Ejecutivo Nacional, para que no estemos ante una medida meramente simbólica. Desde ya que cualquier reforma estatal de esta clase debe efectuarse con los necesarios amortiguadores, para minimizar sus costos sociales. Esto podría haberse hecho hace mucho tiempo si en lugar de utilizar el endeudamiento público para seguir alimentando la estructura estatal se hubiera empleado para financiar su reestructuración, facilitando la capacitación de los empleados públicos y los incentivos impositivos al sector privado para contratar a esos trabajadores.

El presidente Macri ha señalado que la presente crisis no debe ser una crisis más, sino la última. Será vital que ese objetivo encuentre la necesaria comprensión en todos los sectores de la sociedad, empezando por los empresarios y los del trabajo, que deberán seguir aportando su cuota de esfuerzo, y terminando por una dirigencia política que se viene negando a ser parte del ajuste y a dar el ejemplo que tanto le reclama la ciudadanía.