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Las políticas contra la violencia de género no deben quedar presas de banderas partidarias
Los casos crecientes de violencia digital, el uso de Inteligencia Artificial para alterar imágenes y venderlas en plataformas digitales, el consumo problemático y la explotación sexual virtual, el ascenso de los femicidios vinculados al crimen organizado en el país, exigen repensar y readecuar las herramientas con las que contamos los Estados en el abordaje de las violencias por motivo de género. Sumado a esto, es fundamental impulsar un nuevo paradigma preventivo de inversión en políticas de autonomía económica para las mujeres, porque no hay libertad y vida libre de violencias sin independencia económica.
Hoy, 25 de noviembre, es el día que en el mundo se eligió para conmemorar la lucha contra la forma más extendida de violencia contra las mujeres, que es la violencia de género. Los datos de nuestro país son contundentes y alarmantes, y no dejan lugar a especulaciones ni chicanas políticas: en la Argentina se reciben cada año al menos 500.000 denuncias por violencia de género e intrafamiliar a través de comisarías. Las líneas de asistencia en todo el país atienden 400.000 llamadas para asesoramiento y contención y más de 100.000 botones son monitoreados las 24 horas por las policías provinciales y de la Ciudad.
Según Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres sufrirá alguna forma de agresión física y/o sexual a lo largo de sus vidas. La encuesta de incidencia de violencia de género elaborada por el Instituto de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad (única jurisdicción que hoy tiene esta herramienta comparativa) reveló en el 2018 que 1 de cada 2 mujeres había sufrido violencia en el ámbito de su hogar; en la encuesta de 2023, el resultado fue similar. Cuando nos preguntan si hay más o menos violencia que antes, la respuesta que arroja la evidencia es que, en el ámbito doméstico, la cantidad de casos es casi idéntica, pero lo que cambió es que aumentó un 30% la cantidad de mujeres que se animan a dar el paso de pedir ayuda. Desde el Estado tenemos la responsabilidad de no dejarlas solas.
Si las mujeres hoy se acercan a denunciar a sus agresores es porque el tema está en la agenda mediática, política y social. En la última década hemos generado mejores soluciones institucionales para que las víctimas de violencia encuentren acompañamiento. Sin embargo, durante este año muchas de las llamadas a la Línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires arrancaban con una pregunta mucho más básica: “¿Siguen estando?”, “¿Todavía atienden?”. Había un temor que se sumaba al de cualquier mujer que sufre violencias, el miedo a que se cierren las áreas especializadas y no ser acompañadas y asistidas en forma integral, quedar, en síntesis, todavía más vulnerables.
La respuesta es que sí, que estamos, que seguimos. En la ciudad atendemos 50.000 llamadas anuales en la Línea 144 y casi 60.000 en el 911 de la policía, y tenemos 22.000 botones antipánico monitoreados por la policía. Además, llegamos a decenas de miles de vecinas a través de los centros integrales de la mujer, los programas de cercanía en sedes comunales y barriales que suman capacitación, empleo y apoyo para su autonomía.
En lo que va del año, según el Observatorio de Casa del Encuentro, al menos 243 mujeres fueron víctimas de femicidios y 246 niños quedaron sin madre. A nivel global y según los datos de ONU Mujeres, en 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia, es decir, se asesinó a una mujer por motivos de género cada 10 minutos. En 2022, fueron al menos 48.800 mujeres asesinadas en manos de sus parejas u otros familiares. Esto representa un aumento de la cantidad de mujeres y niñas asesinadas registradas en el 2020 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que fue de 47.000. Son datos que no sólo reflejan que los homicidios de mujeres por razón de género siguen existiendo, sino que lamentablemente siguen aumentando.
Las políticas para las mujeres deben ser políticas de Estado más allá de los climas de época. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, fue categórico en la apertura de sesiones en la Legislatura Porteña ante todas las fuerzas políticas de la Ciudad al expresar su compromiso de promover la autonomía económica y la igualdad real de oportunidades y trato en el empleo que les permitan a las mujeres conciliar el trabajo con la vida familiar, instalando así un nuevo paradigma de las políticas para las mujeres con la convicción que no hay vida sin violencia sin libertad económica. Es esto lo que llevó a Buenos Aires a ser la mejor ciudad para vivir para las mujeres en América Latina según el índice de la revista The Economist.
Vivimos en nuestro país un momento especial de esta agenda. Por un lado, es innegable el hartazgo de la sociedad frente a un relato desvencijado ante causas como la de Espinoza y Alperovich, involucrados en casos de abuso sexual y protegidos durante años por el poder; lo como la del Clan Sena, que respondía al ex jefe de gabinete Jorge Capitanich, y hoy está preso por el femicidio atroz de Cecilia Strzyzowski; también ante la vista gorda sobre Gildo Insfrán y las violaciones a los Derechos Humanos en Formosa y, el capítulo final, con la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Férnandez, el mismo que se jactaba de haberle puesto fin al patriarcado y hoy está citado a indagatoria por golpear a quien fue su mujer durante todo el período presidencial.
Por otro lado, con once meses de gestión del actual gobierno nacional, acabamos de ser testigos del voto negativo y en soledad de la Argentina en la ONU en contra de una resolución destinada a fortalecer esfuerzos en materia de violencia contra mujeres y niñas, violencia digital y trata de personas. Ni siquiera países donde impera el fundamentalismo fueron tan lejos: Irán y Siria, por caso, apenas se abstuvieron. Como afirmó en su comunicado al respecto el Pro: “Estamos convencidos de la necesidad de tener una política exterior equilibrada (...) sin caer en dependencias o confrontaciones innecesarias”.
La agenda de políticas de género no debe quedar presa de la política agonal. Derribar desigualdades estructurales por motivos de género debe ser un acuerdo transversal, de todos los partidos, de todos los Poderes del Estado, de toda la sociedad. En esta agenda no debe haber fisuras, es una cuestión de Estado la protección de la vida y la libertad de las personas. Y con violencia, no hay libertad.
El abordaje de la problemática de la violencia de género debe ser integral. Si bien es fundamental el trabajo de la policía y la justicia a la hora de investigar, así como las áreas de asistencia cuando el hecho ya sucedió, ¿qué hacemos mientras tanto para prevenir o promover conductas respetuosas entre todos nosotros? Desde esa visión,, proponemos una mirada preventiva, de promoción y de inversión en la autonomía de las personas. Cuando la única respuesta es el código penal, es porque llegamos tarde. La receta es prevenir con educación, inclusión y acceso a empleo.
Tenemos que aprovechar este día para alzar la voz en todo el país: ni hacer uso partidario del tema, ni negar que la violencia de género existe, lo que necesitamos es un llamado a la acción contra la forma más extendida de violencia contra las mujeres y niñas en la tarea indelegable de los Estados de proteger la vida, la integridad y la libertad de sus ciudadanos.
Subsecretaria de la Mujer del GCBA
Por Carolina Barone
