Las tierras fiscales, botín del Gobierno

Ahora que caen edificios y monumentos bajo la moda de iluminar hasta los conventos con luz de discotecas, no deja de ser un alivio saber que ni el edificio de la Casa Rosada ni el del Congreso podrán convertirse en hoteles boutique o en centros comerciales, como sucedió con muchas escuelas en los privatistas años noventa. Pero como cambiaron los vientos y ahora el Estado quiere ser patrón, el viejo organismo que administraba nuestros bienes se ha convertido en una súper agencia inmobiliaria que bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete puede hacer lo que quiera con ellos, con la única excepción de los que integran el patrimonio cultural, histórico y natural, lo que explica la ironía del inicio.

Como este "Estado patrón" no admite control ni cumple con la obligación de dar información, inquieta saber qué destino tendrán las tierras fiscales en uso militar después de la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Con un gobierno que sólo habla de dinero y ha hecho del pragmatismo una jactancia, atemoriza pensar cómo se administrarán esos bienes. Esta agencia puede hacer lo que quiera sobre los inmuebles del patrimonio nacional: desde enajenarlos hasta donarlos. Alcanza con declararlos innecesarios o sin destino.

A tres décadas de la democratización que consagró derechos humanos fundamentales como el derecho a la información, no conocemos cuáles y cuántas son las tierras en custodia del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Menos aún, cuáles son explotadas comercialmente o cuál es el destino del dinero de la venta o de la actividad agropecuaria que en ellas se desarrolla. En los últimos años, el Estado alquiló a productores privados miles de hectáreas, especialmente del Ejército Argentino, para la actividad agropecuaria. Sobre todo a grandes "pooles de siembra", bajo diferentes formas societarias, especialmente fondos fiduciarios denunciados por los pequeños y medianos productores por la competencia desigual a la hora de la licitación pública de esos predios.

Tras la fallida "Resolución 125", el Ministerio de Defensa prohibió en 2009 el cultivo de soja transgénica en las tierras bajo su administración. Ahora, en coincidencia con la disputa por la falta de trigo, el flamante ministro de Defensa firmó un convenio con el INTA para crear áreas rurales productivas en las tierras de las Fuerzas Armadas. Eso significa que el Estado será ahora productor de soja y trigo. Entre el "yuyo" rentable y la falta de trigo y el manejo absoluto del Poder Ejecutivo sobre las tierras del Ejército podremos ver a nuestros militares cultivando en una especie de soviets de verde oliva, controlados por la Unidad de Coordinación de Producciones Agropecuarias.

Cuando no existe información, el peligro de poner en riesgo bienes que conforman nuestro patrimonio natural se agrava todavía más. Es lo que sucede en la provincia de Córdoba: la AABE ya hizo consultas para sembrar trigo en las áreas que hoy ocupa el Tercer Cuerpo de Ejército, algo que su status de Reserva Natural Militar le impide. En 2007 el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio con el fin de preservar los recursos naturales que poseen muchas tierras en manos de las Fuerzas Armadas. Aquel acuerdo replicaba el compromiso internacional asumido por nuestro país al firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para incrementar en un 10% hasta 2015 la superficie de áreas protegidas. Así surgió la figura de los Espacios Naturales de Interés para la Conservación (ENIC) y las Reservas Naturales Militares.

Recién había estrenado mi banca de diputada cuando un grupo de asociaciones civiles, que incluían desde el Rotary Club hasta la organización de Hijos, me pidió que solicitara, mediante un proyecto, que las tierras del Tercer Cuerpo de Ejército, donde está, también, el campo de detención clandestino "La Perla", fueran declaradas ENIC. Fue un trabajo tan desafiante como eficaz. Una víctima de la dictadura puesta a reconstruir confianza y trabajo común con el Ejército de la democracia. Así, cada uno cumplió su rol, el Ministerio de Defensa, Parques Nacionales, las asociaciones civiles, la Universidad y muchos ciudadanos comprometidos. Entre todos, conseguimos que esas tierras fueran protegidas como Reserva Natural Militar. Sin embargo, hoy, con la creación de la AABE y la posibilidad de que se entreguen hectáreas para la siembra, se corre el riesgo de perder esa protección.

Nunca logré la información solicitada al Ministerio de Defensa sobre la cantidad y calidad de sus bienes, pero al verificar los registros de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, constatamos que en 2004 se destinaron 8880 hectáreas pertenecientes al Ejército para el cultivo exclusivo de soja o para cultivos mixtos, de trigo y soja o cosecha fina y soja; en 2005 esa cifra fue de 4290 hectáreas; en 2006 ascendió a 5251; un año después, 6683 hectáreas y, para 2008, la cifra había vuelto a crecer a 8500 hectáreas.

Si a la desinformación se le agrega el utilitarismo de ver sólo precios donde deben consagrarse valores, la respuesta del destino de esas tierras fiscales surge sola. El Gobierno que confunde al Estado como bien propio no puede dejar de ver a las tierras fiscales como "una cosa" para conseguir dinero, ya sea como patrimonios personales o la naturaleza misma convertida en recursos financieros, se trate de minas o de petróleo. Nunca la idea moderna, y por eso progresista, de concebir a la naturaleza intrínseca de la tierra como un bien común y superior: el ambiente, al que debemos proteger para las futuras generaciones.

Si como se vaticina, las guerras futuras serán por el agua, qué mejor función se les puede dar a las Fuerzas Armadas que ser custodios de ese bien escaso, consagrado como derecho humano por las Naciones Unidas. Y si se define al Estado como una abstracción ideológica para justificar su intervención en negocios privados, sin control democrático, el posible uso de las tierras fiscales en "unidades de producción agropecuaria" desnuda la concepción antidemocrática de un gobierno que utiliza lo que es de todos como si fuera un botín propio, cuando lo que debería hacer, en realidad, es abrir la discusión sobre cuál sería el mejor destino, en cada región de nuestro país, para esos bienes.

Sin participación de la sociedad ni control, el gran debate postergado es saber qué tipo de Estado queremos: si clientelar o democrático, si autoritario o republicano. O si aceptaremos que se levanten "koljoz" en la pampa húmeda.

© LA NACION