Las últimas medidas económicas

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26 de octubre de 2000  

Los anuncios realizados por el ministro de Economía el lunes último deben ser vistos como un cambio en el enfoque económico que había prevalecido hasta ahora en la presidencia de Fernando de la Rúa.

Las medidas tienen probablemente más importancia como una señal de cambio en los criterios de gestión, que la que puede llegar a surgir de sus efectos cuantitativos. En efecto, casi todas las reducciones impositivas que se han dispuesto tendrán vigencia a partir del año próximo y muchas de ellas no se aplicarán a actividades existentes sino a nuevas inversiones.

Los anuncios se encuadran en el tipo de política económica conocido como "del lado de la oferta" ( supply side economics ), que tuvo su primera manifestación importante en los Estados Unidos durante la gestión del presidente Ronald Reagan. El principio que la sustenta es el de la reducción de impuestos, en particular de aquellos que inciden en las decisiones de inversión empresaria. Se considera que el crecimiento económico resultante de esas mayores inversiones ampliará la base impositiva y, finalmente, permitirá obtener una recaudación fiscal igual o mayor a la que habría logrado de otro modo, pero con una ventaja: el dinero será recaudado en el contexto de una economía más pujante.

Este enfoque modifica el criterio con el cual se trabajó hasta ahora. Los aumentos impositivos decididos al comienzo de esta gestión reflejaban un enfoque fiscalista, a su vez basado en una fuerte tendencia a interpretar el déficit como un problema de insuficiencia de recursos más que como un exceso de gasto.

Además, se suponía que la corrección iba a lograrse con una mayor presión impositiva sobre los contribuyentes de ingresos medios y altos, o sobre las empresas medianas y grandes.

Este enfoque estaba en consonancia con las ideas prevalecientes en la Alianza. Para sus principales referentes, la continuidad de la convertibilidad, así como de las reglas de una economía de mercado, habían sido aceptadas con reticencia. En muchas declaraciones se decía que no había más remedio que continuar con ellas, pero se transmitía en el mensaje la preferencia por una economía más regulada. Cuando desde el Gobierno se proponía alguna medida en favor de las empresas, se aclaraba que se intentaba beneficiar sólo a las pequeñas y medianas.

Del mismo modo los entornos políticos del Gobierno defendieron las políticas "activas" en preferencia a las reglas generales y a un Estado subsidiario y prescindente. Las empresas "privatizadas", que hoy son las que lideran la inversión en la Argentina, fueron durante estos meses el blanco de críticas oficiales e intentos de regulación fuera del contexto de los contratos y reglas acordadas. Todo esto contribuyó a crear un clima adverso a la inversión, que costará revertir.

Los mercados no reaccionaron aún positivamente a los anuncios del lunes pasado. La presunción de insolvencia fiscal no se ha disipado y la eventualidad de un default sigue en boca de algunos analistas internacionales.

Las modificaciones impositivas que ahora se han dispuesto tienen una lectura positiva como cambio de enfoque y por los beneficios tangibles que producirán sobre los niveles de inversión, que seguramente se percibirán luego de que los cambios entren en vigencia.

Pero, como contrapartida, estas medidas pueden afectar en su fase inicial los recursos fiscales, en el caso de que las ventas de activos o la extensión de concesiones petroleras no se concreten en el tiempo debido. Sigue faltando una propuesta seria de reducción del gasto público, que le otorgue solidez al planteo en el plano fiscal.

En su presentación de las medidas, el ministro sólo reiteró en relación con este tema el contenido del proyecto de ley de presupuesto de 2001, que propone que los organismos y reparticiones eleven su propio proyecto de autorreforma. Se trata sin duda de una propuesta ingenua, que desconoce la realidad reiteradamente demostrada de que ninguna unidad burocrática se reforma a sí misma.

En conclusión, el conjunto de medidas anunciadas constituye un paso positivo y genera la esperanza de una mejor orientación de la política económica. Pero este paso deberá complementarse con una acción mucho más decidida sobre el gasto público improductivo, que debería extenderse también a los gobiernos provinciales y municipales. Es necesario, por otro lado, que los principales protagonistas de la coalición política del Gobierno no destruyan con sus dichos el esfuerzo de recuperación de la confianza que, con un criterio más realista, está intentando, con estas medidas, el ministro de Economía, con el declarado apoyo del Presidente y del jefe de Gabinete.

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